Uno de los proyectos que ingresaron el viernes 6 al Parlamento es el que introduce ajustes en la liquidación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en particular, la separación del sueldo de las partidas correspondientes al aguinaldo y al salario vacacional en los meses de junio y diciembre, para evitar el incremento de tramos y escalas de tasas aplicables.
La argumentación del proyecto estima que con el ajuste se logrará la reducción efectiva del impuesto para unos 133.000 contribuyentes y que, de éstos, unos 65.000 dejarán de pagarlo. Por otra parte, advierte que significará una reducción estimada de los ingresos fiscales del orden de 400 millones de pesos, cerca de 1,2% de la recaudación del impuesto que grava las rentas de trabajo. Unos párrafos después, introduce otro cambio: que, en virtud de la aplicación del “principio de igualdad ante las cargas públicas”, el Impuesto de Primaria que han pagado desde su creación los propietarios de inmuebles urbanos y suburbanos sea asumido también por los propietarios de inmuebles rurales.
Legisladores de la oposición manifestaron su discrepancia respecto de que “las dos cuestiones” se encuentren en el mismo texto, algo que, según sostuvo el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, a la diaria, se justifica en que “eran los únicos dos cambios tributarios propuestos” en esta instancia.
“El tema del IRPF está en la línea de lo que apoyábamos en la campaña con el Partido [Nacional]. Es apoyable, pero el componente del Impuesto de Primaria hay que analizarlo”, sostuvo el diputado blanco Jorge Gandini en diálogo con la diaria. En la misma línea, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, se mostró contrariado por “el paquete” y argumentó que “no es buen momento para aumentar impuestos, sea cual sea”.
El tributo de Primaria está establecido para propietarios cuyos inmuebles superen los 130.155 pesos. El proyecto propone “quintuplicar” el monto imponible en el caso de los rurales que, “en atención a una determinada situación coyuntural de dicho sector”, se vieron exonerados de pagarlo desde 1996.
El valor base pasaría a ser 650.775 pesos para el caso de los inmuebles rurales. Según Ferreri, “tomando los valores de catastro y del índice [de productividad] Coneat, no afectará a predios menores a 300 hectáreas”, en atención a que el ajuste del impuesto “no incida en la ecuación económica de los emprendimientos de menor escala”. No obstante, de acuerdo con la definición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se considera “productores familiares” a aquellos que exploten en total hasta 500 hectáreas.
Sin embargo, Gandini discrepó con respecto al tamaño de los predios, teniendo en cuenta que “300 hectáreas no valen lo mismo en todos lados”. Apuntó también al destino de lo recaudado (444 millones de pesos), porque pretende que se vuelque a escuelas rurales: “Si sale del sector rural, que vuelva al sector rural”. El diputado frenteamplista Alfredo Asti dijo a la diaria que espera que la oposición “lo lleve sin problemas” al proyecto, porque “desde el punto de vista técnico y político no va a haber problemas”. Mieres sostuvo que “si vienen juntos vamos a ver qué priorizamos, si votar a favor del IPRF o en contra del Impuesto de Primaria”.