El PIT-CNT le planteó a Tabaré Vázquez su disconformidad por no haber sido parte del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que el presidente creó para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. “No planteamos que estábamos en contra, sino que nos hubiera gustado estar”, dijo Joselo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

Según expresaron varios participantes del encuentro, Vázquez respondió que el grupo trabajará “sin excluir a nadie” y explicó que se buscó hacerlo reducido para que tuviera mayor ejecutividad y se intentó, a la vez, que su composición fuera “equilibrada”. Vázquez volvió a repetir la idea de que cualquier aporte sería bienvenido por la comisión, algo que la central sindical ya hizo. Además del PIT-CNT, hasta ahora dos organizaciones ya presentaron sus aportes: Crysol (ex presos políticos) y Plenaria Memoria y Justicia. En el documento que el PIT-CNT le presentó a Presidencia de la República el 11 de marzo propuso, entre otras cosas, la creación, de forma “urgente”, de fiscalías especializadas para atender asuntos relacionados con el pasado reciente, la designación de un responsable para asuntos de terrorismo de Estado en los ministerios de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Internacionales, y la reglamentación del Museo de la Memoria.

Por arrancar

Si bien ya ha tenido varias reuniones, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia espera la aprobación de un decreto reglamentario para comenzar a funcionar; éste se aprobaría después de Semana de Turismo. “Por el momento, estamos organizándonos internamente”, dijo Ademar Olivera, representante de la Iglesia Metodista. No obstante, la comisión ya designó a su coordinadora, que será la diputada Macarena Gelman (Frente Amplio), y a su coordinador adjunto, que será Olivera.

Otro de los temas que la central sindical puso sobre la mesa fue el futuro del Fondo de Desarrollo (Fondes), una de las cuestiones en las que ha puesto atención el gobierno, que envió al Parlamento un proyecto de ley y aprobó un decreto reglamentario. Las dos iniciativas causaron polémica tanto en el PIT-CNT como en la interna oficialista.

La central sindical busca que el Fondes mantenga su objetivo original de apoyar emprendimientos autogestionados, y para eso propone que al menos 60% de los recursos que maneja el Fondes se destinen a ese tipo de proyectos. Además, quiere que como mínimo 20% de las utilidades anuales del Banco República se destinen al Fondes. Según dijo al final del encuentro el coordinador del PIT-CNT Fernando Pereira, la central presentará propuestas para modificar el proyecto de ley del Fondes, “a los efectos de privilegiar los préstamos a empresas autogestionadas, no solamente para desarrollar empresas que dieron quiebra por el sistema tradicional capitalista, sino, básicamente, para construir empresas embrionarias que cuenten con mucha tecnología y valor agregado, y, sobre todo, que le den al país una alternativa a la propiedad de los medios de producción”.

Respecto de este tema, Vázquez planteó que el decreto, que contenía varios artículos iguales a los del proyecto de ley, será transitorio y dejará de tener vigencia una vez que se apruebe la iniciativa en el Parlamento, por lo que invitó a hacer los aportes en las instancias legislativas.

Otro de los temas que se planteó es el cambio en la dirección del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). En el proyecto de ley del Sistema Nacional de Competitividad, el gobierno propone reducir de dos a uno los representantes del PIT-CNT y de las cámaras empresariales en este organismo, intención que también fue objeto de cuestionamientos de la central sindical. Vázquez dijo que no había una propuesta “cerrada” y pidió que ese tema fuera discutido directamente con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien participó en el encuentro.

Los dirigentes del PIT-CNT le pidieron al presidente que priorice los salarios más sumergidos y le plantearon que el salario mínimo alcance los 15.000 pesos. El presidente se comprometió a trabajar en esa línea y admitió que esto debe ser una prioridad para el país. Según dijo, el tema se procesará mediante la negociación colectiva por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al final del encuentro, Pereira dijo que “cuando la situación lo amerite, el teléfono del presidente va a estar abierto para tener una reunión en el menor lapso posible”.