Como en un rompecabezas: “Hay que aprender a leer documentos oficiales, entender que los archivos no necesariamente te mienten, sino que hay datos omitidos”, explicó Fabiana Larrobla, historiadora integrante del equipo de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República.

La cuarta actualización de la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos (1971-1982) e investigación histórica sobre asesinados políticos por responsabilidad o aquiescencia del Estado (1973-1985) se publicó a comienzos de marzo en la web (www.sdh.gub.uy/inicio/investigacion historica) para que esté accesible a todo público. En este nueva versión hay cambios conceptuales y en el orden de los datos. Ambas cuestiones remiten a las cinco secciones temáticas (Operativos represivos; Asesinados políticos; Detenidos desaparecidos; Secuestro y desaparición de niños, niñas y adolescentes; NN hallados en las costas uruguayas) con sus cronologías y anexos, leídas en el contexto histórico general y regional en el que se produjeron las desapariciones forzadas y asesinatos políticos, con la dimensión individual de cada víctima, de la que se reconstruye su trayectoria de vida y militancia. “Esto te permite ver oleadas represivas -en las que ahora incluimos el listado de asesinatos políticos-, operativos en conjunto; ‘picos’represivos en 1975-1976 y 1977-1978. En suma, hacer visible el Plan Cóndor. En la medida en que se profundiza en la cronología documentada, por ejemplo, de los operativos represivos contra las organizaciones y grupos políticos, el mapa se te va abriendo”, añadió Larrobla.

A su vez, en la publicación se cambió la redacción de las fichas individuales, para que fueran “más legibles”. A los datos personales y la reconstrucción del proceso de de- saparición (a partir de documentos oficiales, producción documental de la época, testimonios de familiares y testigos, posibles traslados) que se puede lograr de cada víctima del terrorismo de Estado, se suma una narración “con nuestras propias palabras” sobre quién era esa persona. “Esto permite construir una dimensión personal, de su vida y su historia, que le da sentido a la militancia”, afirmó la historiadora.

También se amplió la información sobre los casos a los que esa ficha está conectada: cuál fue el contexto de la desaparición, muerte o detención, qué servicios intervinieron en el hecho (fuerzas que operaron, jefaturas de unidades que actuaban en las detenciones), cuántas víctimas hubo, qué cantidad de detenidos. De hecho, figuran nombres de los responsables de organismos de las fuerzas represivas que intervinieron, en aquellos casos en los que se ha accedido a esos datos.

El material ha servido como documentación de prueba en las distintas causas tramitadas en Montevideo, en el interior y en Argentina, sobre desaparición forzada, asesinato político y/o prisión prolongada y torturas, tanto para documentar las denuncias presentadas por las víctimas ante los juzgados como para documentar los escritos de algunos jueces y fiscales. Desde 2011, varios integrantes del equipo de historiadores se han presentado como peritos en estos procesos judiciales de la región. “Respondimos a más de 80 oficios judiciales. Además de reconstruir la verdad histórica y colaborar en memoria colectiva, también han sido utilizadas por la Justicia”, destacó Larrobla.

La investigadora enfatizó que todavía “no existen avances sobre el estudio del funcionamiento de la lógica represiva en Uruguay”, ya que “no hay lugar que se haya especializado sobre el tema en el país”.

Una novedad en esta actualización es la publicación del listado de asesinatos políticos comprendidos entre 1968 y 1973, aunque no fue posible la confección de fichas individuales porque “tienen datos muy difíciles de reconstruir, ya que no hay sistematización de los casos, como ya había respecto de los detenidos desaparecidos”, explicó la historiadora. Por esos años “estábamos en una democracia formal; la producción documental era otra -como las denuncias parlamentarias- y tenemos que aprender a trabajar con estos nuevos documentos y a movernos por otros archivos; las Fuerzas Armadas no intervenían, había más presencia de la Policía”, enumera. “Es un trabajo que se va a hacer, con otra metodología”, adelantó.