La Junta Departamental de Paysandú (JDP) sigue en receso, pero el viernes sesionó de forma extraordinaria y, a pedido de los ediles del Frente Amplio (FA) y del Partido Colorado (PC), se llamó a sala al intendente, Mario Isidro Bandera, “por las graves irregularidades en el manejo contable y administrativo y las limitaciones -por la falta de documentación- que no permitieron arribar a conclusiones respecto a la integridad y exactitud de los importes expuestos en los estados contables”, constatados en el informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre la 48ª Semana de la Cerveza.

El edil del Partido Nacional (PN) Ramón Apratto opinó que “están resucitando muertos”; “ahora hay elecciones y por eso están llamando”, señaló. A su vez, por votación de la mayoría blanca, se resolvió no enviar el informe del TCR sobre la rendición de cuentas de la Intendencia de Paysandú (IP) durante el gobierno de Bertil Bentos a la Comisión de Presupuesto de la JDP. Apratto explicó que los informes están siendo tratados por dos comisiones investigadoras, por ende considera “que no es necesario” que pase a la de Presupuesto. “Estamos esperando que terminen los informes; posiblemente estén en breve”, apuntó. La oposición afirma que las comisiones no están funcionando, por falta de quórum, y responsabilizan al PN por ser mayoría.

En la sesión del viernes, el FA presentó el informe del TCR sobre la rendición de cuentas; allí se verifican pagos ilegales y la creación de cargos que no estaban previstos. A los directores generales y al director del Departamento de Descentralización (DD) se les pagó de más US$ 1.000 por mes desde 2011; si eso se multiplica por los cinco cargos existentes, en todo el quinquenio se pagaron US$ 300.000 de más. Según el TCR, “no existe norma presupuestal que regule el crédito respectivo”. Además, se constata que el encargado del DD, Humberto Sconamiglio, cobra $ 113.619,48 por mes: $ 64.745,17 más de lo que debería, a razón de “diferencias de sueldo” y gastos “de representación”. Estos pagos “no están previstos en el presupuesto quinquenal [de la IP]”, apunta el TCR. En este sentido, agrega que “el cargo carece de respaldo normativo” y fue una invención de Bentos. En total, el informe revela que se crearon nueve cargos que no deberían existir porque no están previstos ni en el Estatuto del Funcionario de la IP, ni presupuestalmente en el Escalafón Q. A ellos se les paga lo mismo que a los que ocupan los cargos de confianza. El TCR también confirma “el pago de horas extras a funcionarios de particular confianza” y “remuneraciones por encima del director del área”, cuestiones que el Estatuto prohíbe. En síntesis, hay US$ 500.000 “cobrados indebidamente”.

Apratto aseguró, en cambio, que “los sobresueldos no existen” y que “es una cosa que se les ocurre” a los ediles de la oposición.