La designación de un responsable para asuntos de terrorismo de Estado en los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Internacionales, la habilitación del fiscal de Corte a crear unidades especializadas, la reglamentación del Museo de la Memoria y la dotación de recursos son algunas de las propuestas que el PIT-CNT le hizo al Poder Ejecutivo por medio de una carta que la central le entregó al presidente Tabaré Vázquez el miércoles. Los planteos van en la misma línea de los que presentó Crysol ese mismo día a Presidencia.

El motivo de la misiva fue la invitación que el presidente realizó por cadena nacional el 1º de marzo. En su propuesta, el PIT-CNT advierte que el Estado debe tomar “urgentemente” un conjunto de “medidas administrativas, legislativas y presupuestales” para cumplir con las obligaciones derivadas del derecho internacional, obligaciones que “no deben ni pueden seguir siendo sostenidas desde la sociedad civil”. También se afirma que en los gobiernos del Frente Amplio a partir de 2005 hubo “notoriamente políticas que se diferenciaron de los anteriores”, pero el Estado “no se organizó adecuada y coherentemente para responsabilizar penalmente a los terroristas de Estado”.

Entre las medidas administrativas recomendadas, la central pide que los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Internacionales designen un funcionario responsable “al que se dotará de las facultades y los medios necesarios para recabar toda la documentación de interés en la materia”. El funcionario responderá “en tiempo y forma” los pedidos de información que se presenten desde otros poderes del Estado y también podrá solicitar información a otros ministerios. La central también propone que todos los organismos públicos le remitan a la unidad especializada en crímenes del terrorismo de Estado del Ministerio del Interior (MI) toda la información que hayan recabado al respecto. También pide que tanto esta unidad como una futura unidad especializada en el mismo tema dentro de la Fiscalía incorporen a “expertos en investigación criminalística”. Además, se exhorta a que se gestione ante el Poder Judicial y las fiscalías el descongelamiento de turnos y sedes penales que “tengan una cantidad de causas”, para así poder continuar las investigaciones. Por último, se propone reglamentar la ley que creó el Archivo Nacional de la Memoria e integrar su consejo directivo.

A nivel legislativo, se pide desglosar del proyecto de ley recientemente enviado, que crea la Fiscalía General de la Nación, el artículo que faculta al fiscal de Corte a crear unidades especializadas y darle “trámite urgente” a nivel parlamentario (para que se pueda crear una unidad especializada en el Ministerio Público para casos de terrorismo de Estado). A la vez, se propone que la unidad especial del MI sea institucionalizada por ley. Finalmente, se insta a “dotar de recursos” a estos organismos, y también al futuro Servicio de Acompañamiento a las Víctimas, que, se sugiere, deberá establecerse mediante un convenio con la Universidad de la República.