Es una emergencia sociocultural, “un problema de primer orden” que merece ser “una política pública priorizada” y “requiere un tratamiento integral”, afirmó la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, en referencia a la violencia hacia las mujeres, luego de que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) renovara el viernes un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) para dar continuidad a las soluciones habitacionales transitorias que ambas carteras brindan desde febrero de 2009 a víctimas de violencia de género.
El proyecto pretende “otorgar a mujeres en situación de violencia doméstica soluciones habitacionales transitorias como forma de promover el acceso en igualdad de condiciones a una solución definitiva”, así como “coordinar y articular con los actores institucionales públicos y privados que tengan competencia en el abordaje de la problemática, de manera de asegurar un tratamiento integral al problema”.
Para esto se ofrece un subsidio y una garantía de alquiler, junto con acompañamiento psicosocial “a través de acciones interinstitucionales que buscan el fortalecimiento y la construcción de la autonomía económica de las mujeres”, indicaron desde Inmujeres. Para esta nueva etapa se prevé incorporar a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual.
Además de las 281 mujeres que accedieron al programa, fueron beneficiarios “indirectos” unos 713 niños y niñas que están bajo el cuidado de ellas, según detalla el estudio Alternativas habitacionales transitorias para mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia doméstica: febrero 2009-marzo 2015, presentado por la Comisión Nacional de Género en la misma jornada.
El documento indica que 76% de las mujeres víctimas de violencia machista, beneficiarias del proyecto biministerial, tienen entre 26 y 45 años; 70% cuenta con un nivel educativo que alcanza el ciclo básico, mientras que 28% culminó educación primaria. El ingreso promedio de estos hogares, en los que cada mujer tiene al menos tres personas a cargo, es de $ 10.800. La mayoría son empleadas en el sector de limpieza o seguridad.
Del total de mujeres que participaron en el programa, 117 lo finalizaron; nueve de ellas obtuvieron un contrato de alquiler por dos años de forma autónoma, es decir, sin ninguna clase de subsidio económico y de forma independiente. Otras 146 lograron concretar un contrato de alquiler por dos años con acompañamiento social, psicológico y jurídico. Las restantes 18 fueron derivadas a otras alternativas habitacionales, por no poder solventar un alquiler.
La titular del Mides, Marina Arismendi, consideró que el tema de la vivienda para víctimas de violencia de género es “dramático” para ellas, y la directora nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry, valoró la renovación del convenio: “Fue de los primeros compromisos que se firmaron en el MVOTMA [desde 2005] y lo hicimos desde la intuición de saber que era una problemática existente y que teníamos que estar presentes”.