El viernes murió otra mujer en la cárcel de mujeres del área metropolitana, la Unidad Nº 5, ubicada en el barrio Colón. “Aparentemente fue un suicidio”, dijeron ayer a la diaria desde el despacho de Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y si bien no habían recibido el informe forense, explicaron que la hipótesis del suicidio se ajustaba “porque ella tenía problemas psiquiátricos y ese día no había querido tomar la medicación”. Una respuesta similar dio Mendoza al diario El País el viernes, cinco horas después del fallecimiento, que ocurrió alrededor de las 18.00.

Fuentes del Ministerio del Interior (MI) respondieron a la diaria que el caso está bajo secreto de presumario, circunstancia que inhabilitó a los funcionarios de responder cualquier pregunta.

Ni los voceros del INR ni los del MI dijeron el nombre ni la edad de la fallecida. Estaba recluida en el ala oeste del tercer piso del establecimiento. la diaria recibió el llamado de los familiares de dos mujeres que, junto con otras tres, fueron trasladadas, luego de la muerte de su compañera, del tercer al quinto piso, a una de las celdas de castigo. Los familiares denunciaron las malas condiciones de reclusión que hay en el quinto piso: entre otras cosas, sostuvieron, no tienen agua para beber ni para higienizarse. Pero más que informar sobre esa situación, les interesaba saber qué ocurrió.

Una de esas cinco mujeres escribió una carta en la que relata que la fallecida “hacía dos semanas que estaba deprimida, ya no quería comer, tampoco quería desayunar, sólo tomaba canica [medicación]”. Detalla que en esos días hubo una discusión y que la guardia del módulo sabía que “venía hacía una semana diciendo que no iba a aguantar cinco años presa” y que iba a matarse. Agrega que cuando quedó sola en el módulo se encerró, al ratito quien escribió la carta y otra compañera patearon la puerta y encontraron que se estaba ahorcando. “Dos de mis compañeras la subieron a upa para poder desatarla”, la llevaron a la enfermería y estaba con vida. La carta concluye diciendo: “No hicimos nada más que darle auxilio”. Los familiares entrevistados transmitieron que se tardó en darle atención médica (hicieron referencia a una demora en abrir la celda y a que los funcionarios no ofrecieron colaboración para su traslado).

Ayer de mañana, la diaria concurrió a la cárcel junto con familiares de las reclusas que fueron trasladadas a la celda del quinto piso. Gritando, las reclusas explicaron: “No tenemos nada que ver. Estaba viva y yo y mi compañera la levantamos, llegó con vida al sector”. Pero internas de otros sectores les respondían, también gritando, y las acusaban de que ellas la habían matado. Hasta ayer ninguna había concurrido a declarar. Quienes estaban en la celda del piso 5 argumentaron que era “un teje y maneje de la Policía” y mencionaron que una autoridad de la cárcel les había dicho que la cabeza de ellas no vale nada y que por un 25 [gramos de marihuana] las hacía matar. Los familiares afirmaron que antes de ser trasladadas al quinto piso las mujeres habían sido golpeadas y que luego les habían abierto la celda para que otras reclusas les dieran una paliza.

La madre y el esposo de una de las mujeres recluidas en el quinto piso solicitaron ayer una entrevista con el director de la Unidad Nº 5, Alejandro Carballo. Autoridades del establecimiento explicaron que el director no había concurrido, “por motivos personales”, y finalmente agendaron la reunión para que el jerarca las reciba hoy a las 10.00.

Sin garantías

A través de las ventanas de la cárcel y mediante gritos, reclusas de otro sector denunciaron que en los últimos dos meses se habían muerto tres mujeres en la cárcel. El primer caso que citaron fue el suicidio ocurrido en el quinto piso del establecimiento, el 29 de enero; la diaria publicó esa noticia y el relato de otras internas que asociaban el fallecimiento con las pésimas condiciones de reclusión en el quinto piso, donde las presas permanecen 23 horas encerradas. A través de las ventanas, las mujeres explicaron ayer que la segunda muerte de una reclusa se produjo “en la puerta del hospital, por falta de asistencia”. La tercera muerte fue la del viernes.

La figura del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario fue creada por ley en 2003 para controlar el “cumplimiento de la normativa supranacional, constitucional, legal y reglamentaria referida a la situación de las personas privadas de libertad”. El primer y único comisionado parlamentario que ha tenido Uruguay es Álvaro Garcé, quien fue electo en el cargo por la Asamblea General en 2005 y reelecto en 2010. El 7 de octubre Garcé presentó la renuncia a su cargo, que fue aceptada por la Asamblea General el 12 de noviembre.

La senadora Daniela Payssé confirmó a la diaria que no hay sustituto de Garcé y que luego de que se terminen de instalar las comisiones de cada cámara, se conformarán las bicamerales, como la Comisión de Seguimiento del Sistema Penitenciario y de Interlocución con el Comisionado Parlamentario, que funciona en el ámbito de la Asamblea General. La senadora dijo que desconoce si será esa comisión u otra especial la que realice el llamado para el cargo de comisionado parlamentario. Aunque apuntó que el nombramiento tiene varias etapas -llamado público, estudio de currículums, realización de entrevistas y elaboración de un informe para asesorar a la Asamblea General en la decisión-, destacó que existen antecedentes en la elección de esta figura. Respecto de decisiones relacionadas con cuestiones más urgentes, Payssé opinó que podría tomarlas la comisión de seguimiento, que “seguramente esté instalada en abril”.