La Universidad de la República (Udelar) tenía prevista una ponencia que no se llevó a cabo por falta de quórum: “Redemocratización, relaciones laborales y distribución del ingreso”. Los expositores eran Jorge Notaro, economista perteneciente al Núcleo de Pensamiento Crítico de la Udelar; Juan Manuel Rodríguez, del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica; y Andrea Vigorito, del Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Consultados por la diaria, señalaron los aspectos más importantes desde la transición de la dictadura a la democracia, hasta el gobierno frenteamplista.

Respecto del ámbito laboral, Notaro señaló que en la historia uruguaya sólo hubo tres convocatorias a los Consejos de Salarios. La primera fue cuando se crearon en 1943, bajo la presidencia de Juan José de Amézaga -pero tras una larga discusión en los años siguientes a la dictadura de Gabriel Terra-. La segunda tuvo lugar en 1985, con el retorno de la democracia, que significó la restauración del “funcionamiento del sistema de relaciones laborales”. La tercera, cuando el Frente Amplio (FA) asumió el gobierno nacional en 2005. Apuntó que “los consejos surgen y se convocan como parte de tres procesos de transición”, y que se suspendieron en dos oportunidades: en junio de 1968, cuando se decretó la congelación de precios -medida que fue ratificada durante la dictadura de Juan María Bordaberry-, y en 1992, “como parte de las políticas de estabilización de precios, recomendadas por el FMI [Fondo Monetario Internacional], de contracción de demanda y ajuste recesivo”, explicó.

Por otro lado, Vigorito apuntó que las políticas distributivas del ingreso que primaron en esos años provinieron del thatcherismo y del reaganismo: “Se aumentaban los salarios mínimos, el salario real subía y por esa vía se reducía la desigualdad”, aseguró. A partir de los 90, “cuando todo se desmanteló, la desigualdad aumentó bastante y [persistió] por 15 años, hasta 2007, 2008, cuando comenzó a revertirse”. Señaló que “la vulnerabilidad de ingresos ante el aumento del desempleo y la caída de los salarios reales no generó buenas condiciones para que los hogares pudieran enfrentar la situación, porque no había políticas de contención que no estuviesen vinculadas con el estatus contributivo de las personas”. Según dijo, en 2005 se empezó a “generar un conjunto de transferencias no contributivas que permitieron reducir la indigencia”.

A su vez, Notaro estableció un paralelismo entre el período comprendido entre 1985 y 1989 y el de 2005 a 2014: ambos tienen varios puntos en común, entre ellos “el funcionamiento de los Consejos de Salarios”, que anulan “la existencia de un mercado de trabajo [porque] los salarios no se fijan por la oferta y demanda, sino que se negocian”, afirmó. “A partir de 2007 todos los trabajadores asalariados son negociados”, y durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti también se negoció, con la excepción de los trabajadores rurales, el servicio doméstico y los funcionarios públicos. Otra de las similitudes es que en ambos períodos “ese funcionamiento rígido” -según los economistas liberales- “fue compatible con un crecimiento muy importante del Producto Interno Bruto, aumentos de salarios reales, de las personas ocupadas, se redujo el desempleo”, entre otros. Notaro concluyó que “los dos períodos muestran que es compatible la administración y negociación de los niveles de salario por grupo de actividades y categorías, con el aumento del producto, de la inversión, de las exportaciones”, etcétera.

Por su parte, Rodríguez hizo hincapié en que el FA se propuso “recomponer la paridad de los poderes relativos para negociar” y “fortalecer al movimiento sindical”. Según explica, este nuevo modelo es “totalmente contrario” al que hubo en la década de los 90. “Los empresarios dicen que el péndulo se fue para el otro lado, y que hoy hay una hegemonía sindical absoluta, que al Ministerio [de Trabajo y Seguridad Social] no se puede entrar porque reciben palos”, agregó. También recordó que Uruguay fue denunciado en 2009 ante la Organización Internacional del Trabajo por los empresarios “como represión sindical” y que sólo hay tres países que tienen este tipo de denuncias. “En el Comité de Defensa Sindical se recibió una denuncia de los sindicatos de empresarios, por decirlo de alguna manera”, explicó.