Sin fundamentalismos
Consultada sobre la relación entre religión y política en Uruguay, Andrade contestó haciendo referencia a la “experiencia nefasta [del Parlamento de Brasil] con los evangélicos fundamentalistas”: “espero que no suceda aquí”, afirmó. La mãe piensa que “el evangelismo sano no tiene problemas con otras religiones, pero el fundamentalismo sí. Históricamente los evangélicos pentecostales han demonizado a los umbandistas”, señaló. Actualmente, en Diputados hay un pastor perteneciente a una iglesia pentecostal, Misión Vida para las Naciones, Álvaro Dastugue. Sobre él y su fe prefirió no hacer “valoraciones”; acotó que “la demonización de un culto no se puede trasladar al Parlamento, porque no caben los fundamentalismos”. “Yo no lo traeré, y si lo trae otra persona no seré yo la que lo ponga en su lugar, sino el sistema democrático republicano”, aseguró.
Por su parte, Malán considera que “toda persona que se dice religiosa tiene el deber de participar en la vida política”, no necesariamente como legislador, sino en cualquier actividad que se comprometa con lo social: “No se entiende a un cristiano que viva en el individualismo, en el hacé la tuya”, afirmó. “Uno se tiene que comprometer a preocuparse y ocuparse de los problemas de la gente. Muchas veces se toma a la religión únicamente como un culto, como una forma de evadir la realidad, se tiene la noción de que todo se va a solucionar ante Dios, pero se ha olvidado que Dios y el más allá es hoy”, añadió.
Andrade se autodefine “ciudadana afro-tal vez indígena-descendiente, procuradora, mãe de cultos africanos, escritora, periodista”. En cuanto a su rol como representante, dice: “Somos seres integrales, no nos desdoblamos, llevamos lo que somos a donde vamos y actuamos desde lo que somos”. No conoce “a conciencia” a quienes representa, pero estima que pertenecen a “diversas culturas” y que “buscan gente nueva, no políticos profesionales” en el Parlamento. Andrade piensa que “el político tradicional conspira un poco con el sentimiento del pueblo, que quiere sentirse representado por una persona, no por un título”.
Andrade acordó con González ejercer la titularidad de la banca cuando se discutan temas relacionados con los derechos de los afrodescendientes e indígenas. Está pensando una legislación que estipule la obligatoriedad de “la enseñanza de la historia africana e indígena en la currícula educativa”. “Para igualar hay que diferenciar”, sostuvo, y explicó que cree que “hay tres raíces fundacionales de la cultura uruguaya -la indígena, la de los europeos colonizadores y la de los africanos esclavizados-, y sólo una ha contado su historia. No se ha escuchado a los negros contar su desgraciada historia. Para desestructurar el racismo hay que cambiar los corazones, el imaginario social, educando”. Afirmó que para implementar su proyecto se amparará en el artículo 8º de la ley Nº 19.122, “Afrodescendientes. Normas para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral”, aprobada en agosto de 2013, que declara “de interés general que los programas educativos y de formación docente incorporen el legado de las comunidades afrodescendientes en la historia, su participación y aportes en la conformación de la nación, en sus diversas expresiones culturales [...] así como también sobre su pasado de esclavitud, trata y estigmatización, promoviendo la investigación nacional respectiva”. Andrade agregó que “el racismo está no tanto en las leyes, porque Uruguay tiene una mirada de avanzada respecto del equiparamiento de los derechos sociales”. “Lo que sucede es que es inaceptable que todavía haya quienes crean que hay jerarquías culturales”, sostuvo.
Otro plan que va en esa dirección es el de “monitorear y evaluar” las acciones afirmativas que se tomaron para “promover la equidad racial” de las personas afrodescendientes, principalmente en el terreno laboral, también estipulado por la ley Nº 19.122, que dice: “los Poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatal, están obligados a destinar el 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año, para ser ocupados por personas afrodescendientes que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para acceder a ellos, previo llamado público”. Andrade espera “ver cómo estamos con respecto a un año atrás, si los organismos citados en la ley les dieron prioridad en el ámbito laboral”.
Corazón salesiano
Malán es director de un colegio salesiano en Mercedes y el encargado de la pastoral de los niños. Dice representar al “pueblo de Soriano, que busca una mejor calidad de vida”, y aclaró que no llegó “a la política impulsado por ningún sector religioso, sino por el pueblo”, y que prestará “su servicio” a la “ciudadanía toda”. Por este motivo, aseguró que no presentará “ningún proyecto que tenga que ver con lo religioso”, pero sí planteará varios de índole social.
Entre ellos figura uno que tiene como eje transversal “el medioambiente, el cuidado de la biodiversidad” del río Negro, pasando por la regulación del uso de agrotóxicos y la potabilización del agua. Aún no tiene una propuesta concreta al respecto; explicó que están en la primera etapa, “pidiendo datos e informes”.
Malán integra la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados. Sostiene que desde ese ámbito legislará para mejorar la escolarización en Soriano y desarchivará e impulsará la Universidad de la Educación, proyecto que se estancó en el Senado en la legislatura pasada. Explicó que “el promedio educativo es de sólo ocho años, lo que implica uno en jardinera, los seis de primaria y uno en secundaria, nada más”. Para revertir la situación realizará “una recorrida por los diferentes centros” para conocer sus problemáticas, “impulsar las materias de apoyo para pasar de primaria a secundaria, los programas de tránsito, los maestros comunitarios”, entre otros. Malán considera que esos agentes “hacen que la gente no se desvincule del sistema y siga estudiando”.
Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, que también integra, trabajará “en temas que tienen que ver con lo educativo y cultural”, para instalar la concepción de que “ningún problema se resuelve mediante la violencia”. “No se trata solamente de poner más publicidad en las calles: hay que trabajar sobre los valores ciudadanos”, indicó.