“Son múltiples los derechos que se encuentran en juego -ante la exposición reiterada a plaguicidas en Paso Picón, Canelones, y las afecciones a la salud provocadas por la fumigación de glifosato sobre cultivos de soja, sorgo y trigo-: derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, al medio ambiente sano, la propiedad, el trabajo, entre otros”, señala una resolución publicada ayer por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), enviada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Intendencia de Canelones y al Consejo de Educación Inicial y Primaria.

El documento aborda la situación del uso de agroquímicos en Uruguay y repasa las distintas medidas que la INDDHH tomó desde que recibió una denuncia el 28 de diciembre de 2013 por afecciones en la salud de los habitantes de la citada localidad canaria, ya que los hechos habían sido denunciados ante el MGAP. La resolución sostiene que el Estado no ha cumplido con su deber de prevención, en la medida en que se han constatado también decenas de denuncias sobre violación de las distancias de fumigación respecto de centros educativos, daños a peces y otras.

“Las políticas públicas implementadas en el caso no garantizan efectivamente el derecho a la vida, la salud, y al medio ambiente sano de las personas afectadas por las fumigaciones mencionadas en la denuncia”, afirma la INDDHH, que recuerda los compromisos contraídos por Uruguay con tratados internacionales como el Protocolo de Montreal (relativo a “sustancias agotadoras de la capa de ozono”) y el Convenio de Rotterdam (sobre aplicación de ciertos plaguicidas); o al declarar de interés general la protección del medioambiente (artículo 47 de la reforma constitucional de 1996).

El organismo señala que, aunque el MGAP y el MSP afirmen que han trabajado “con celeridad” en el caso, “el proceso se ve demorado por el tiempo que insume obtener los resultados de los análisis de las muestras extraídas”, y exhorta a “intensificar los esfuerzos para coordinar las actuaciones de los distintos organismos involucrados” y “revisar la reglamentación vigente incorporando una mirada de prevención de los riesgos de la salud y medioambientales”.

Asimismo, el texto recomienda definir subcategorías del medio rural que permitan atender las características actuales de la producción agropecuaria, mejorar el acceso a la información de la población sobre este tema e implementar un protocolo sanitario para las escuelas en zonas rurales y un plan de manejo de residuos.