“Se tendría que incluir los diferentes tipos de religión en la currícula educativa”; “la laicidad, heredera del batllismo, ha ocultado lo religioso, de la puerta de la casa para adentro”; “queda pendiente una revisión estatal sobre las comunidades de ‘rehabilitación’ gestionadas por organismos religiosos, como Beraca y Remar” fueron algunos de los conceptos que se escucharon el jueves de noche en la casa del Observatorio del Sur (Obsur), en el primer foro público sobre religión y política en Uruguay “Lo político, lo público y lo religioso. Nuevos acercamientos a una vieja relación”, organizado por el Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP). Entre los oyentes estaban el diputado del Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi, la suplente en Diputados de la senadora Verónica Alonso, Grisel Pereyra, y el hijo del presidente de la República, ex candidato a diputado por la 99738, Álvaro Vázquez Delgado.

“El vínculo entre lo político y lo religioso es más viejo que el agujero del mate”. Así comenzó la ponencia sobre la relación entre religión y política en Uruguay, a cargo de Nicolás Iglesias, el coordinador de GEMRIP. “Desde Constantino hasta el Plan Cóndor, desde [Alberto] Fujimori hasta [Fernando] Lugo, desde la dictadura cívico-militar, la dimensión religiosa nunca fue dejada de lado, por lo menos en términos estratégicos, quizá sí en términos de visibilidad pública”, indicó. En cuanto a Uruguay, aseguró que el discurso religioso se ha “pluralizado”. Señaló que hay tres áreas. En primer término hizo referencia a la de las políticas sociales que destinan fondos a organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe, que se hacen cargo de determinadas problemáticas sociales. Sobre esto indicó que está “pendiente un diálogo entre el propio Estado y las organizaciones religiosas sobre cuál es el modelo de laicidad y la presencia, o no, del componente religioso en la práctica social de estas organizaciones”. Por otro lado, se refirió a la “presencia creciente de los grupos religiosos en la atención de problemáticas sociales por fuera de convenios con el Estado, sin control de éste”, y puso como ejemplos la atención al consumo problemático de sustancias y atención a personas en situación de calle. “En algunos de éstos se ha generado un mayor nivel de cobertura que el propio Estado, como sucede con las comunidades Beraca y Remar”, sostuvo. Preguntó: “¿Cuál es el rol del Estado en la garantía de los derechos humanos de las personas que están en estas comunidades de ‘rehabilitación’?”, y reclamó “control estatal”.

Otro de los temas que planteó fue la necesidad de una discusión “interreligiosa sobre el modelo de laicidad”, e hizo hincapié en “la inclusión de los diferentes tipos de religión en la currícula educativa, en todos sus niveles. No como una educación confesional o catequética, sino como una mirada desde la historia, la sociología y otras disciplinas que deberían informarnos mucho más sobre la diversidad religiosa a nivel mundial y local”, explicó. “Los que fuimos a la escuela pública sabremos que de religión y política no se habla”, comentó.

Por último, mencionó la participación política de los grupos religiosos en la agenda pública. Al respecto habló sobre la presencia religiosa en el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia creado por el presidente Tabaré Vázquez, que entiende que denota “laicidad positiva y diversidad religiosa”.

El diputado Goñi, por su parte, piensa que en Uruguay la relación entre religión y política es “brutalmente fluida”, y cree que a veces se le hace “difícil diferenciar política y religión, porque la política bien intencionada va al mismo lado que la religión”.

En el foro también expuso el teólogo bonaerense Nicolás Panotto, quien se refirió las coyunturas contextuales y analíticas en las que se enmarcan las diferentes nociones de religión y política. La teóloga uruguaya Stefanie Kreher habló de la crisis de la cosmovisión moderna y la necesidad de entender la política, espacio público y religión, en red. Además, comentaron la activista en derechos humanos Valeria España y Fernando Rodríguez, psicólogo social, magíster en derechos humanos y estado de derecho, vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.