Hay dos situaciones y un problema, que involucra a ambas. Arranquemos explicando la primera. El programa Consultorios Jurídicos en el Interior del País es un proyecto de extensión universitaria que funciona desde julio de 2012, en el marco de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de la República. Se trata de un servicio de consultas y eventual patrocinio -principalmente en materia de familia- para ciudadanos con escasos recursos; atiende más de 4.000 consultas anuales.

La segunda situación es el conflicto judicial. Como sabemos, jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio entienden que deberían cobrar un aumento de 26% a partir de la Ley de Presupuesto quinquenal. Según el Poder Ejecutivo, eso significaría una erogación de 500 millones de dólares.

¿Qué vincula al programa Consultorio Jurídicos con el conflicto de los judiciales? Básicamente, que este diferendo entre poderes del Estado, que lleva más de cuatro meses, ha paralizado a toda la administración de justicia, con consecuencias negativas para quienes están en situación de mayor desamparo.

A raíz de esto, procesos que antes duraban semanas ahora llevan meses. Y no hablamos de demandas por cobro de pesos ni de sucesiones por significativos patrimonios -situaciones que son, lógicamente, también atendibles-, sino de niños y niñas que no reciben sus pensiones alimenticias, personas sin recursos que no reciben sus prestaciones sociales, padres que no ven a sus hijos y tenencias de menores no resueltas.

Además están los costos de traslado para audiencias en capitales departamentales que se suspenden en el momento, y la posterior desconfianza de los “empleadores” cuando se les anuncia dicha suspensión y prórroga, entre otras tantas situaciones.

Todo esto deja en evidencia que nuestro Poder Judicial requiere, de forma inexcusable, una revisión reflexiva, no sólo de parte de los operadores sino de toda la sociedad, a la que tendría que deberse como poder legítimo del Estado.

Las posiciones combatidas son algo más que elementales technicalities y encierran más trascendencia que la que en principio podría imaginarse.

El 10 de marzo, por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, se dispuso que jueces y presidentes de tribunales de apelaciones informaran sobre la incidencia de determinadas medidas gremiales en el funcionamiento de las sedes. No somos jueces ni integramos tribunales, pero, dadas las características de la población con la que trabajamos y los asuntos que patrocinamos, también tenemos algunas anotaciones, como las que recién señalábamos.

Algo no está funcionando del todo bien en nuestra democracia. Cuando en el Poder Judicial una categoría determinada de funcionarios adopta una medida, se afecta a todo el servicio.

Seguimos trabajando sobre la base de la insatisfacción permanente de derechos de la población más vulnerable, que proviene, muchas veces, del interior de los departamentos. Hablamos de mujeres que no denuncian violencia doméstica porque no cuentan con dinero para un boleto, de personas que -sí, en Uruguay- trabajan para pagar las herramientas que les exige su patrón. No pocas veces hemos escuchado a consultantes que dicen que su asunto puede “trancarse” por los conflictos, alejando más aun la vaga decisión de iniciar acciones legales.

No hay derecho a acentuar la fragmentación y marginación de los más excluidos, a quienes el mismo derecho debería proteger. Se vulneran de forma frontal, y casi cínica, las garantías constitucionales. ¿Qué extraño Derecho natural, capaz de oponerse a la propia Constitución, se nos está imponiendo? ¿Cómo puede una exaltación del Estado democrático llegar a desconocer lo que la propia Constitución dispone?

El conflicto está siendo un obstáculo para el acceso a la justicia. La aplicación de la ley es el instrumento sine qua non de la igualdad. Y la democracia es, antes que nada, una política de reconocimiento del prójimo, que nace, citando a Charles Taylor, no sólo del Estado de Derecho sino de la apelación de principios éticos en nombre de la mayoría, que no tiene poder contra intereses dominantes.

La satisfacción de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos es el auténtico fundamento del orden político y la paz social. Giovanni Sartori sostuvo que el consenso sobre el modo de resolver los conflictos es otra condición del sistema democrático. Una generalización de la justicia es un factor imprescindible para la efectiva integración democrática.

Pues bien, el Estado garantizador (sobre el gestor o planificador) asume una función de árbitro en el seno de un espacio policéntrico donde cada parte se ordena por medio de la creación permanente de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado de Justicia, en el sentido judicial y no en cualquier otro más etéreo. Las normas constitucionales no son meramente programáticas, sino que tienen un valor aplicativo inmediato.

Es tiempo de agotar las alternativas posibles y arribar a un fin del legítimo conflicto salarial en el Poder Judicial.

Quizá sea también una buena oportunidad de apertura de un diálogo social, con la disposición de revisar todo: desde la legitimidad popular del Poder Judicial hasta la existencia de las ferias judiciales. No hay teoría jurídica ni interpretación del Derecho inocente o desprendida de la política.

Una democracia liberal, como les complace decir a algunos, no es aquella en la que la vida pública se reduce a la representación política, sino aquella en la que los ciudadanos debatimos los problemas y sus eventuales soluciones. Somos partícipes permanentes en la cosa pública, y la clase política no debería ser un grupo de señores, sino uno de servidores.

El papel principal en la construcción democrática debe ser juzgado por los actores sociales y no por vanguardias. Más se radicalizan nuestras alegaciones cuando aterrizamos las consecuencias al consultorio barrial. En definitiva, ¿no debería ser ésta una discusión republicana para los históricos adoradores monoteístas de la Constitución?

Juan Pablo Pío Guarnieri*

*Coordinador general del programa Consultorios Jurídicos en el Interior del País y consejero del orden Egresados en la Facultad de Derecho.