Los trabajadores tercerizados de varios organismos públicos, como Antel, UTE y OSE, pararon y se movilizaron ayer. Terminaron la manifestación en la puerta de la sede del PIT-CNT, poco antes de que comenzara un debate sobre las tercerizaciones en el Estado, en el que iba a participar el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. “Hay una tendencia sistemática a rebajar los salarios por parte de las empresas. Queríamos hacernos escuchar e interpelar a García, para conocer la postura que va a tener este gobierno respecto de las tercerizaciones. Entendemos que se viene una política de recortes, pero queremos saber por qué se empieza por los más débiles”, dijo Erika Hernández, delegada del Sindicato Único de Trabajadores Tercerizados de Telegestiones UTE (SUTTTU). García no asistió. Avisó poco antes de la actividad que por razones de agenda no podría concurrir. Tampoco envió a alguien en su lugar, pero el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, dijo que García y el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, se comprometieron “a recibir en la próxima semana a una delegación de trabajadores tercerizados con el conjunto de sugerencias y propuestas que plantean”.

El responsable de la Comisión de Trabajadores Tercerizados (CTT) de la central sindical, Ismael Fuentes, expresó que el tema “viene haciendo explosión” por “una serie de situaciones que se vienen dando en las empresas de este tipo”. El dirigente contó que ayer mismo se enteraron de que “el accionista mayoritario de una empresa que tiene contrato con Antel” para la venta de celulares “está preso y hay 50 trabajadores que no saben cómo va a continuar su actividad laboral”. “Es una muestrita de las decenas de situaciones que se generan en el movimiento sindical a lo largo y ancho del país en relación con estas empresas”, agregó. Fuentes afirmó que las tercerizaciones “datan de decenas de años”, pero tuvieron “un fuerte impacto” en la década del 90, “cuando el gobierno de la época pretendió privatizar las empresas públicas” y un plebiscito no se lo permitió. “Pero a veces lo que no se logra ganar en la cancha se intenta ganar en la liga, y los gobiernos empezaron a instalar las privatizaciones, sobre todo, en las prestaciones de servicios a las empresas públicas y organismos del Estado”, explicó Fuentes. El dirigente dijo que también se generaron “importantes tercerizaciones en el sector privado”.

Las tercerizaciones “trajeron cambios en las condiciones laborales, así como rebajas salariales”, dijo Fuentes. “Los tercerizados ganan salarios sustancialmente inferiores a los trabajadores de las empresas madres, pero además hay un desmantelamiento de los sindicatos, porque en un mismo lugar de trabajo aparecen distintas empresas”, añadió. El sindicalista expresó que la Ley de Tercerizaciones, que introdujo “la solidaridad empresarial, permitió que la empresa contratante se tuviera que hacer cargo de los créditos laborales cuando la empresa contratada no lo hacía”, y llevó a que el Estado “tuviera que controlar mejor a quienes contrataba”. Agregó que como dijo el ex presidente José Mujica, uno de los rubros en los que se registran las mayores pérdidas por parte del Estado es en los juicios que entablan trabajadores en reclamo de beneficios que el empresario tercerizado no asumió. “Eso todavía sigue sucediendo. El PIT-CNT tiene como posición un no a las tercerizaciones. Al Estado no le ha servido de nada, es más, le han dado pérdida, y además genera que haya trabajadores de primera, de segunda y de tercera categoría”, manifestó el dirigente. Fuentes puso como ejemplo el caso de dos trabajadores que desempeñan la misma tarea y hasta se sientan juntos; sin embargo, el funcionario público “gana dos o tres veces más” que el tercerizado.

La CTT va a elaborar un proyecto de ley que regule la actividad de estas empresas. Según el dirigente, hay unos 80.000 trabajadores tercerizados en el Estado, y si se suma a los contratados por empresas privadas, se llega a la cifra de 120.000 trabajadores.

Fuentes también se refirió a las organizaciones no gubernamentales contratadas por el Estado; dijo que la mayoría “han fracasado en el trato con los trabajadores”, generando discriminación y persecución sindical.