La Justicia rechazó una apelación del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y reiteró la intimación para que entregue el expediente entero relacionado con el proyecto Aratirí, que la empresa minera Zamin Ferrous propuso para la zona de Valentines (en el límite entre Treinta y Tres y Florida).

La batalla judicial que mantiene la organización Uruguay Libre de Megaminería con el MIEM comenzó en noviembre de 2014, cuando, ante la negativa del ministerio a responder a los pedidos de acceso a la información, la organización presentó una acción de amparo en el juzgado de 2º Turno en lo Contencioso Administrativo. El juez Alejandro Martínez de las Heras resolvió a favor de Uruguay Libre e intimó al MIEM a entregar la información que tuviera la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige). El ministerio apeló la decisión del juez, pero el fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones, por lo que finalmente, el 19 de diciembre, la cartera entregó parte de la información a la organización.

No obstante, Uruguay Libre asegura que no se entregó toda la información. “Se nos mostró un resumen de 190 páginas del proyecto del distrito minero y el mineroducto, sin la terminal portuaria y una lista de temas declarados confidenciales”, señalan en un comunicado. Víctor Bachetta, periodista y uno de los denunciantes por Uruguay Libre, explicó a la diaria que entre la información considerada confidencial y no entregada se encuentran datos sobre las exploraciones mineras realizadas y la estimación sobre las reservas, así como información sobre el ritmo de extracción que la empresa pretende mantener y sobre el plan de cierre de minas, elementos “muy importantes para saber el impacto que van a tener”. “No se puede considerar que todo eso es confidencial porque pertenece al negocio de la empresa”, sostuvo.

En bloque

Ante estas carencias, Uruguay Libre planteó al juez que el material entregado era “incompleto” y cuestionó el criterio de confidencialidad que incorporó el MIEM al clasificar la información: “Arbitrariamente consideró ‘secreto industrial o comercial’ de la empresa un cúmulo de informaciones que no lo son y, por lo tanto, se nos sigue negando o retaceando nuestro derecho reconocido en el fallo judicial”, argumentaron, según consta en el recurso. Según Bachetta, Aratirí solicitó al MIEM que no entregara la información relativa al proyecto, “y el MIEM lo único que hizo fue aceptar la solicitud de Aratirí: no hizo una valoración propia e independiente”. Uruguay Libre solicitó entonces que el ministerio entregue el expediente al juez y sea éste el que determine qué aspectos son declarados confidenciales y cuáles no, y Martínez de las Heras resolvió en ese sentido.

Esta última decisión fue nuevamente apelada por el MIEM, en un recurso que el jueves 26 fue rechazado por Martínez de las Heras por improcedente, por razones de forma: “El auto que dispone la intimación de cumplimiento de sentencia es una providencia de mero trámite que se agota en sí misma”, lo que “sella la inadmisibilidad de la apelación interpuesta”, señala el juez, que a su vez recuerda que en procesos de acceso a la información pública el recurso de apelación “es excepcional”.

Así las cosas, el juez dio tres días hábiles a partir de la notificación para que el MIEM entregue el expediente completo sobre el proyecto Aratirí, lo que se concretaría a mediados de la próxima semana. El ministerio ya no tiene posibilidades de apelar, y el juez será el encargado de clasificar y difundir la información.

Desactualizado

Los integrantes de Uruguay Libre reconocen, no obstante, que en caso de que efectivamente se concrete el proyecto Aratirí, seguramente sea en condiciones diferentes a las descritas en la información que reclaman. De todas formas, consideran que este caso puede marcar antecedentes “para este proyecto y cualquier otro que se presente”. “Para nosotros el proyecto Aratirí está congelado, pero la importancia de este proceso en la Justicia no es sólo por este caso: tiene una implicancia hacia adelante frente a cualquier proyecto. ¿Cuál es la práctica que el ministerio pretende validar con esto? Que viene una empresa que dice que determinada información es confidencial y el MIEM le hace caso y punto. Eso es lo que nosotros cuestionamos”, afirmó Bachetta.