A los ya presentados por la empresa de televisión por cable DirecTV y el Partido Independiente, en las próximas semanas se sumarán otros recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). En enero, el entonces director nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, había estimado que el sector más afectado por las normas anticoncentración de la ley sería el de los cableoperadores del interior, debido a que hay varios empresarios que tienen más de seis autorizaciones, el máximo que permite la ley. Según explicó a la diaria el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Horacio Rodríguez, los cableoperadores del interior están “muy preocupados” por la norma, y adelantó que “entre 30 y 40” de ellos están preparando recursos de inconstitucionalidad que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en las próximas semanas.
Además de inconstitucionales, Rodríguez estimó que hay varios artículos de la LSCA que son “inviables” e “inaplicables”, porque ponen en riesgo el negocio de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, se mostró contrario a que se establezcan las mismas condiciones para los grandes canales que para las señales de cable del interior, que en algunas localidades pequeñas pueden tener “1.000 o 2.000 abonados”. En particular cuestionó que las señales locales de los cables deban cumplir con las cuotas de producción nacional y géneros televisivos de la misma forma que se les exige a los canales de televisión abierta.
Rodríguez también criticó que se limite la cantidad de licencias que pueda tener una misma persona, y sostuvo que actualmente “un solo cable como DirecTV, que tiene una licencia a nivel nacional, puede tener 180.000 abonados, y un empresario del interior puede ser dueño de ocho licencias y contar con 3.000 abonados”. El presidente de la CUTA señaló que la gremial está preocupada porque “de un día para el otro” sus afiliados “quedan por fuera de la ley”. “Vamos a tener a los ladrones sueltos, mientras que los empresarios que dan fuentes de trabajo van a tener problemas legales; yo no quiero tener problemas”, agregó.
Pese a que se mostró de acuerdo con el espíritu de defensa de “lo cultural” y de la identidad nacional de la LSCA, Rodríguez mencionó la imposibilidad de controlar los contenidos emitidos por las señales internacionales. “Vamos a estar más controlados que los presos. Somos unos pobres cables del interior del país: no matamos a nadie”, sostuvo, y agregó que la LSCA no está pensada para las pequeñas y medianas empresas.
El secretario de la Asociación de Radios del Interior (Rami), Juan Brañas, dijo a la diaria que su organización presentará un recurso de inconstitucionalidad en los próximos 30 días, que cuestionará “muchísimos artículos”. Las radios, asesoradas por el abogado Carlos Delpiazzo, prefirieron presentar un único recurso que contemple los reclamos de todas las emisoras. Semanas atrás, cuando había un único recurso presentado, el presidente Tabaré Vázquez dijo a El Observador que no sancionaría el decreto que reglamenta la ley hasta que la SCJ se expidiera sobre las inconstitucionalidades, y días después el semanario Búsqueda informó que el mandatario aguardará el fallo de la SCJ hasta mediados de año.