Día y noche, sol y lluvia se confunden en el cubo de hormigón y luces de neón de la sala del tribunal. Una estructura triste, un bastión de cemento y acero en medio de la nada en la periferia de Roma. Construido en los años 70, ese oprobio arquitectónico sirvió para celebrar los grandes juicios en contra de los brigadistas rojos y después para juzgar a los mafiosos. En ese lugar, lejos del centro antiguo de la ciudad, lleno de encanto e historia, empezó el viernes el peregrinaje de los testigos al juicio en contra de los responsables de los crímenes del Plan Cóndor, juicio que se celebra en Roma para algunas de las víctimas italianas.

A las 11.00 el fiscal Giancarlo Capaldo llama a atestiguar a Cristina Mihura, esposa de Bernardo Arnone, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) desaparecido en 1976. Por su desaparición están imputados los militares y civiles uruguayos José Ricardo Arab, Juan Carlos Blanco, José Gavazzo, Pedro Mato Narbondo, Luis Maurente, José Medina, Ernesto Ramas, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. Antes de subir al banco de los testigos, esperando el inicio de la sesión, Mihura había mostrado a los presentes una fotografía en blanco y negro. Dos jóvenes de 20 y 22 años el día de su matrimonio. Ella lleva una cartera negra y él un tapado gris, prestado y dos tallas más grande. Sonríen a la cámara Bernardo y Cristina, están por viajar a Buenos Aires para celebrar allí su luna de miel. Irónicamente, por una de esas jugadas de la suerte, tres años más tarde Bernardo saldrá de un apartamento de Buenos Aires en el barrio de Belgrano y será tragado por la oscuridad hasta hoy.

La declaración de Cristina Mihura a la Corte se extiende por dos horas y media. Reconstruye las circunstancias de la desaparición de su esposo pero se larga también a hablar de todos sus compañeros del PVP, grupo fuertemente hostigado por la represión de la operación Cóndor. Entre junio y octubre de 1976 -Bernardo Arnone desaparece el 1º de octubre -casi la totalidad de los miembros de esa agrupación política fueron apresados y muchos están desaparecidos. Mihura aporta pruebas. Ha pasado los últimos 38 años investigando y tratando de entender qué pasó. Es una testigo en ese juicio pero también una asesora del fiscal: “Quisiera decir a la Corte que, intentando reconstruir el rompecabezas de la desaparición de Bernardo, me convertí en una investigadora improvisada. Empecé a recopilar documentos y testimonios, hablé con montones de gente, y me di cuenta de que había una dirección común en los hechos. Prácticamente desmantelaron el PVP en seis meses en cuatro países: Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil. Ése era el Plan Cóndor. El nombre de esa operación de coordinación clandestina de gobiernos dictatoriales lo conocí muchos años después. Pero los efectos los conocí en carne propia en 1976”.

Mihura muestra a la Corte un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos que adquirió como prueba. Se trata de un informe del Servicio de Inteligencia de la Defensa, desclasificado en 2002. “Operación Cóndor -relata- es el nombre en código de una recolección de inteligencia sobre izquierdistas, comunistas y marxistas en el área del Cono Sur [...] para eliminar las actividades de terrorismo marxista en los países miembros con Chile [...] otros participantes son Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En adjunta Brasil parece favorable en proveer contribución de inteligencia en la Operación Cóndor [...]. Durante el período 24-27 setiembre 1976 miembros del SIDE [Secretaría de Inteligencia del Estado] de Argentina operando con oficiales del Servicio de Inteligencia Militar de Uruguay llevaron adelante una operación en contra de la organización terrorista uruguaya OPR33, en Argentina. Como resultado de esa operación conjunta el SIDE afirmó que la entera infraestructura del OPR33 fue eliminada”. OPR33 era uno de los grupos que contribuyeron a fundar el PVP. Las fechas relatadas en el documento son las mismas de la gran operación de represión en contra del PVP.

María Paz Venturelli es la segunda testigo de la jornada. Hija de Omar Venturelli, ex sacerdote ítalo-chileno perteneciente al movimiento Cristianos para el Socialismo y al MIR -Movimiento de Izquierda Revolucionaria-, desaparecido el 4 de octubre de 1973 después de entregarse, requerido por las autoridades militares chilenas en un comunicado emitido el 13 de setiembre de 1973, dos días después del golpe de Estado en ese país. Fue trasladado a Temuco y salvajemente torturado, según los testimonios de sus compañeros de celda; Venturelli fue sacado de su calabozo en la noche del 3 de octubre, después del toque de queda, y nunca más fue visto. La suya era una militancia política y social. “Mi papá, aun siendo hijo de terratenientes y perteneciente a una familia de derecha, había trabajado incansablemente para la reforma agraria y para los más pobres”, dice la hija, que muestra a la Corte una de las cartas que el padre logró enviar clandestinamente desde la cárcel de Temuco, la única carta que tiene de su padre; las otras fueron quemadas por razones de seguridad: “Querida Pacita, ahora eres pequeña [...] en cuanto vuelva jugaremos juntos. [...] portate bien con tu mamá”. Una carta llena de ternura que revela un presagio de muerte.

Los abogados de oficio que defienden a los acusados, en particular Luca Milani, defensor de algunos militares peruanos y uruguayos, intervinieron para pedir aclaraciones y puntualizar las posiciones de sus asistidos, pidieron a los testigos centrar más los relatos sobre los hechos denunciados, y preguntaron de dónde provenían las informaciones relatadas, subrayando, varias veces, que se trataba de hechos a los que no habían asistido, sino de los que habían escuchado relatos. la diaria consultó a Riccardo Brigazzi, abogado defensor de los militares Ricardo Chávez, Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Mato y Maurente, sobre qué contactos mantenía con los imputados. Brigazzi respondió que intercambió unas cartas con la hija de Gavazzo y que mantenía una comunicación asidua con Chávez, a quien envía un resumen después de cada audición para informarle sobre los acontecimientos. Chávez, requerido por el Tribunal de Roma por la muerte y desaparición de seis militantes del Grupos de Acción Unificadora en 1977 en Argentina, declara no tener ninguna relación con los delitos.

La próxima audiencia será el 15 de abril. Se hablará del caso de Juan José Montiglio, miembro de la guardia presidencial de Salvador Allende, desaparecido el 13 de setiembre de 1973.