En el salón del Tribunal de Roma, los lugares desde donde los imputados asisten a las audiencias estaban vacíos. No estaba ninguno de los acusados; tampoco Néstor Tróccoli, que sólo fue a la primera audiencia. A las 10.40, la jueza Evelina Canale se sentó en su lugar y junto a ella lo hicieron otros dos jueces y los seis jueces populares con sus respectivos suplentes. Empezó así, en Roma, otra audiencia del juicio que se está celebrando en Italia para juzgar los crímenes del Plan Cóndor contra ciudadanos italianos que tenían doble nacionalidad en Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. Un juicio que tuvo un proceso de preparación extenso, que involucró a cuatro países, 23 abogados, 33 imputados y 160.000 documentos depositados.

La audiencia de ayer estuvo marcada por la larga requisitoria del fiscal Giancarlo Capaldo, que reconstruyó cronológicamente los hechos a partir de la mañana del 11 de setiembre de 1973, el día del golpe de Estado en Chile. Ese mismo día, Juan José Montiglio, un joven de 24 años, se encontraba en el Palacio de La Moneda, como integrante de la guardia presidencial de Salvador Allende. Fue capturado, trasladado al Regimiento Tacna, torturado, obligado a excavar una fosa, ejecutado y tirado allí. Pocos días después, siguió Capaldo, la desaparición le tocó a Omar Venturelli, ex sacerdote. Dos chilenos más, Jaime Avendaño y Juan Maino, completan la lista de las víctimas ítalo-chilenas del juicio.

El fiscal siguió con Argentina, para hablar de las circunstancias de la desaparición, en Buenos Aires, del uruguayo Álvaro Banfi, del Movimiento 26 de Marzo. Fue en 1974, antes del golpe en Argentina pero después de la instauración del régimen dictatorial en Uruguay. En Argentina se cumplen también dos grandes acciones de represión en contra de otros ciudadanos ítalo-uruguayos. Se trata de los casos de 1976 relativos a militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y a los de 1977, en contra de los integrantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU). Entre los acusados por el secuestro, homicidio y desaparición de los integrantes de este último grupo está Tróccoli, que tiene nacionalidad italiana desde 2002 y vive en ese país. “La responsabilidad de Tróccoli debe ser probada también a través de actos judiciales producidos en Uruguay, de donde él huyó para evitar el juicio”, subrayó Capaldo.

Capaldo siguió explicando los casos y llegó a Bolivia, donde analizó la represión en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los secuestros y desapariciones de Luis Stamponi y de su madre, Mafalda Corinaldesi, culpable solamente de buscar a su hijo. Del ELN boliviano formaban parte los padres de Carla Rutila Artes, a quienes Capaldo llamó a atestiguar en las próximas audiencias: “La historia de esa mujer es un ejemplo flagrante de los daños transgeneracionales que esos años de arbitrariedad absoluta han dejado en América Latina. Carla fue arrancada de los brazos de su madre y entregada al torturador de sus padres. Después de ocho años de desaparecida, su abuela Sacha la encontró. Hace poco atestiguó en Argentina y denunció violencias psicológicas, físicas y abusos sexuales”, dijo el fiscal. La larga y detallada exposición terminó con los casos de los argentinos Alejandro José Logoluso, Lorenzo Ismael Viñas, Horacio Domingo Campiglia y Dora Marta Landi.

“Con este juicio trataremos de dibujar un mapa, con criterios y conexiones, de lo que se llama Plan Cóndor. Utilizaremos testigos pero también actas y documentos ya validados por cortes de otros países”, explicó Capaldo.

En apoyo a la requisitoria del fiscal, y con el objetivo de presentar la lista de los testigos que se presentarán en las próximas audiencias, intervinieron los abogados de las partes civiles que, en este juicio, trabajan gratuitamente. El abogado Marcello Gentili, representante de la familia Venturelli, conocido en Italia por el juicio contra los represores de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, quiso subrayar la integridad de Omar Venturelli, que, dijo, fue sacerdote de Cristianos por el Socialismo y profesor universitario. “Muy implicado en la campaña por la reforma agraria, hasta el punto de que fue suspendido por el mismo arzobispo, que luego no lo ayudó en tiempos de necesidad. Después de la reducción al estado laical encontró una compañera y nació su hija María Paz, que será una de las primeras testigos. Era una persona excepcional. Hijo de terratenientes y odiado por su lucha en contra del latifundio”.

Giancarlo Maniga, abogado de varias familias uruguayas, quiso llamar la atención sobre la importancia de enmarcar los hechos en el contexto histórico, “no sólo para hacer historia y memoria, sino para entender las responsabilidades”.

El abogado Arturo Salerni, que representa a la familia del uruguayo Juan Pablo Recagno, llamará a atestiguar a Giampaolo Colella, que fue jefe de los servicios consulares en la Embajada de Italia en Montevideo, para relatar el peregrinaje de los familiares, el dolor, la situación de incertidumbre, miedo y precariedad de aquellos años.

Finalmente, la abogada Alessia Liistro recordó a Célica Gómez, una uruguaya con una militancia muy marginal, que consistía en recibir correspondencia de su hermano, exiliado en Europa, dirigida al Partido Comunista Revolucionario. “Casi nadie se acuerda de ella en las cárceles clandestinas, porque nunca formó parte activa de un grupo. Para el régimen era sólo un objeto para extraer informaciones”, contó.

Hoy empiezan los testimonios: los primeros dos serán los de la chilena María Paz Venturelli y la uruguaya Cristina Mihura, esposa de Bernardo Arnone, uruguayo que desapareció en octubre de 1974 en Argentina.