El anexo referido a las telecomunicaciones del TISA está, dicho en jerga diplomática, “encorchetado”. Se trata de un documento de 41 páginas con pocos acuerdos, que recoge las propuestas realizadas por los distintos países. La primera diferencia refiere al alcance del acuerdo. Algunos países entienden que se aplica a las telecomunicaciones en general (internet, radio, televisión, telefonía fija y móvil y transmisión de datos) y otros pretenden que se excluya a la radio y la televisión.

En términos generales, el texto establece que cada país “deberá comprometerse a permitir la plena participación extranjera en los sectores de servicios electrónicos y de telecomunicaciones”. La Unión Europea (UE) propone prohibir las limitaciones a la participación de capital extranjero en esos sectores. El texto dispone que “cada parte deberá asegurar que las decisiones regulatorias en materia de telecomunicaciones sean imparciales respecto a todos los participantes del mercado”. Estados Unidos propone especificar que esto abarca a las licencias, tarifas y localización de las frecuencias en el espectro.

El artículo 4, de “neutralidad tecnológica”, establece que ninguna parte podrá prohibir a un proveedor de servicios de telecomunicaciones que elija la tecnología que desea, un punto que los técnicos uruguayos proponen rechazar, y, en cambio, sugieren que se habilite esa posibilidad “para satisfacer un objetivo legítimo de política pública”.

La regulación en materia de telecomunicaciones está mal vista en el texto. Sólo es aceptable en caso de que sea “necesaria para prevenir prácticas discriminatorias, o para proteger a los consumidores”. Además, se establece que se debe hacer pública no sólo la regulación sino también sus motivos, incluyendo detalles técnicos de las decisiones.

La UE propone que no sea necesaria la presencia comercial o legal en el país para prestar un servicio de telecomunicaciones, lo que puede generar impactos en Uruguay tanto en el trato impositivo a esas empresas como respecto de las responsabilidades legales.

Antel se vería afectada en caso de que prosperen algunas de las propuestas que contiene el TISA. En primer lugar, porque sería obligada a revelar información respecto de los precios y condiciones que ofrece a los proveedores de servicios de telecomunicaciones; en segundo lugar, porque se vería obligada a poner toda su infraestructura de interconexión -incluyendo la fibra óptica, que se estima que requerirá en total una inversión estatal de 550 millones de dólares- al servicio de cualquier empresa que lo solicite. El pago exigido por el uso de esa infraestructura deberá ser “razonable”, se señala en el anexo. “Cada parte deberá asegurar que no se establezca ninguna condición para el acceso y uso de las redes o servicios de telecomunicaciones públicos, más que para proteger la integridad técnica de esas redes o servicios”, detalla el texto. También dispone que se deberá dar acceso sin restricciones al sistema de cableado submarino, que es la boca de entrada de internet al país.

Algunos países incluso sugieren dar consejos a los gobiernos sobre cómo administrar sus frecuencias de radio y televisión abiertas. Proponen que lo hagan en forma “objetiva, transparente y no discriminatoria”, y que las frecuencias comerciales se asignen sobre la base de “criterios orientados al mercado”.