Una comisión de la Universidad de la República (Udelar), integrantes por representantes de los órdenes de estudiantes, docentes y egresados de las facultades de Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y Administración, y también por representantes de los funcionarios no docentes y del rectorado, estudiará las implicancias de que Uruguay firme el Acuerdo de Liberalización de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés). En la sesión de anoche el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar consideró el tema a partir de un documento que el rector Roberto Markarian encomendó al docente grado 5 del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, Lincoln Bizzozero.
El documento recuerda que el TISA surgió como consecuencia de una negociación fallida en la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Ronda de Doha, que tenía como objetivo “liberalizar” el comercio de bienes y servicios. Según Bizzozero, las negociaciones se trancaron porque muchos países desarrollados no estuvieron en condiciones de flexibilizar posiciones en materia agrícola y de servicios, compras gubernamentales y propiedad intelectual. El docente analiza que como consecuencia del desarrollo de economías como la china, varios países y especialmente Estados Unidos insistieron en liberalizar varios mercados, por fuera de lo que se podía acordar en la OMC. “Como China y los emergentes están erosionando la posición de los países desarrollados, las iniciativas de EEUU buscan limitar su expansión definiendo espacios y reglas de comercio como en las negociaciones trans-Pacífico y trans-Atlántico con la Unión Europea”, señala el documento.
Bizzozero destaca especialmente que ningún país del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) fue incluido hasta el momento en las negociaciones del TISA. Además, advierte que las negociaciones se están realizando en un marco de “confidencialidad y secretismo”, que impiden que el contenido del acuerdo sea público hasta cinco años después de la firma. El docente señala que el hecho de que los países firmantes deban explicitar los rubros que pretender excluir del acuerdo hace que la capacidad del Estado de concebir como bien público áreas como la salud y la educación se vea limitada.
Interés público
Con respecto a la educación, de no ser excluida del acuerdo, Bizzozero plantea que se verían afectadas “la transparencia en la información, la cobertura y el alcance de lo que se negocia y las posteriores limitaciones de las políticas públicas, la autonomía de las universidades, la calidad de la educación, y la participación de los actores involucrados en la educación y la sociedad en su conjunto”. Además, plantea que el hecho de que en las negociaciones no haya definiciones explícitas sobre la educación pública y sí se considere al sector privado hace que la totalidad del rubro quede incluido dentro del marco del acuerdo.
El docente concluye: “Si bien puede considerarse que tener un acuerdo es mejor que no tenerlo, que las negociaciones no se den en un ámbito multilateral y surja a partir de un estancamiento de negociaciones, expone más el interés público internacional y a los estados pequeños”. Al respecto, agrega que “que un Estado quede constreñido en reglamentar la salud o definir lineamientos de educación no solamente limitará la soberanía estatal en el marco de las políticas públicas, sino también que los ciudadanos quedarán expuestos a la falta de esa cobertura pública que ha posibilitado una universalización de algunos servicios considerados básicos”.
Los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, del orden de egresados y algunos decanos plantearon en el CDC su “preocupación” por el tema y la forma en que el acuerdo está siendo negociado. Además, consideraron positivo y necesario que la Udelar tome una postura sobre el TISA.
Otros vínculos
Anoche el CDC también discutió su vínculo con el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), después de que la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, anunciara que el gobierno no retomaría la creación de la Universidad de la Educación y que, por el contrario, apostaría a que la formación en posgrados de profesores y maestros sea cubierta por la Udelar.
Markarian informó sobre una reunión que mantuvo con la directora del consejo, Ana María Lopater, en la que acordaron que ambas instituciones seguirían trabajando en conjunto. La Udelar había diseñado algunos posgrados específicos para profesores de la ANEP, y las autoridades buscarán que haya una flexibilización de la movilidad de los estudiantes universitarios y de formación docente para contribuir -entre otras cosas- a que haya más profesores disponibles. El CDC resolvió nombrar un equipo de trabajo para profundizar en acciones concretas entre ambas instituciones.