Sin referirse a detalles, ni a procesos familiares o personales “para no vulnerar ni revictimizar” a la niña de 11 años que quedó embarazada tras ser abusada y violada por un hombre de 41 años, hecho que abrió un debate en torno a la interrupción o no del embarazo en menores de edad que manifiestan su “deseo” de ser madres, la presidenta del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, consideró que “está siendo un caso que de alguna forma nos coloca sobre la mesa un tema tan antiguo como la humanidad misma”.
En una conferencia de prensa brindada ayer en la sede de la institución, la jerarca detalló que la Justicia penal sigue la causa por violación, que derivó en el procesamiento con prisión del abusador, y ratificó que el Juzgado Letrado Especializado de Familia de 5º Turno de Montevideo “pasó a resolución médica la situación [decidir la interrupción del embarazo] en consulta con la madre y la niña” el 16 de abril.
Si bien Lindner no quiso divulgar la resolución médica, el equipo ginecobstétrico y de psiquiatría infantil que atendió a la niña en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, junto a equipos del INAU que trabajaban en el abordaje familiar, sumado al Área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, evaluaron que “sin el consentimiento de la niña no se podía llevar adelante la interrupción del embarazo”, a pesar de que su madre había manifestado ante la Justicia que su hija “no está en condiciones” para esto y solicitaba además que fuera amparada en un hogar del INAU “para que se le brinde el abordaje y contención pertinente”.
Lindner consideró que “hay elementos que podrían habilitar [la interrupción del embarazo], pero hay una voluntad del entorno de atender esta situación en función de aspectos que tienen que ver con la intimidad de esta niña que, como institución, queremos reservar”.
La Justicia civil también determinó que la niña quede bajo la custodia del INAU, y será derivada a un centro “que ya fue asignado” -dijo la titular del INAU- en cuanto sea dada de alta del hospital.
Respecto de las opciones que tiene la menor al amparo de la institución, Lindner respondió: “Preferimos que los procesos que se vayan a adoptar institucionalmente [que pueden ser un hogar de medio camino; vivir con una ‘familia de acogida’; dar en adopción al bebé] se vayan tomando en función de la complejidad y de no seguir revictimizando públicamente situaciones que son de extrema gravedad”. Ante todo, destacó que “la institucionalización es el último recurso al que apelamos”. En 2013, UNICEF detalló que en Uruguay 409 niños de cada 100.000 están internados. Teniendo en cuenta esto, “estamos en proceso de desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes, siguiendo recomendaciones internacionales; lo que requiere nuevas prácticas, nuevos abordajes y nuevos énfasis”, añadió la jerarca.
La directora de la División Salud del INAU, Mónica Silva, señaló en la diaria de ayer que la situación de la niña de 11 años que llegó al Pereira Rossell con un embarazo producto de un abuso sexual y manifestó su “deseo de ser madre” no era algo “excepcional”. A esto se suma que en Uruguay 6,9% del total de embarazos son de adolescentes que tienen entre 15 y 19 años.
Consultada por la diaria sobre si la institución se replantea el abordaje de estos casos, en los que de manera interdisciplinar se considera la “autonomía progresiva” de una niña y se “respeta su decisión” de continuar un embarazo cuando no hay riesgo de vida, Lindner sostuvo: “Creo que éste es un caso muy impactante, pero todos los uruguayos y uruguayas sabemos que no es el primero que se da en nuestra sociedad. Estos temas son de larguísima data, con niñas que han sido abusadas por extraños e inclusive por sus familiares. Nadie puede estar ajeno a esto y creer que sólo han existido dos o tres casos -continuó-. Esta situación está instalada en la sociedad uruguaya de manera histórica y recién en los últimos tiempos se fueron adoptando medidas para que no sean naturalizadas y sean puestas donde corresponde: en la responsabilidad del Estado de tomar definiciones en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
En función de las cifras de embarazo adolescente “hay una necesidad de revisar las prácticas y políticas que nos corresponden a los distintos organismos” que intervienen en casos como éste, “cada uno desde su concepción de restitución de derechos”, añadió, y reconoció que “muchas veces, las prácticas no dan los resultados esperados”.