La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) tiene previsto iniciar un proceso “transparente y participativo” para designar un defensor de los derechos de las audiencias uruguayas, potestad que le otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La norma prevé la creación de un relator especial de los Servicios de Comunicación Audivisual que oficiará como defensor de las audiencias y deberá promover y garantizar el ejercicio del derecho humano a la comunicación y a que las personas puedan “difundir, buscar y recibir ideas e informaciones”.

Para comenzar a definir mejor el rol y la forma de funcionamiento de la defensoría, la INDDHH se reunió el viernes con organizaciones de la sociedad civil y con la defensora de las audiencias de Argentina, la periodista Cynthia Ottaviano, que compartió la experiencia argentina. En diálogo con la diaria, Ottaviano explicó que en particular se detuvieron en “los desafíos que implica fundar un organismo nuevo y que defiende el derecho humano a la comunicación, que también es reciente”. Ottaviano, que preside la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, explicó que en el continente se trabaja en forma articulada y que, por ejemplo, desde Argentina se generaron espacios de encuentro e intercambio con defensores de países como México, Brasil y Colombia, al igual que con representantes de la sociedad civil de Chile y Perú.

La defensora destacó la “muy buena receptividad” de la INDDHH a la mirada de la institución que dirige, que es “no judicializadora y no punitivista de la comunicación”, y además, al igual que la que se creará en Uruguay, no tiene capacidad sancionatoria. “Es una mirada que busca tener el eje en la pedagogía de las audiencias y una educación crítica hacia y con ellas, y también hacia quienes trabajan en los medios de comunicación audiovisual. Eso puede explicar cómo pudimos resolver de manera positiva 70% de los reclamos mediante el diálogo, y que el otro 30% todavía esté en trámite”, agregó. También señaló que en Argentina la defensoría se construye como una aliada de quienes trabajan en los medios, y que pese a que parte de la perspectiva de las audiencias, “es una herramienta esencialmente articuladora”.

Caso a caso

En un conversatorio que mantuvo con las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática y con varios periodistas, Ottaviano compartió varios casos concretos que resolvió la defensoría en Argentina. Por ejemplo, una denuncia de una organización sobre la censura de un beso de Homero con otro hombre en un capítulo de Los Simpson emitido por Telefé. El canal argumentó que cortó esa escena por falta de tiempo, y la defensoría consiguió que el canal se comprometiera a pasar el capítulo entero el fin de semana siguiente. Otro de los casos fue una denuncia contra el canal C5N que, para informar sobre dos maestras de preescolar que abusaban de niños de su clase, usó imágenes de archivo de una escuela primaria en las que se podía identificar a las docentes y a los niños. El canal reconoció el error al aire y ante los involucrados señaló que se debió a la forma de etiquetado de archivo y a que la persona que se encargaba de esa sección era nueva.

“Ciudadanía comunicacional”

Para Ottaviano no es casual que las figuras de las defensorías se nombren con palabras como la de mediador en Francia o la de los ouvidores -quienes escuchan- en Brasil, porque se trata de organismos que articulan con instituciones del Estado nacional, provincial y municipal, y también con la sociedad civil. Además, aseguró que la construcción de legitimidad “es una de las claves para la defensoría” porque la sociedad no debe ver frustrada su posibilidad de participar en ella, y, a la vez, “hay que estar al alcance de las expectativas”. Según la defensora, al arrancar se trata de “fundar un organismo mientras funciona”, con un doble rol de difundir y defender el derecho humano a la comunicación, porque “nadie reclama, enseña ni defiende un derecho que no conoce”. Para ello destacó la necesidad de un proceso de capacitación a largo plazo de las audiencias, de los trabajadores del ámbito de la comunicación y de los funcionarios públicos. De esa forma, aseguró, se podría llegar a la construcción de una “ciudadanía comunicacional”.

Además, Ottaviano compartió las preocupaciones y reclamos más frecuentes en Argentina, que tienen que ver con algunas representaciones mediáticas que constituyen hechos discriminatorios, como “la mirada muy criminalizante sobre la niñez” o la utilización de lenguaje soez y la presencia de “altísimos niveles de violencia” en horarios aptos para todo público. También destacó la preocupación de las audiencias de radio y televisión por la imagen de la mujer “altamente cosificada, sexualizada y sexualizante”, y la “invisibilización” de los pueblos originarios. Según indicó, estas preocupaciones son las mismas que se expresan en varios países americanos, algo que explica por la elevada concentración de la comunicación en el continente.

Mecanismos

En Argentina, la defensoría recibe denuncias y quejas por internet las 24 horas del día y los 365 días del año, pero también personalmente, en las sedes que tiene en todo el país y en el organismo encargado de dar cumplimiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina, al igual que en la institución encargada de la lucha contra la discriminación y la xenofobia. Por otra parte, ofrece un número de teléfono gratuito para que la ciudadanía pueda asesorarse de en qué casos y mediante qué vías puede presentar denuncias. En Argentina, a diferencia de Uruguay, la financiación de la institución se establece en la propia ley, que indica que se financia con 5% de los impuestos a la industria.

Ottaviano explicó que, una vez que una denuncia es presentada, se hace un informe interdisciplinario, elaborado desde una perspectiva jurídica basada en “la protección y promoción de derechos” por abogados especializados en derecho a la comunicación y en derecho de las audiencias. Señaló que la mirada jurídica convive con otra, de carácter “sociosemiótico”, porque la defensoría cuenta con una Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo compuesta por semiólogos, sociólogos y antropólogos especialistas en comunicación. El trabajo de la institución apunta a definir “qué buenas prácticas se podría implementar para que la vulneración de derechos no vuelva a ocurrir”. Ottaviano hizo hincapié en que no se toman casos basados en opiniones ni en gustos y que, por el contrario, se parte de los derechos establecidos en la legislación y en tratados internacionales.

Después de la elaboración de ese informe, que según la defensora se realiza “en plazos cortos”, se cita a una mesa de diálogo al medio de comunicación que haya sido denunciado, instancia en la cual “se interpela la propia mirada de la defensoría”. Para la defensora, “es fundamental saber cómo se construyó y qué fue lo que pasó para llegar a esa vulneración”. “Cuando se ve que la defensoría busca reparar los daños que se pueda haber causado, pero desde una perspectiva dialógica, la predisposición a ese diálogo es mayor. Además, cuando una persona reconoce que ha vulnerado un derecho, no quiere seguir adelante con esa vulneración: realmente quiere buscar la forma de repararlo. Lo importante es guardar los prejuicios -o, mejor, tirarlos-, bajar el dedo índice acusador para comprender que esta mirada interdisciplinaria pueda contrarrestar el vértigo con el que suelen trabajar los medios de comunicación, y que eso puede enriquecer la comunicación en una construcción colectiva”, señaló Ottaviano.