El convenio fue firmado por el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, y por el ministro Eduardo Bonomi. El primero señaló que “es importante que sean funcionarios del Poder Judicial [PJ] los que tomen las huellas a aquellos adolescentes que hayan podido entrar en conflicto con la ley penal, y aprovechar la base de datos que tiene el Poder Ejecutivo [por intermedio del MI] para contrastar en tiempo real” la información con la que cuenta la Dirección Nacional de Identificación Civil con la obtenida en una sede judicial.
En lo que refiere a mejorar la respuesta en casos de VBG y “evitar la revictimización” de las personas involucradas “por parte de operadores judiciales y policiales”, Chediak subrayó que una de las intenciones es “llevar la colocación de tobilleras al ámbito penal y aplicarla en prisión domiciliaria”. Bonomi añadió que se evaluará el uso de tobilleras en salidas transitorias. También valoró el “intercambio de información” entre el MI y el PJ “en temas relacionados a violencia doméstica” detectados por servicios de seguridad pública o que se tramiten en Juzgados de Familia Especializada, Penal y Crimen Organizado.
A su vez, crearán una comisión de trabajo para establecer el protocolo de funcionamiento de El Guardián. Chediak consideró que este sistema “es mucho más garantista que los 22 que funcionan actualmente en todo el país”. “El juez es el único habilitado a ordenar la interceptación de correo electrónico, teléfono fijo o celular”, y para que exista la autorización judicial, el funcionario policial debe solicitarla por vía electrónica, con su identificación y su fundamentación, además de obtener la “vista” del Ministerio Público. Bonomi agregó que “muchas veces se entiende que cuando el juez autoriza la interceptación, la Policía la hace. Esto no es así: la hace la empresa telefónica”. “Este sistema da más garantías” para que la Policía “no pueda evadir” este procedimiento, continuó Chediak. “Todo lo que se haga desde El Guardián quedará grabado”, y se podrá solicitar auditorías “cuando existan dudas sobre su aplicación”, concluyó.
Perfectible
El domingo, El País publicó un adelanto del informe anual que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) envió a Raúl Sendic, para presentar luego ante la Asamblea General. El documento “enumera varias denuncias recibidas por abuso policial y le reclama al MI que mejore la capacitación de los funcionarios policiales, que realice un seguimiento permanente de la conducta de éstos y trabaje en la erradicación definitiva de los malos tratos”.
La INDDHH señaló demoras de hasta “un año y medio” en las respuestas que debía dar el MI sobre casos de abuso policial. En diálogo con la diaria, Bonomi sostuvo que “ellos [en referencia a la INDDHH] tienen que responder en un mes. Nosotros, cuando investigamos internamente, tenemos una demora siempre superior a un mes, porque aparecen determinados protocolos que seguimos y demora más”.
Sobre la recomendación de que la formación para el personal policial lleve “más tiempo”, el ministro defendió los “cuatro meses” de estudio. “Estamos perfeccionando la formación, pero no sabemos si tiene que tener más tiempo. La Escuela de Policía tuvo un cambio a fines del año pasado, que abarca el Centro de Formación de Personal Subalterno, que es a lo que hace referencia [el informe]”.
A su vez, la semana pasada, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, confirmó la muerte de una persona en situación de calle y evaluó que la ley de faltas “no sirve”. “No creo que sea por falta de intervención: cuando están en la calle, vuelven a la calle. Hay que perfeccionar la aplicación de la ley”, opinó Bonomi.