El contexto regional le pasó la primera gran factura al gobierno de Tabaré Vázquez Rosas. Con “gran contrariedad”, el gerente general de Chery Socma Uruguay anunció el cierre de la planta industrial de automotores en Paso Carrasco, en una reunión celebrada ayer, en la que participaron el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, y representantes de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y de Ramas Afines (UNTMRA). Tanto el gobierno como el sindicato entienden que la decisión que tomó la empresa es razonable, debido a los problemas para exportar a Argentina y Brasil.

La decisión fue tomada en una junta de accionistas en China. De ese país es originaria la empresa e incluso el Estado chino es accionista. La coyuntura de la región, la devaluación del real en Brasil, la pérdida de competitividad de Uruguay, la inequidad del sector automotor uruguayo, las restricciones cambiarias y de importación en Argentina y las demoras en posibles alternativas para ingresar al mercado venezolano (algo que la empresa y el sindicato intentaron gestionar sin éxito) son algunas de las causas a las que aludió la empresa. Desde el 19 de setiembre de 2014 la planta se encontraba parcialmente cerrada, y sobre fin de año terminaron de enviar a los 350 trabajadores al seguro de paro, pero la UNTMRA estima que en total afectará a 1.000 trabajadores, de forma directa o indirecta. Entre setiembre y fin de año se había hecho una “inversión importante” para dejar la planta en “óptimas condiciones para producir, pero ahora la empresa argumenta que ya no puede exportar a los países vecinos”, dijo César Acosta, responsable del sector automotor de la UNTMRA.

El costo por mantener la planta sin producir era de 650.000 dólares mensuales, y para la empresa terminó siendo insostenible. La única “expectativa positiva”, relató Castillo, es que no se mencionó el desmontaje de la fábrica. El jerarca validó los argumentos de la empresa: “En Argentina no entrás hoy con un auto, ni siquiera entrás con una rueda o con un plumero para el auto”, sostuvo. Castillo pidió 48 horas para informar sobre el tema al gobierno y trabajar en posibles salidas.

Por su parte, Acosta dijo que la UNTMRA buscará concretar un diálogo con la Embajada de China para intentar revertir la situación. También esbozó la posibilidad de que se abra un registro con la “mano de obra calificada” que había en la planta, para que los trabajadores sean tomados en cuenta en otros emprendimientos similares o por esta misma fábrica, en caso de que pueda reabrir.