La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó un recurso presentado por el fiscal civil Enrique Viana, en el que solicitaba que se impidiera la firma del contrato entre la empresa minera Zamin Ferrous, encargada del proyecto Aratirí, y el Estado, hasta tanto la SCJ no se pronunciara sobre la constitucionalidad de la Ley de Minería de Gran Porte. De esta forma, la empresa está habilitada para la firma del contrato, lo que, sin embargo, todavía parece lejano, ya que no ha presentado un nuevo proyecto ajustado a los cambios en la localización del puerto de aguas profundas dispuestos por el gobierno. Según informó El Espectador, la SCJ sostiene en el fallo, votado por mayoría, que el Estado aún no firmó contrato con la empresa, por lo que no hay “absoluta certeza del derecho a cautelar o siquiera su probabilidad próxima”. La resolución aclara que la sentencia no implica opinión sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la constitucionalidad de la Ley de Minería de Gran Porte.
Viana argumentaba en su recurso que la actividad de Aratirí “acarreará significativos y negativos impactos ambientales y territoriales”, con “escalas de destrucción y contaminación difíciles de imaginar”.