Las computadoras del semanario El Eco de Colonia, que fueron confiscadas a raíz de la denuncia del abogado Fernando Couto en nombre de una asociación de empresas de software, ya se encuentran en la redacción de ese medio, en Nueva Palmira. El 18 de febrero, un procedimiento judicial dirigido por el propio Couto allanó las dos redacciones que tiene el medio, pero sólo encontró software pirata en los equipos que se encontraban en Nueva Palmira, porque las computadoras de Carmelo ya habían pasado a utilizar software libre.
Couto había hecho con El Eco lo mismo que con otros medios del interior, a los que les cobraba una supuesta multa por no haber adquirido las licencias oficiales de los programas informáticos que utilizaban. Una investigación del semanario Brecha informó que por esas “multas” que cobraba, el abogado emitía una factura de su estudio jurídico por “honorarios”, y en ningún momento se hacía alusión a una organización antipiratería. Un comunicado de la representante de Adobe en Uruguay que se deslindaba de las acciones que llevaba adelante Couto terminó de aportar los insumos para que los responsables de El Eco presentaran una denuncia por estafa contra el abogado. También lo denunciaron por extorsión cuando Couto les sugirió “arreglar” por una cifra menor a los 20.000 dólares que estaba reclamando ante la Justicia. Esta situación llevó a que el abogado iniciara una nueva causa contra el medio, esta vez por difamación e injurias.
El martes, la historia llegó al final cuando ambas partes acordaron retirar todas las denuncias presentadas, sin perjuicio de que nadie se retractaba sobre lo dicho anteriormente, explicó a la diaria el director del semanario, Daniel Roselli. Para este acuerdo fue clave la salida de la causa de la jueza Alexandra Facal y el ingreso de Ignacio Rivero, quien dispuso una instancia de conciliación entre las partes en la que pudieron llegar al mencionado acuerdo. Roselli evaluó positivamente la solución, porque su medio no tuvo que pagar ninguna multa; no obstante, advirtió que si no se toman medidas, “los operativos que utilizan a la Justicia para lucrar van a seguir pasando”.