Como era de esperarse, la bancada del Frente Amplio rechazó formalmente ayer el pedido del diputado nacionalista Rodrigo Goñi de formar una comisión investigadora para indagar si hubo irregularidades en el manejo del Fondo para el Desarrollo (Fondes). Tampoco apoyó la iniciativa el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. En cambio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente respaldaron la conformación de una comisión investigadora. A pesar de la votación dividida, todos los legisladores dijeron explícitamente que apoyaban el Fondes.

La sesión de la cámara baja, que duró seis horas, contó con la presencia en las barras de dirigentes de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ANERT), que fueron testigos de discursos que abordaron la Ley de Caducidad (el del oficialista Luis Puig), el estalinismo y la caída del muro de Berlín (el de la nacionalista Graciela Bianchi).

El miembro informante en minoría de la Comisión Preinvestigadora, el nacionalista Gerardo Amarilla, brindó algunos de los argumentos manejados por Goñi. Sostuvo que “al menos” tres de las empresas asistidas por el fondo cerraron o suspendieron su actividad; advirtió que hubo empresas que “reciben apoyo del gobierno de Venezuela”, dependiendo “casi exclusivamente de un solo mercado”, e indicó que hubo “violaciones gravísimas” a normas ambientales por parte de algunos emprendimientos apoyados por el Fondes, en referencia a la curtiembre El Águila. “El Fondes no ha permitido ver con claridad el uso de sus fondos públicos y el obrar de sus funcionarios”, insistió Amarilla.

Goñi fue aun más lejos. “No creo que haya habido un organismo del Estado que haya violado tanto la ley anticorrupción como el Fondes”. El diputado dijo que los informes incluidos en la Rendición de Cuentas sobre el Fondes eran como “mostrar un dedo y ocultar la mano”, y que fue una “falta de respeto” la respuesta a un pedido de informes que le realizó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que le fue respondido el viernes.

Goñi se centró en la asistencia que el Fondes le dio a la imprenta Pressur, que dejó de funcionar en marzo de 2014. Citando versiones periodísticas, mencionó que por medio de contactos con el Movimiento de Participación Popular (MPP) y del PIT-CNT, la cooperativa logró “gestionar y aprobar” el crédito, de unos seis millones de dólares, que se utilizó para pagar una deuda bancaria a Nelson Uribe, el ex dueño de la empresa. Luego, aseguró, el Fondes no le hizo el seguimiento al préstamo, “porque su junta directiva tenía una prioridad y hasta una única finalidad: beneficiar a ese tercero, levantar esa garantía”.

Cecilia Bottino, del MPP, fue la encargada del informe mayoritario de la Preinvestigadora. Durante su argumentación sostuvo que la denuncia no reunía ninguno de los requisitos para la conformación de una investigadora. Sostuvo que Goñi “no respetó el principio de gradualidad de los mecanismos de contralor parlamentarios”, al plantear la creación de una investigadora sin ni siquiera esperar a que se le respondieran los pedidos de informes que había solicitado. De ellos, sostuvo, dos fueron respondidos, otro está en plazo de respuesta y el único que no fue respondido fue porque el diputado “no siguió el procedimiento”.

En relación con El Águila, argumentó que el Fondes no hace controles medioambientales, y “mal podría ser responsabilizado por ello”. Respecto de las denuncias de corrupción y de irregularidades, aseguró que “no surgen elementos de convicción suficiente que hayan permitido averiguar que existió un accionar ilegítimo por parte de las autoridades encargadas de gestionar el Fondes”, y, en cambio, lo que hubo fueron “meras suposiciones o conjeturas”.