La posibilidad de colocar el tema en la agenda tiene que ver con un caso puntual, que ya ha sido advertido por organizaciones sociales. Jorge Ruibal Pino cumplió 70 años el 6 de junio y por eso, tal como establece la Constitución, dejó de integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Para llenar la vacante se necesita el apoyo de dos tercios de los componentes de la Asamblea General; si en un plazo de 90 días no se alcanza esa mayoría parlamentaria, el nuevo ministro de la SCJ se elegirá entre los miembros de Tribunales de Apelación con mayor antigüedad en el cargo. Mediante esta herramienta administrativa se ha llenado la mayoría de las vacantes en la SCJ en los últimos años, pero ahora surgen nuevas inquietudes para transparentar este proceso y democratizar la designación.

Ayer lo puso sobre la mesa el grupo frenteamplista M764, que incluyó el tema en una resolución que aprobó su plenario, luego de sesionar en La Huella de Seregni.

El documento insiste en la importancia de “transparentar el proceso de designación” de los miembros de la SCJ, más aun teniendo en cuenta la inminente modificación en su integración. Aclaran que no se necesita una reforma constitucional -aunque plantean que es necesaria por otras razones- para que la Asamblea General “asuma un papel protagónico en conocer y dar a conocer la opinión de los posibles integrantes de la misma, para que no siga siendo un coto cerrado y alejado del conocimiento de la población”.

Uno de los referentes del grupo, Pablo Álvarez, explicó a la diaria cómo están imaginando que debería funcionar esta “asamblea abierta y pública”, convocada por una comisión bicameral de la Asamblea General. “Queremos que los candidatos y posibles magistrados respondan, frente a la sociedad civil y los parlamentarios, cómo piensan ejercer su trabajo, qué tipo de posicionamientos tienen frente a determinados temas. Partimos de la base de que la SCJ ha tenido en los últimos tiempos una gran importancia política y de que ha quedado claro que se trata de un ejercicio subjetivo; los ministros son personas interpretando la norma. Sin que sea vinculante, creemos que este mecanismo, transparentaría el ejercicio de la toma de decisiones, argumentó Álvarez.

Un tema para tocar

Un poder “opaco”. En esos términos definió el ex director general del Ministerio de Educación y Cultura al Poder Judicial uruguayo y su funcionamiento en los últimos años. “No pretendemos vulnerar su independencia, pero entendemos que la izquierda y el Frente Amplio [FA] no han discutido lo suficiente la democratización del sistema judicial. Pocas cosas son más políticas que el derecho; sin embargo, el FA siempre ha dejado la discusión en manos de los abogados. No obstante, generamos leyes a cada rato”, concluyó Álvarez. En ese sentido, el M764 pretende “ponerse en cancha para discutir una reforma constitucional profunda, que no solamente tome todo lo relacionado al calendario electoral”. “Eso es importante, pero hay cosas mucho más importantes, que implican pensar qué modelo de sociedad queremos”, señaló Álvarez, actualmente jerarca de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En línea con este planteo de transparentar los mecanismos de ascensos automáticos en la SCJ, un grupo de organizaciones sociales presentó hace una semana una petición a la Asamblea General para crear una comisión bicameral que recibiría las propuestas de las personas que aspiran a ocupar el cargo de ministro de la SCJ.

En el documento señalan, en base a las versiones taquigráficas que consultaron, que el tratamiento parlamentario de las anteriores designaciones de ministros de la SCJ se llevaron a cabo como “una cuestión administrativa, en la que no se fundamenta, no se discute, ni hay intervenciones o informes de comisiones que argumenten sustancialmente la razón y motivos para la elección de la persona designada”. “Se trata de una temática resuelta a carpeta cerrada: se recibe informe de la vacancia, junto con un listado que consigna la antigüedad de algunos funcionarios judiciales, se detecta en más de una ocasión la ausencia del listado correspondiente al Ministerio Público y Fiscal y se aprueba la moción de designación”, se quejan las organizaciones. La petición está firmada por el el PIT-CNT, Amnistía Internacional, Serpaj, Crysol, Ovejas Negras, MYSU, Cotidiano Mujer, DATA, Cainfo, Mujer Ahora, Mujeres de Negro y Ciedur, entre otros colectivos.