El Centro de Estudios de Software Libre; Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información; Derecho a la Cultura y 58 docentes, investigadores y profesionales dedicados a la educación y la tecnología manifestaron en una carta pública su “preocupación” sobre el acuerdo promovido desde el Plan Ceibal y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con la multinacional estadounidense Google, especializada en productos y servicios de internet, reclamaron que se “reconsidere la decisión tomada” y solicitaron que “se habilite una instancia de discusión del tema a nivel institucional y ciudadano”.

El 22 de mayo, ANEP y Plan Ceibal anunciaron que estudiantes y docentes de instituciones públicas y privadas de todo el país podrán comenzar a usar “la suite de productos Google Apps Education” de forma gratuita. Esta herramienta ofrece correo electrónico sin límite de capacidad y sin publicidad, almacenamiento ilimitado “en la nube” y acceso gratuito a una importante variedad de aplicaciones y herramientas de gestión. El acceso a todas las plataformas del Plan Ceibal y a las herramientas de Google se hace mediante una única cuenta de correo. Los estudiantes podrán acceder a este mecanismo después de las vacaciones de julio.

En la carta dada a conocer ayer se explica que el acuerdo promueve que “la información personal” que se genera en el uso del Plan Ceibal “quede almacenada en servidores que están fuera del Uruguay y en la órbita legal” de Estados Unidos, fuera “de la jurisdicción nacional y de la competencia” de la Justicia uruguaya. Se argumenta que la “revelación de la vigilancia generalizada en internet” hizo al Estado uruguayo “asegurarse de que la administración pública utilice únicamente recursos informáticos soberanos, situados en el territorio nacional”, por lo que se considera que “los mismos derechos deberían ser extendidos” a toda la educación pública y a quienes “estudian y trabajan en ella”.

Se anuncia que no existe “información clara” sobre cómo y quién tomó la decisión, qué políticas educativas y tecnológicas la justifican, en qué órganos de gobierno fue refrendado el acuerdo, cuáles son sus alcances del acuerdo, y las etapas y compromisos que involucra “desde el punto de vista institucional, pedagógico, económico y tecnológico”. La carta cita declaraciones del presidente de la ANEP, Wilson Netto, quien dijo que con el acuerdo se van a explorar “nuevas formas de construir aprendizajes”, expresa que “no parece bien fundamentado” el uso de las herramientas de correo y almacenamiento “en la nube de Google” como “tecnologías educativas”, ya que “de por sí no lo son”, y advierte que el acuerdo incluiría “el acceso a contenidos educativos de la tienda online Google Play for Education”, que sólo pueden ser “instalados en dispositivos comercializados o autorizados por Google”.

La carta plantea que “los beneficios para el país no quedan claros”, pero se pueden identificar los beneficios que el acuerdo “le aporta a la estrategia comercial” del gigante multinacional. “Es conocido que el modelo de negocio de Google se basa en la entrega de servicios gratuitos a cambio de datos que serán usados para generar perfiles de usuario de forma automatizada y, en base a cada perfil, ofrecer publicidad de diferentes formas”, se expresa.

También se citan palabras del presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, quien manifestó su desconocimiento del uso que Google hará de los datos que generen los usuarios y de cuáles serán las garantías que esta empresa brindará acerca de los datos personales. “Hacemos particular énfasis en lo preocupante de estas declaraciones, provenientes de un jerarca del gobierno y referente en temas tecnológicos”, se agrega.

Los firmantes cuestionan a Brechner por afirmar que “la adopción de las herramientas de Google será un acto voluntario de los usuarios” y advierten que la “forma de operar usual” de Google “consiste en que cada usuario deba aceptar un contrato de adhesión”, que la empresa “se reserva el derecho de modificar, y que no es negociable”. “Esto dejaría a los usuarios a merced de las condiciones que imponga la empresa, y a Ceibal y ANEP en el rol de simple intermediario técnico”, agregan.

Finalmente plantean por qué, en lugar de este acuerdo, no se destinan recursos “para impulsar el desarrollo local de un sistema contextualizado a las reales necesidades” de la educación, definidas “por expertos en pedagogía”, con almacenamiento de los datos “en territorio uruguayo y bajo la protección de las leyes” de Uruguay, “preservando la privacidad de los usuarios”. Proponen “pensar el tema desde una concepción de políticas institucionales”, con énfasis en educación y soberanía tecnológica y el cuidado de los datos. En este sentido se preguntan por las posibilidades de utilizar, extender o construir una plataforma nacional o regional que provea servicios similares, si la ANEP tendrá control sobre el uso de los contenidos y datos alojados por Google, si es posible “auditar” a la multinacional y si existe riesgo de que las políticas tecnológicas del sistema educativo “se hagan dependientes de Google”. la diaria consultó a Brechner, pero éste prefirió no hacer declaraciones “por ahora”.