En contrapunto con la nota de Claudio López-Guerra titulada “Votos, emigrantes y democracia”, sostengo que la democracia es, más allá de una modalidad de gobierno de un país, un tipo de sociedad fundada en prácticas sociales de emancipación y de igualdad que la sustentan, en torno al cuidado de un bien común.

Siendo a la vez una promesa y un problema, es una experiencia colectiva inacabada (Rosanvallon, 2000), que ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia, según los territorios en que se desarrolla y los pueblos que la materializan. No hay un modelo único de la democracia, que es por definición evolutiva, conflictiva, dinámica, según los intereses, los poderes y los contrapoderes en juego.

Una sociedad democrática trabajando sobre sí puede resolver positivamente nuevos problemas, en el marco de una comunidad política de iguales, en particular en lo que se refiere a la ciudadanía que se desarrolla en las fronteras, en los límites, en los intersticios del Estado-Nación. Es el caso de 162 países en el mundo que habilitan el voto en el exterior bajo múltiples modalidades, combinaciones y restricciones, según datos sistematizados en 2012. Uruguay y Surinam son los dos únicos en América del Sur que no lo han habilitado aún.

El contexto de inserción internacional de Uruguay en un mundo globalizado constituye precisamente el escenario contemporáneo en el que surgen expectativas de ciudadanos del exterior que buscan ejercer el derecho al voto, manifestando su apego al país de múltiples maneras. Se trata de una exigencia de reconocimiento de derechos políticos y cívicos, que se despliega en el marco transnacional de la mutación de un país de inmigrantes a un país de emigrantes, que ya lleva más de medio siglo.

Uruguay tiene la oportunidad de modernizar y ampliar la democracia, habilitando el derecho al sufragio a casi 15% de la población que aún está mayoritariamente excluida del voto, por omisión del Estado en la implementación de su ejercicio extraterritorial.

En efecto, el ciudadano que no tenga los recursos para financiar su traslado en las jornadas electorales, previa regularización de su situación administrativa, no sólo se ve privado de cumplir con la obligatoriedad del voto, sino que además padece múltiples sanciones.

Contrariamente a lo afirmado por López-Guerra, las políticas de los sucesivos gobiernos han afectado y afectan muy directamente a la ciudadanía del exterior, en particular en lo que se refiere a oportunidades laborales, seguridad social, jubilaciones, pensiones, inversiones, tributación, cultura, derechos humanos, acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países en materia de educación, de intercambios comerciales, de promoción empresarial, etcétera. Es una falacia, por lo tanto, argumentar que las políticas de los sucesivos gobiernos no tienen incidencia sobre los uruguayos del exterior y sus familias, que no “padecerían” las consecuencias de su voto.

El derecho de todos los ciudadanos uruguayos a ejercer el voto es inalienable y lo sustentan varios artículos de la Constitución [1]. No hay en ella restricción explícita alguna para el ejercicio del voto que se refiera al lugar de residencia. Por el contrario, los pseudoprincipios expuestos por López-Guerra no se benefician del más elemental sustento legal, jurídico o constitucional, en particular la afirmación de que “en los sistemas representativos, el reclamo democrático es que los gobernados, y sólo los gobernados, tienen derecho a participar en la designación del gobierno al que están sujetos”.

La noción de sujeción de los gobernados a un poder que los domina, y la pretensión de excluir formalmente del sufragio a un quinto de la población, con el pretexto de su residencia extraterritorial, son particularmente ajenas a una filosofía democrática en un marco republicano, que contrariamente debe sustentarse en la participación, la emancipación y la igualdad ante la ley de todo ciudadano, miembro de la soberanía de la Nación.

Esta afirmación de CL-G parece incompatible con un país de alta e intensa tradición democrática como Uruguay. Se trata simplemente de una opinión, respetable como todas dentro de los límites de la libertad de expresión, pero no es de ningún modo, como se pretende, un principio democrático consensuado o formulado en algún texto fundacional uruguayo. Es una tentativa arbitraria de restricción de la ciudadanía que ni siquiera fue intentada en las peores horas de los años de dictadura.

Afirmar que “la nacionalidad no debe ser necesaria ni suficiente para poder votar en elecciones democráticas” implicaría que pudieran sufragar todos los extranjeros residentes en el territorio nacional, sin restricciones, pero fueran excluidos todos los ciudadanos uruguayos residentes en el extranjero, sin otro motivo que el de su residencia extraterritorial. Dicho de otro modo: los ex presos de Guantánamo, sí; Luis Suárez, no.

En esta perspectiva, se excluiría definitivamente del voto (¿por qué no también de la ciudadanía y de la nacionalidad, entonces?) a soldados y funcionarios uruguayos que cumplen misiones en el exterior, a trabajadores de empresas uruguayas temporalmente en el exterior, a estudiantes, a deportistas, a sus familiares… No sólo sería inconcebible, sería una pérdida irreparable de patrimonio nacional: sí, de patrimonio nacional.

Cortar voluntariamente los vínculos con los nacionales del exterior sería un caso único en el mundo: nunca a nadie se le ocurrió una barbaridad similar dentro de un marco democrático contemporáneo: profesionales, científicos, funcionarios, soldados, deportistas, artistas, trabajadores, estudiantes, familiares, jóvenes, mujeres, niños: ¡Chau, Pinela! ¡Prescindimos! Somos los que estamos, punto final. El mundo ancho y ajeno no interesa. Vivamos sin mirar al mar, sin auscultar el horizonte, sin osar levantar la mirada al cielo. El que se vaya, que sepa que está muerto cívica y políticamente para siempre…

¡Qué angustiante y triste pesadilla sería, para un país que ha ratificado tantos tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, cívicos y políticos [2], y que sigue siendo uno de los más ardiente defensores de la democracia en América Latina!

Fernanda Mora-Canzani

Coalición Ronda Cívica por el Voto en el Exterior, Consejo Consultivo de Uruguayas y Uruguayos de París

[1]: Artículo 8 (“todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”); artículos 73, 74 y 75 (tanto los ciudadanos naturales como los ciudadanos legales son uruguayos); artículo 77 (“todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación [y], como tal, es elector”, el voto es obligatorio); artículo 80 (la residencia en el exterior no forma parte de la lista de causas de suspensión de la ciudadanía); artículo 81 (la nacionalidad no se pierde por residir en el exterior, contemplándose el avecinamiento por medio de la inscripción en el registro cívico).

[2]: Entre otros: Declaración universal de derechos del hombre, Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1948, artículo 21 (“Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente elegidos [...] en elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto”). Pacto internacional de derechos civiles y políticos, ONU, 1966, artículo 25 (todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones indebidas, del derecho a “votar y a ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto”). Convención americana de derechos humanos, Organización de Estados Americanos, 1969, artículo 23 (obliga a los estados parte a garantizar a todo ciudadano “el derecho de votar y de ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto”). Convención sobre la protección de los trabajadores migratorios y sus familiares, ONU, 1990, artículo 41 (“Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación. Los estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos”).