La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas) y la Coordinadora de Sindicatos de la Energía del Uruguay organizaron un panel para analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que regula la importación, comercialización y distribución del gas natural, en el que participaron la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Carolina Cosse, el ex ministro Roberto Kreimerman, el diputado del Frente Amplio Luis Puig y el dirigente de Uaoegas Alejandro Acosta.

Cosse defendió el proyecto de ley y dijo que la iniciativa de introducir gas natural “en volúmenes importantes” tiene que ver con el cambio en la matriz energética. El nuevo proyecto divide la actividad “en importación, comercialización y exportación, como derecho exclusivo para el Estado”, que será ejecutada por intermedio de UTE y ANCAP, y define también que el transporte y la distribución serán “actividades declaradas servicio público”, agregó Cosse.

La jerarca también destacó que se establece que para importar gas se requerirá una autorización del Ejecutivo, y que “se genera una comisión del gas natural” integrada por el MIEM, UTE y ANCAP para asesorar al Poder Ejecutivo. Cosse dijo que el proyecto contempla que el mercado gasífero estará a cargo de ANCAP y el mercado de generación de energía eléctrica estará a cargo de UTE, y que habilita al Poder Ejecutivo a “generar un fideicomiso para tener herramientas de estímulo al mercado del gas natural”. “Es una gran oportunidad para el país de tomar esto como una gran herramienta para el desarrollo profundo y sustentable, de generación de nuevas fuentes de trabajo y de un nueva calidad de industria”, concluyó.

Acosta dijo que el rumbo que se había tomado con la aprobación, en la Cámara de Diputados, del anterior proyecto de ley del Poder Ejecutivo “no fue el más adecuado” y que “por suerte pensando entre todos”, se pudo “poner un alto” y rediscutirlo hasta lograr “otro proyecto, que es diferente”. El dirigente expresó que la empresa MontevideoGas, del grupo Petrobras, tiene grado 3 de riesgo financiero, “el peor” en la plaza local. Según Acosta, la privatización de la Compañía del Gas sólo tuvo consecuencias “negativas”, entre ellas la pérdida de fuentes de trabajo y el fracaso en la incorporación de usuarios. “Decían que en diez años iban a llegar a los 100.000 usuarios; se cumplen los diez años y seguimos con 42.000”, agregó.

El sindicalista opinó que “la gestión de la propia empresa lleva a déficits importantes”, y contó sobre el fracaso de una promoción para el uso de gas en la calefacción central de edificios y “la ola” de 2.000 escapes que ocurrió el año pasado. “El gestor del gasoducto Cruz del Sur, por un descuido, dejó pasar más odorizante [componente que le da el olor] en el gas, por lo que quedaron en evidencia todas esas pérdidas. Fue un caos, y la empresa no estaba preparada para afrontar esa situación. Ésa es la gestión privada”, sostuvo. Ante las caras de sorpresa de los presentes, Acosta los tranquilizó al mencionar que la deteriorada red de hierro fundido fue renovada y sustituida por una de polietileno.

El panelista señaló algunos “elementos” complementarios del marco regulatorio, como la finalización de la regasificadora, la gestión directa de la distribución por parte de ANCAP y la elaboración de un plan estratégico del gas.

Por su parte, Puig, que como diputado votó a favor del proyecto anterior, dijo que la aprobación se hizo “sin discutir” y que hay que mirarla en “un proceso de autocrítica”. El legislador, que también proviene de la Uaoegas, opinó que en la comisión de gas natural que se proyecta crear deben estar incluidos representantes de los trabajadores.

Kreimerman también manifestó su apoyo a la iniciativa. Expuso sobre los nuevos modelos de producción industrial y dijo que “los países que han construido una sociedad basada en los derechos de los trabajadores, la presencia estatal en los sectores estratégicos y en la soberanía en sus recursos son los que han podido dar un sentido positivo a esa transformación”.