Citaciones ante el Poder Judicial para revelar las fuentes de información, agresiones físicas, limitaciones al registro de hechos, presiones de quita de publicidad y hasta una amenaza con arma son algunas de las situaciones registradas en el primer monitoreo que se ha hecho de amenazas en el ejercicio de la profesión periodística. El estudio, titulado Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas, se publicó ayer y fue realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), bajo la coordinación del periodista Fabián Werner; contó con el apoyo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y la red Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión. El relevamiento de información partió de la recepción y recolección de denuncias, y se aclara que es posible que existan más casos.

Desde febrero de 2014 a marzo de 2015 se registraron 37 casos de amenazas a la libertad de expresión periodística. Cainfo subraya que “este número rompe la idea sostenida en los últimos años de que en el país no existen episodios que pongan en riesgo” el ejercicio de la libertad de expresión. La mayoría de los casos (22) ocurrió en el interior del país.

Interferencias

Las demandas judiciales para amenazar la libertad de expresión son, según el informe, la modalidad más reiterada: se reportaron nueve casos (cuatro en Montevideo, dos en Rocha, y otros tres en Soriano, Colonia y Cerro Largo).

El más significativo fue el de El Eco, de Colonia, a partir de una demanda de la Asociación Antipiratería que acusó al medio de utilizar software sin licencia, lo que implicó la incautación judicial del equipamiento informático del semanario, caso que se resolvió recientemente. Entre las ocho denuncias restantes, se consigna la citación de periodistas a revelar fuentes de información en tres casos: a periodistas del blog Fósforo por la nota del incendio intencional de contenedores de residuos en Montevideo (febrero de 2014), a periodistas de la Agencia de Noticias Soriano por un informe sobre el presunto abuso sexual de un militar en un campamento del Ejército (marzo de 2014), y a Samuel Blixen, Gabriel Mazzarovich y Roger Rodríguez por una investigación sobre la desaparición de Macarena Gelman y su madre, María Claudia García (marzo de 2014). Se consigna la denuncia penal por difamación que hicieron ex jerarcas del gobierno de Sergio Botana (Intendencia de Cerro Largo) por difundir la lista de sueldos de la administración departamental.

Entre las amenazas a periodistas, la más grave fue la que ocurrió en febrero en Treinta y Tres, cuando Ramiro Zeballos fue amenazado con un arma de fuego por Elías Fuentes, el secretario de la Junta Local de Cerro Chato, por la cobertura que el primero había hecho de su gestión. Hay también amenazas a fotógrafos y al caricaturista Fernando Videla, del semanario Batoví, de Tacuarembó, a quien el dirigente nacionalista Pedro Permanyer “le recriminó por un dibujo humorístico publicado junto a una columna política”, resume la publicación.

Dentro de la categoría “obstrucción del trabajo periodístico”, Cainfo menciona actitudes como la de no aceptar preguntas en conferencias de prensa, imposibilitar el acceso a edificios o lugares públicos o negar acreditaciones a eventos sin razones fundadas. Entre esos casos, se reseña la declaración de persona no grata que hizo en junio de 2014 la Liga de Fútbol de Río Negro al periodista Luis di Pascua, impidiéndole realizar la cobertura de sus reuniones, o cuando varias instituciones deportivas resolvieron no participar en los programas de Jorge da Silveira. También se menciona la actitud de la Mesa Política del Frente Amplio, que emitió en julio “una declaración en la que acusó a ‘periodistas’ de Río Negro de ‘operar políticamente’ a raíz de una cobertura sobre la gestión en el hospital público de Young”. Se reseña la carta enviada por Miguel Ángel Toma en octubre de 2014 a los organizadores de un debate presidencial para que retiraran la silla que no ocuparía Tabaré Vázquez, expresándoles “que no hicieran cosas que se prestaran para malinterpretar o generar algún inconveniente a la fórmula”, consigna el informe. Se rechaza, además, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de prohibir el uso de celulares, equipos de audio, video e informáticos durante las audiencias.

Entre los casos de hostigamiento físico se registra la agresión sufrida por el periodista floridense Javier Moreira en marzo de 2014 por un custodia de Vázquez.

Bajo la categoría “censura” se menciona el levantamiento del programa humorístico Córner y gol es gol, de Tevé Ciudad, bajo el argumento de que “hubo una sucesión de chistes reñidos con lo que tiene que haber en un canal público”, decisión tomada por el secretario general de la Intendencia de Montevideo (IM). Se consigna la denuncia de APU en agosto sobre las presiones en la campaña electoral luego de que el ex candidato Luis Lacalle Pou se comunicara con los canales televisivos para pedir que no se emitieran declaraciones suyas sobre el vínculo de un dirigente nacionalista con el narcotráfico en Durazno. Entre otros casos está la denuncia de APU al marcar la censura o autocensura de los canales de televisión montevideanos por omitir las sanciones aplicadas por la IM a los supermercados Disco.

El informe cuestiona la distribución de la publicidad oficial y los casos en que “sin motivos debidamente justificados” se negó a brindar información en el marco de la Ley de Derecho al Acceso a la Información Pública. El informe completo se puede leer en http://monitoreo.cainfo.org.uy; en esa web, además, Cainfo recibirá denuncias de amenazas a la libertad de expresión.