En la sala audiovisual del Instituto Nacional de la Juventud (Inju) los comisionados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Cardona y Sara Oviedo, tuvieron, sin duda, su cita más estimulante y enriquecedora de la apretada agenda que los trajo a Montevideo esta semana. Luego de encuentros con parlamentarios, organizaciones sociales, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), por fin escucharon las voces de quienes protagonizan sus recomendaciones efectuadas en marzo al Estado uruguayo. Unos 40 niños y adolescentes que participan en distintos programas sociales y centros juveniles de Gurises Unidos, El Abrojo, Luna Nueva y PROPIA, entre otras.

Las recomendaciones “son un reto que ponemos y que requieren condiciones objetivas y subjetivas para dar el cambio cultural que Uruguay necesita” para garantizar los derechos de la niñez, explicó Oviedo. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU examinó los informes periódicos que Uruguay presentó en enero y aprobó una serie de observaciones que se tradujeron en recomendaciones al Estado emitidas el 5 de marzo.

En diálogo con la diaria, los comisionados enfatizaron que los principales desafíos son cambiar el paradigma tutelar y “crear las condiciones básicas para que las recomendaciones hagan raíz en la sociedad”, sostuvo Oviedo. Eso supone algo que todavía falta en Uruguay: “La inclusión y participación de niños y adolescentes en la toma de decisiones sobre políticas públicas que les competen”.

“Debemos tratarlos como sujetos de derecho -no sólo pregonar que lo son- y pensarlos como actores sociales. Cuando no los escuchamos salimos perdiendo. Ellos tienen una voz fresca, una sabiduría especial, una voz más ligada a la inclusión, menos condicionada por intereses y prejuicios, una voz auténtica”, opinó la experta ecuatoriana. Para ello se debe “romper con la concepción tutelar que sigue vigente en las instituciones estatales y, por tanto, en la sociedad. La doctrina de la protección integral todavía no ha permeado aquí”, consideró. La participación “hace que los asumamos como sujetos sociales de derecho y, en este sentido, como actores sociales que puedan decirnos cuáles son sus prioridades y cómo ven a Uruguay”.

Su colega español agregó que los niños y adolescentes “siguen siendo un sector supeditado a las decisiones de los adultos”, que se asumen como “propietarios” de los más pequeños. “Ni por asomo se nos pasa la posibilidad de discutir con los chicos qué opinan del sistema educativo y qué cambios pueden proponer, qué les gustaría hacer con su tiempo libre, con sus espacios públicos”, dijo Oviedo. Sin embargo, una encuesta realizada en 2012 a 1.400 adolescentes de todo el país arrojó como dato que las preocupaciones de la juventud sobre la coyuntura nacional no están alejadas de las del mundo adulto: seguridad, embarazo adolescente, violencia doméstica, salud y discriminación fueron los temas que mencionaron en mayor medida. Las conclusiones de esa consulta nacional llevada adelante por el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay fueron expuestas por Megan Reyes, de 16 años, en la sede de la ONU en Ginebra, en junio de 2014.

En la ronda que se armó en el Inju, Cardona preguntó a Reyes si las recomendaciones emitidas este año reflejaban las preocupaciones y sugerencias realizadas por los adolescentes. La joven oriunda de Solymar (Canelones) respondió que sí, pero que ella estaba haciendo un resumen para compartirlas con sus pares en un lenguaje más accesible.

En las observaciones, los comisionados señalan que no se han aplicado recomendaciones que datan de 2007, como evitar la dispersión de datos -calificada como “incoherencias y lagunas”- que deberían estar contenidos en el sistema de información del INAU. También les preocupa que la administración de justicia juvenil siga en manos de jueces con escasa o nula capacitación y sensibilización sobre derechos de la infancia, carencias que también registran en educadores, funcionarios estatales, trabajadores sociales y en medios de comunicación, que estigmatizan a los adolescentes “representándolos como delincuentes”. “En la construcción de la imagen que la sociedad tenga sobre los adolescentes, mucho tienen que ver los medios de comunicación”, dijeron los expertos.

Si bien evaluaron que el nuevo gobierno “tiene voluntad de cambio”, existen “dificultades estructurales que provienen de la propia historia de Uruguay: demasiados organismos e instituciones, y por momentos no se sabe bien quién coordina, sumado a sistemas presupuestarios que acaban distribuyendo mal las partidas y a que no se asignan los recursos necesarios”, explicó Cardona.

Voces frescas

Una sola pregunta derivó en una explosión de ejemplos sobre vulneraciones de derechos que incluyeron estigmatización, discriminación, abusos de autoridad y malos tratos. Una joven preguntó a los representantes de la ONU si consideraban que la situación educativa de Uruguay estaba mejor o peor que en otros países y, luego de la respuesta de Oviedo, una palabra fue clave para desatar la participación de los niños y adolescentes presentes: “deserción”.

“¿Cómo puede ser que si hay casi 100% de cobertura en primaria haya tan alta deserción en el nivel secundario?”, cuestionó la comisionada. Las respuestas vinieron de las voces que deben ser escuchadas: se deserta por estar desmotivado, y la desmotivación es generada por desestimar algunos problemas de aprendizaje, así como por tener clases en salones (o contenedores) que se caen a pedazos y en los que se pasa mucho frío o mucho calor; también por otros problemas edilicios vinculados a que no hay espacios inclusivos; por el hostigamiento policial con patrullas en la puerta de los liceos, que limitan el uso del espacio público al entrar, salir o tener recreo en los centros educativos; y por la distancia kilométrica que hay entre pueblos y liceos.

Chivos expiatorios

Al comité le preocupa que “no haya una sanción específica para quienes infligen castigos corporales” a los adolescentes privados de libertad, señala el informe. “¿Por qué estamos convirtiendo a los adolescentes en chivos expiatorios?”, preguntó Oviedo. “La privación de libertad sólo va a acrecentar el temor y una profunda desconfianza hacia los adolescentes”, añadió.

Los abusos policiales, las torturas en comisarías y en centros de detención del Sirpa, así como las condiciones de hacinamiento y sobremedicación a jóvenes encerrados, son críticas sobresalientes en las observaciones internacionales. “Los casos de tortura son la máxima expresión de otras violencias y estigmatizaciones que se ejercen hacia los adolescentes. Seguimos manejando [para con ellos] una concepción de que nos molesta cómo se visten, la música que escuchan, cómo se expresan y cómo toman los espacios públicos. Para que las recomendaciones que hacemos queden enraizadas en el país, los temas de los adolescentes deben comenzar a ser parte de la agenda nacional”, manifestó Oviedo.

“Fuimos niños y nos olvidamos”, agrega Cardona. “Creemos que sabemos lo que es mejor para los niños, pero ellos tienen derecho a ser escuchados, debemos promover su voz”.

El experto español se explayó respecto de las críticas sobre el Sirpa: “Las nuevas autoridades del Sirpa son conscientes de que las torturas se han producido, no lo niegan, pero los torturadores siguen trabajando ahí dentro. No ha habido la purga que se debió hacer. Uno de los obstáculos es el sindicato [SUINAU], que impide remover a los funcionarios [acusados de malos tratos]; los directores y el personal no están calificados para trabajar con adolescentes. Es necesaria una reforma profunda del personal del Sirpa para que haya personas que sepan tratar con adolescentes”.

Interés superior

Este concepto es un ítem especial de las recomendaciones, en el que el comité pide que “se elaboren procedimientos y criterios para promocionar orientación a todas las personas competentes, a fin de que determinen cuál es el interés superior del niño en todos los ámbitos y le otorguen la debida importancia como consideración primordial”.

Si bien puede resultar un término “muy etéreo”, al decir de Oviedo, la experta recalcó que éste tiene como propósito “garantizar el desarrollo integral holístico del niño”. Ambos comisionados estaban al tanto del caso de la niña de 11 años que quedó embarazada producto de la violación de un hombre de 41 años y que las autoridades consideraron que podía seguir adelante con el embarazo, en vez de interrumpirlo, porque primaba su “interés superior” y se velaba por la construcción de su “autonomía progresiva”.

“En este caso, ¿qué desarrollo le estamos garantizando a esa niña?”, cuestionó Oviedo. “Aquí se tomaron ciertos valores morales, especialmente las opiniones de los médicos, que creyeron saber qué era lo mejor para esta niña. Se hizo un aprovechamiento del término en su peor sentido. Hubo una mala práctica, una mala interpretación respecto de la aplicación del interés superior. Debemos, mediante un diálogo franco y abierto, explicarles [a los niños] cuál es la situación concreta que pueden llegar a vivir si sigue con su decisión y guiarlos, no decidir por ellos”.

“El concepto ha sido utilizado por muchos estados a lo largo del tiempo para violar sistemáticamente los derechos de la infancia”, añadió Cardona, y explicó que, para evitar errores, el comité emitió la observación general N° 14 (“El derecho del niño a que su interés superior sea una recomendación primordial”), que explica cómo hay que evaluar y determinar el interés superior y cuáles son los procedimientos.

“Hay que evaluar la opinión de la niña, pero ésta no es el único elemento a considerar -dijo el comisionado-. En este ejemplo era claro que proteger su interés superior era interrumpir el embarazo, porque se trataba de una niña de 11 años, con falta de madurez suficiente para adoptar decisiones [tenía un leve retraso mental], cuyo abusador era del entorno cercano a la familia y tenía mucha mayor edad [41 años]. Se le trunca la infancia y se la convierte en madre; va a tener una adolescencia marcada por su maternidad. El interés superior del niño es que se cumpla el conjunto de sus derechos. No es ‘lo que yo pienso que es lo mejor para el niño’, sino ‘lo que es mejor para el niño’”, concluyó. Garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia mediante una escucha atenta sería una forma de recuperar el tiempo que los adultos han perdido.