La coordinación de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) analizó ayer el “tono” que podrá tener el encuentro que los legisladores protagonizarán el jueves con el presidente Tabaré Vázquez.
Según publicó El Observador, el presidente está molesto por la lentitud del trámite parlamentario que han tenido los proyectos de ley que el gobierno envió al Parlamento, y se lo hizo saber al vicepresidente Raúl Sendic, quien le respondió durante una sesión del gabinete que el trámite de los textos no son responsabilidad exclusiva del Parlamento, sino también del Poder Ejecutivo, ya que hubo errores de redacción en algunas de las iniciativas.
El diputado oficialista Carlos Varela (Asamblea Uruguay) explicó que se hizo un relevamiento de los proyectos y sus respectivos tratamientos. En la bancada esperan recibir información sobre futuros proyectos de ley que el Ejecutivo estaría dispuesto a enviar al Parlamento. Respecto de los posibles cuestionamientos de Vázquez, Varela dijo que “nadie planteó una eventual crítica” y además adhirió a la respuesta de Sendic, argumentando que “muchos proyectos no fueron demorados por la bancada, sino por otros aspectos, que tuvieron que ver con su elaboración a nivel del Ejecutivo”. Este razonamiento es compartido por varios integrantes de la bancada, de diversos sectores.
De los diez proyectos de ley que el gobierno envió al Parlamento al inicio del mandato, tres fueron modificados por el propio Ejecutivo debido a errores en su redacción (el del Impuesto de Primaria para los inmuebles rurales, el del Fondo de Desarrollo [Fondes] y el del Sistema Nacional de Cuidados). Actualmente, dos proyectos ya fueron aprobados por el Parlamento (creación de nuevos municipios y ajustes en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas), tres tienen media sanción (la Fiscalía de Corte como servicio descentralizado, la extensión del Impuesto de Primaria, la Secretaría de Deporte) y otros cinco todavía están siendo estudiados en comisiones (el Fondes, el Sistema Nacional de Competitividad, el Sistema Nacional de Cuidados, la creación de la Secretaría de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, y la transformación de la Junta de Transparencia en un servicio descentralizado).