La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) publicó ayer el tercer Informe anual, que presentó a la Asamblea General el 30 de abril. El capítulo referente al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP) se destaca por la síntesis que hace de su labor de monitoreo y denuncias sobre malos tratos y condiciones de encierro en centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y describe las primeras acciones que lleva adelante desde setiembre del año pasado en centros de atención integral y tiempo completo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en los que advierte una “falta de oferta diferenciada” para niños de hasta 18 años, la internación como respuesta “más frecuente” para quienes ingresan al sistema de protección -en lugar de promover la reunificación familiar o las familias de acogida- y “extensos” tiempos de permanencia en estos espacios. Se trata de un escenario de “gran heterogeneidad” en el que faltan respuestas “especializadas”.

El MNP manifiesta su preocupación por la asiduidad de los traslados de niños y adolescentes a centros por fuera de los departamentos donde residían; situación que va en detrimento de resguardar su derecho a crecer en su lugar de origen, “implica desarraigo y dificulta la mantención del vínculo con referentes significativos asociados a dicho lugar”. Las recorridas del equipo interdisciplinario incluyeron el monitoreo de 44 de los 182 centros que atienden a una población total de 4.217 niños. Sobre las instituciones de grandes dimensiones y con un elevado número de niños y adolescentes en sus instalaciones, el MNP advierte que se expone a éstos “a una violencia estructural derivada de las mismas condiciones de cuidado que se dan en ellas”. Por último, recomienda a las autoridades del INAU una “intervención urgente” en dos centros: cambios en la puerta de ingreso al centro Tribal; y otra que exhorta al cierre del hogar de Minas.

Sobre las difundidas denuncias por malos tratos, hacinamiento y sobremedicación en centros del Sirpa, se subraya la necesidad de que la tortura se tipifique como delito en el marco de la reforma del Código Penal; que el funcionariado reciba capacitación específica para trabajar con adolescentes y que se promueva la aplicación de medidas no privativas de libertad, que impliquen un acompañamiento en el preegreso y egreso de jóvenes que cometieron infracciones. El informe señala que en el trabajo de preegreso se registran “deficiencias” porque se abarca “sólo el tema laboral y no integral (que tenga en cuenta la familia, educación, salud, redes)” en vez de un enfoque transversal.

Observaron “una falta de sano equilibrio” entre los criterios de seguridad y la finalidad socioeducativa asignada, ya que varios funcionarios entienden que “mantener la seguridad” en los centros es prohibir el material de estudio y lectura en las celdas, “para evitar incendios y/o otras finalidades ilegítimas”, o utilizar las puntas de los cepillos dentales para la higiene dental sin mango “para evitar cortes”, o prohibir la falta de espacios comunes de socialización como el comedor, criterios “innecesarios, inconvenientes e inconducentes, que potencian situaciones de riesgo de malos tratos”.

El MNP planea monitorear el cumplimiento de medidas alternativas a la privación de libertad, teniendo al programa de medidas socioeducativas y mediación (Promesem) como organismo de contralor, y lograr una base de datos de las medidas alternativas para analizar su efectividad, posible mejoramiento y aplicabilidad.

A la vez, “para que torturas y malos tratos no queden en la impunidad”, promoverán el diálogo con autoridades administrativas y judiciales para entregar los hallazgos (registro fotográfico y declaraciones de adolescentes afectados) de violaciones flagrantes, y lograr mayor celeridad en las investigaciones, asegurando que la Justicia penal competente esté “inmediatamente” en conocimiento de los hechos. En este sentido, marcaron la necesidad de que exista asistencia técnica legal para los adolescentes ante las denuncias o quejas que éstos realicen, y de que cuenten con las máximas garantías. Hoy en día, los defensores “no acuden a los centros y su contacto con la situación y los niños se limita la mayoría de las veces a la instancia de la audiencia”, destacaron.

El MNP también comenzó a realizar visitas a cárceles. En este sentido planifica mayor coordinación y consenso con la oficina del Comisionado Parlamentario y abordar la situación de personas LGBTI privadas de su libertad, por constituir una población con múltiples vulnerabilidades. “De la investigación realizada e información recabada se pudo constatar que no existen informes con base científica sobre esta población como tampoco modelos de actuación definidos que sean claros y permanentes en los diferentes establecimientos, como tampoco un criterio uniforme que se base en normas legales y/o reglamentarias previamente establecidas”, señala el documento.