El gobierno y un consorcio de tres empresas privadas firmaron el martes el contrato para la construcción de la cárcel de Punta de Rieles. Ésta es la primera vez que se concreta un proyecto mediante la modalidad de Participación Público Privada (PPP), aunque en el pasado se habían realizado algunas instancias de colaboración. “Los contenedores de chapa en los que se cocinan en verano o se congelan en invierno los presos del penal de Libertad fueron comprados a empresas privadas a las que se les paga a crédito”, explicó un jerarca del Ministerio del Interior. Si bien desde el gobierno se evalúa como “muy positivo” que se haya concretado un proyecto en la modalidad de PPP, también existe “preocupación” por el hecho de que por el momento no hay otros emprendimientos en vista. De todas maneras, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, se mostró confiado en que este tipo de asociaciones empezarán a volverse más frecuentes “a medida que aumente el número de presos y haya que construir más cárceles”. El principal objetivo de la nueva cárcel es solucionar los problemas de hacinamiento que existen en el sistema penitenciario uruguayo, generados, entre otros factores, por el aumento en el número de reclusos y el deterioro de las instalaciones a raíz de los motines. “Con el aumento de la cantidad de presos aumenta también el hacinamiento, que genera un clima de violencia que potencia los impulsos violentos de los delincuentes y los lleva a amotinarse y a destruir las instalaciones, cosa que a su vez aumenta el hacinamiento. ¿Qué inversor no va a querer invertir en un negocio como éste? No hay manera de perder”, declaró Astori. Con respecto a la posibilidad de que se concreten proyectos de PPP en otras áreas, el ministro afirmó que hay que evaluar la situación con “cautela”. “El estado de deterioro permanente que hay en los locales educativos es visto con muy buenos ojos por los inversores, pero ahí el Estado aún no fracasó del todo. No hay que generar falsas expectativas”.