“Yo creo que es algo que los agentes tienen asumido, y que el gobierno lo diga no cambia las percepciones de los empresarios”, opinó la coordinadora del Grupo de Análisis Macroeconómico del Instituto de Economía (Iecon), Gabriela Mordecki, consultada por la diaria respecto del impacto de los dichos de Ferreri en las expectativas de los agentes. “El gobierno trata de ser realista y de adaptar sus propias proyecciones a esta realidad de menor dinamismo, y eso no me parece que sea una sorpresa para nadie”, agregó.

Por su parte, el director de la consultora Oikos, Pablo Moya, consideró “positivo” que los hacedores de política “tengan la flexibilidad de cambiar su posición frente a la realidad, que no siempre condice con los escenarios de proyección planteados a nivel del gobierno”. “Esa confianza y autoestima están en proceso de construcción”, afirmó el viernes Ferreri, aunque Moya dijo a la diaria que más que pedir a los agentes mayor confianza espera “algún hecho concreto, como la modificación del rango de expectativas inflacionarias”, para “concretar el discurso” del gobierno. “Eso sí sería una señal muy contundente de que el equipo económico está considerando las expectativas de los agentes”, afirmó.

En la misma línea fue el socio de Deloitte, Pablo Rosselli, quien opinó que “para actuar sostenidamente sobre las expectativas, lo que hace falta es que las políticas económicas resulten consistentes” con los anuncios del gobierno. “Siempre parece ser un dilema para el gobierno reconocer o no la magnitud de los problemas, porque uno razonablemente puede pensar que si el gobierno reconoce los problemas esto puede retroalimentar negativamente las expectativas. Pero tiendo a pensar que lo que termina predominando sobre las expectativas son los factores objetivos”, que en el caso de Uruguay son “la conjunción de unos desequilibrios macroeconómicos que no van a resultar compatibles con el mantenimiento de una senda de crecimiento saludable”, sostuvo. Según dijo a la diaria, éstos serían “un déficit fiscal elevado, un déficit de cuenta corriente también alto, bajos niveles de competitividad y una inflación persistente”.

El escenario

Los tres analistas consultados coinciden, a grandes rasgos, en su visión respecto del escenario económico local. “De cauto optimismo” lo define Moya, y amplía: “La cautela viene por el lado de los indicadores macroeconómicos que se van a ver deteriorados: el desempleo, las exportaciones y la actividad industrial”, mientras que el optimismo refiere a “cuando uno compara el estado de la economía local con el resto de la economía mundial y regional”. “En Uruguay hay claramente una menor tasa de crecimiento, pero sigue siendo crecimiento; hasta en los escenarios más pesimistas, no se está pensando en una caída del PIB [Producto Interno Bruto], en un escenario de recesión”, afirmó.

Mordecki consideró que los problemas que enfrenta la economía son “más bien externos”: “Tanto Argentina como Brasil están enfrentando problemas, la Unión Europea tampoco termina de resolver los suyos, en Estados Unidos tampoco hay un dinamismo grande, y la economía china se sigue enfriando, lo que determina un escenario que potencialmente no aparece como positivo”. En cuanto a la economía local, la investigadora del Iecon considera que “está sólida”, más allá de que su déficit fiscal esté “algo elevado”; “la economía está bien, pero un crecimiento menor generaría menor demanda, y es probable que eso se vuelque al mercado de trabajo”, proyectó. “Es un escenario de enlentecimiento y de poca perspectiva, pero lo que salva a Uruguay de una eventual crisis es la fortaleza institucional”, agregó.

Sobre la competitividad se detuvo Rosselli, quien afirmó que “el camino de desaceleración que está recorriendo el país no se va a revertir, a no ser que ésta se mejore sensiblemente”. La competitividad en referencia al tipo de cambio, pero también a los costos salariales: “Es necesaria una política más contractiva de lo que el gobierno está anunciando, y una moderación de salarios sustancial”, opinó el socio de Deloitte, y afirmó que “es poco probable que la desocupación no siga subiendo si los salarios reales siguen aumentando a un ritmo de 2% o 3% anual, como lo vienen haciendo hasta ahora”.

Relatos de mar

Pero el velero que el gobierno capitanea no sólo debe sortear las aguas turbulentas, sino también las inquietudes de su propia tripulación. En el oficialismo nadie niega la existencia de un contexto regional adverso, pero lo que sí parece estar en discusión es cuál es el mecanismo a llevar adelante ante un escenario de este tipo.

“Cuando se habla de mesura, hay que cambiar la preocupación y los ejes de discusión”, dijo el diputado oficialista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo). Según sostuvo el legislador, el oficialismo debería darse otro tipo de discusiones como, por ejemplo, la revisión de exoneraciones a la actividad privada o la posibilidad de “cargar la situación sobre aquellos sectores que se han beneficiado históricamente en el país”. El legislador, que aseguró que es necesario “cambiar la ecuación” a la hora de abordar una perspectiva desfavorable, sostuvo que “hay un primer elemento a discutir que no se ha discutido, que tiene que ver con las tasas de ganancia de los empresarios”.

No está en el menú

“No estamos incluyendo en nuestro menú de opciones de política económica un incremento de la carga tributaria, que pesa en particular sobre la producción y sociedad en su conjunto, y esto lo volvemos a afirmar hoy”, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ante una pregunta de un empresario respecto de un eventual aumento de la carga fiscal al sector. “La coherencia que tenemos que buscar no es simplemente por el lado financiero, sino por la capacidad de gasto que tiene el país”, puntualizó. En particular, sostuvo que nunca ha descartado la apertura de la participación accionaria de las empresas públicas a la sociedad, y, por otro lado, respaldó la incorporación de herramientas de gestión, eficiencia y medición periódica de los resultados para las empresas estatales.

Puig también se mostró crítico respecto de la posibilidad de achicar el caudal de inversiones de las empresas públicas. El gobierno busca que éstas corrijan su situación fiscal deficitaria y que aumenten sus aportes a Rentas Generales en 600 millones de dólares, según dijo Astori en una conferencia realizada el 14 de mayo. Con miras a cumplir ese objetivo, el jerarca sostuvo que todas las inversiones de los entes y servicios descentralizados están a “estudio” por parte del gobierno. “Se hace un planteamiento de poder generar ahorros en las empresas públicas, pero en realidad sus inversiones han generado empleo y desarrollo productivo. Plantearse restricciones allí puede ser peligroso”, consideró Puig.

El diputado socialista Gonzalo Civila interpreta que hay que ser “cauteloso antes de agrandar los beneficios a sectores que tienen alta capacidad contributiva o concentrar la riqueza”. En ese marco, sostuvo que el análisis debe concentrarse en “ser fuertes con los fuertes”. Según dijo, “no puede haber, desde una perspectiva de izquierda, una reacción ante un contexto adverso que implique un recorte de nada. Eso sería una mala receta. Hay que invertir, porque la inversión es multiplicadora de la economía”. Además, entiende que es necesario buscar “recursos genuinos” analizando las rentabilidades de algunos sectores económicos que han generado “ganancias extraordinarias”, para ver “dónde hay margen para obtener recursos”, teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con los compromisos electorales.

En la oposición, en cambio, se entiende que el gobierno en los hechos ya está haciendo un ajuste de carácter generalizado. “El gobierno está subiendo impuestos”, afirmó el senador nacionalista Álvaro Delgado, que enumeró, entre otras medidas oficiales, el “tarifazo” de febrero (así le denomina la oposición al aumento de tarifas de UTE y OSE, de 6,9% y 9%, respectivamente, cuando la inflación anual fue de 8,26%), el aumento del Impuesto Específico Interno por encima del Índice de Precios al Consumo y el retiro de la exoneración de IVA a determinadas carnes. “Están tratando de ajustar para generar liquidez y mayor recaudación. En la campaña dijimos que el Frente Amplio iba a poner más impuestos, y en los hechos lo ha hecho. Y vamos previendo que va a haber un aumento de los combustibles, producto del déficit de ANCAP”, dijo Delgado a la diaria.

Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional, ilustró la situación diciendo que el gobierno debe “hacer coincidir algunas variables que van en sentido contrario”: “Debe conseguir abatir el gasto consolidado. Además, tiene que enfrentar el presupuesto actual incorporando nuevas cosas con un crecimiento menor de la economía y menos recaudación, y a eso hay que sumarle compromisos electorales que dice que va a cumplir. O disminuye los gastos o los compensa con mayor endeudamiento o con nuevos ingresos, que vienen por el lado de los impuestos”.

Según Gandini, el gobierno parece “encaminado a hacer un ajuste chico”, aunque su efectividad dependerá, entiende, de cómo se realice el cumplimiento de los compromisos electorales. “Hoy hablan de gradualidad, lo que parece indicar que el cumplimiento de los compromisos electorales se va a ir postergando. También empieza a aparecer un ajuste en la inversión de las empresas públicas”, señaló.

Según sostuvo, lo que se debería haber hecho es “reducir de modo importante el gasto público en unas cuantas áreas, porque, precisamente, habíamos dicho que esto iba a pasar”.