Los de afuera no son de palo

Cada año el Departamento de Estado de Estados Unidos recopila información sobre derechos humanos en los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. El jueves se publicó el informe correspondiente a 2014; el capítulo dedicado a Uruguay señala que “el uso generalizado y prolongado de la detención preventiva, que causó grave hacinamiento y duras condiciones en algunas cárceles; la violencia contra la mujer y la trata de personas” son los “principales problemas” del país (original en inglés, traducción de la periodista). Sobre este último punto, el informe sostiene que Uruguay es “país de origen para mujeres y niños víctimas de tráfico sexual y, hasta cierto punto, una nación de tránsito y de destino para hombres, mujeres y niños explotados”, y que “no cumple con los mínimos estándares” para erradicar la trata. Por otra parte, también destacan la discriminación social contra los afrouruguayos.

El informe está organizado en varias secciones. La primera trata sobre “el respeto a la integridad de la persona”, que incluye, entre otros, una descripción y valoración de las condiciones de las cárceles y centros de detención: son “duras” y, en algunos casos, “una amenaza para la vida”. Señalan que el problema persiste por “la corrupción policial; las armas de fuego y drogas” que existen dentro; “el tráfico de narcóticos y la extorsión de las pandillas carcelarias; el pobre mantenimiento de la infraestructura y de los servicios; el uso excesivo de la fuerza y el confinamiento solitario como medidas de disciplinamiento”, a lo que se suma “una inadecuada atención médica y la falta de personal”.

Respecto de las “condiciones” de las cárceles cita un informe elaborado por el comisionado parlamentario en 2013, Álvaro Garcé, que sirve como puesta a punto del sistema penitenciario: hay 9.771 presos, de los que 625 son mujeres; de ellos, 65% está esperando una sentencia. Según dice, “el aumento de la delincuencia, la reincidencia (50-52%) y el uso generalizado de la presión preventiva” son las causas principales de hacinamiento y de que el sistema esté en 126% de su capacidad. Pero no todas las cárceles están colapsadas: el informe señala específicamente que en Domingo Arena, donde van a parar los militares y policías sentenciados por violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), “las condiciones difieren enormemente de las otras prisiones”: “Las celdas están amuebladas, tienen televisión por cable y nevera. Los presos tienen libre acceso a los teléfonos públicos”. A su vez, el informe del comisionado destacó los siguientes problemas: “la disminución de salidas temporales más allá de las paredes de la prisión; el uso excesivo de la fuerza y del régimen de aislamiento como medida disciplinaria; una dieta pobre en cantidad y calidad”. También señala que en las prisiones uruguayas la incidencia de tuberculosis es 30 veces mayor que en la población general; critica, además, “la ineficiencia y la omisión en la coordinación de acceso a los servicios médicos” y “la falta de tratamientos alternativos para drogadictos”.

El Sistema de Reclusión Penal Adolescente (Sirpa) -dependencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay- tampoco escapa a las críticas del Departamento de Estado de Estados Unidos. “697 jóvenes están encarcelados en 17 instalaciones con capacidad para 350”. El informe recuerda que en abril de 2014 la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) “denunció hacinamiento, condiciones inhumanas y degradantes, y el uso excesivo de la fuerza y drogas psicotópicas” en los hogares de la Colonia Berro, principalmente en Burgues y en Ser. La situación de hacinamiento en los centros es “muy grave”; en las “celdas pensadas para cuatro hay ocho personas, encerradas 23 horas al día”, sin acceso adecuado a elementos sanitarios ni materiales de lectura. También cita al Comité de los Derechos del Niño, que nuclea a 26 organizaciones no gubernamentales, y al Instituto de Estudios Legales y Sociales, que agregaron al informe de la INDDHH que “las autoridades de Sirpa carecían de un plan claro de acción y de una estrategia general para hacer frente a las necesidades de una población vulnerable”.

Es lo mismo pero no es igual

Otra de las secciones del informe trata sobre las elecciones y la participación política. En el apartado “Participación de las mujeres y minorías”, se señala que “las mujeres tienen participación, pero principalmente en los niveles medios y bajos”. “Es notable la insuficiente representación [de las mujeres] en los niveles medios y superiores del gobierno”. Observando la legislatura pasada, señalaba que “dos de 30 senadores y 12 de los 99 representantes son mujeres. Dos de los 13 ministerios y 4 de las 19 intendencias están administradas por mujeres”. En octubre, debido a la ley de cuotas, “el número de senadoras [electas]aumentó a nueve y en Diputados a 14”. Otro de los aspectos que se destacan es que, a pesar de que por ley las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres, enfrentan discriminación en “el empleo, pago, crédito, educación, vivienda y la propiedad del negocio”. “La ley no estipula el mismo pago por el mismo trabajo”, sin embargo, ningún caso de discriminación de género ha sido litigado, sostiene el informe.

El primer informe anual se realizó en 1970, a pedido del Congreso estadounidense, con el objetivo de “tener una visión autorizada sobre la situación de los derechos humanos en los países receptores de ayuda de Estados Unidos”. Michael Kozak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, explicó que lo elaboran para informarse sobre la situación actual mundial: “Proporciona al lector información que le permite tomar decisiones. Simplemente se trata de dejar que sean los hechos los que hablen por sí mismos”, dijo, según la página web de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado. A su vez, comentó que este informe tiene más de un millón de visitas al año.