El 15 de junio fue definido en 2011 por las Naciones Unidas como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. La fecha fue conmemorada ayer de diversas maneras. Por primera vez se organizó la “Marcha de los bastones”, que caminó por 18 de Julio desde la plaza Libertad hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo pidiendo mayor accesibilidad y buen trato, y el Instituto Nacional del Adulto Mayor (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó el Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que funciona desde hace algunos meses en el barrio capitalino de Unión para abordar situaciones que ocurran en Montevideo y el área metropolitana. Pero además de eso, en la 45ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay firmaron la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. La agencia Efe reseñó anoche que la convención protege el derecho a “la igualdad y la no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y a la autonomía, el derecho a la participación y a la integración comunitaria, y el derecho a la seguridad y a una vida sin violencia”.

Buena parte de esos reclamos estaban comprendidos entre las reivindicaciones de los marchantes. En diálogo con la diaria, Silvia Tron, vicepresidenta del Centro Interinstitucional de Colaboración del Adulto Mayor (CICAM), que en conjunto con el Municipio B de Montevideo convocó a la marcha, subrayó que la movilización tuvo por lema “una vejez activa”. El CICAM brinda cursos, talleres, actividades recreativas y tiene además un consultorio para atender situaciones de violencia y maltrato, pero Tron indicó que para poder movilizarse no alcanza con la oferta de actividades, sino que tienen que existir los medios para movilizarse: ómnibus, taxis y rampas, ejemplificó. El principal motivo de la marcha fue sensibilizar sobre el tema: “Que vean que los adultos mayores tienen presencia, voz y voto”, desafió Tron.

Situaciones de violencia

La atención de adultos mayores por abusos no está cuantificada. Mauricio Guarinoni, director nacional de Gestión Territorial del Mides, señaló el desafío de mejorar los sistemas de información del ministerio para poder determinar cuántas de las 2.115 personas que se han atendido por situaciones de violencia en oficinas del Mides de todo el país en el último año y medio son adultos mayores.

El Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar presentado ayer cuenta con dos trabajadoras sociales, dos psicólogas y dos abogadas. Funciona en base a un convenio que mantienen desde enero de 2015 la Asociación de Profesionales para el Estudio Social Integral y el Mides. La titular del Mides, Marina Arismendi, comentó que hasta ahora “el tejido social especializado ocupó el lugar que obligatoriamente tiene que ocupar el Estado”. Adriana Rovira, directora de Inmayores, agregó que no existía un servicio estatal especializado en violencia intrafamiliar, y que el que se presentó ayer “es un ensayo, una forma de pensar cómo colaborar” en dar respuesta a la problemática.

En estos meses de trabajo 200 personas han hecho consultas en el Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar; 84% de ellas son mujeres, pero Rovira indicó que entre las víctimas también hay hombres mayores. El servicio apunta a dar “acompañamiento jurídico, psicológico o de las políticas sociales necesario para resolver y empezar a trabajar en la situación de violencia”. Se busca que la persona “se empodere”, enmarcó Rovira: “Es una persona autónoma, con capacidad de tomar decisiones. Tiene que poder involucrarse en el proceso de construcción de la estrategia de salida de la situación de violencia, no puede trabajar otro para resolverlo”, expresó. Añadió que no es fácil romper con las situaciones de violencia porque “hay dependencias económicas, afectivas o miedo, o un fuerte compromiso emocional con la persona agresora; muchas veces son hijos o hijas”.

La directora de Inmayores también considera que la situación de violencia que viven los adultos mayores está invisibilizada. “Hay una situación naturalizada de que la persona, por ser mayor, no tiene derecho a decidir sobre sus bienes, su vida ni sobre las cosas que quiere. Empieza a ejercerse un dispositivo de poder, a veces de muchos años, y eso termina en una situación de violencia psicológica, física, abuso sexual, patrimonial, en la negligencia o el abandono”, lamentó. Insistió en la necesidad de trabajar más en la sensibilización. “Falta que los actores puedan pensar que una persona mayor tiene mucho para aportar a la cultura, a la familia, al proceso comunitario de la sociedad”. Señaló que “la edad es un gran estructurante de prejuicios en nuestra sociedad moderna” y que parte de esa visión es la que lleva a asociar a los jóvenes con la violencia y a las personas viejas con la decadencia.

Durante la presentación, la OEA discutía la convención. Rovira resaltó su importancia y confió en que pronto sea ratificada por Uruguay.

La violencia contra los adultos mayores no sólo ocurre a nivel intrafamiliar, advirtió Tron. Tanto Arismendi como Rovira mencionaron el rol asumido por el Mides para controlar, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, las residencias para personas mayores. De las 1.007 residencias que hay en todo el país, el Mides detectó situaciones de vulneración de derechos en 140; en estos casos se está haciendo un seguimiento y visitas continuas, que también han implicado sanciones. Se ha identificado, por ejemplo, lugares que no permiten las visitas de familiares o no dejan salir a los residentes. Lo más común es la detección de déficit de recursos técnicos y de conocimiento, con cuidadores con bajo nivel educativo, bajos salarios e informalidad.