Por inclusión financiera se entiende el acceso de toda la población adulta de un país a los productos y servicios financieros que proveen las instituciones financieras, explica el quinto Cuaderno sobre Desarrollo Humano de la serie “Futuro en Foco” que edita el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay.

En un mundo donde la financiarización de las actividades cotidianas de hogares y familias es creciente, la exclusión de algunos hogares de esta esfera significa también exclusión del aprendizaje de administrar ingresos y gastos, y de gestión financiera. Según los autores, existen varios motivos para esta exclusión: desde la academia se destaca “la información imperfecta” con que cuentan los intermediarios financieros, “debido a la dificultad de conocer una clientela numerosa y su compromiso para el repago -o riesgo moral-”; desde la práctica, los bancos se justifican porque “el costo administrativo del ‘minoreo’, basado en operaciones individuales de monto reducido, desincentiva la incorporación de este tipo de clientes y operaciones”. En este sentido, Failache dejó claro en la presentación que “hay que derrocar esa actitud paternalista de la clase media y alta; desmitificar esa asunción de que los pobres son incapaces de gestionar sus finanzas”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, afirmó en la presentación del estudio que “el imaginario colectivo se equivoca cuando dicen que [los pobres] no son buenos a la hora de pagar” y esto se comprueba con la devolución a los préstamos que efectúa República Microfinanzas del Banco República, una institución que brinda créditos a tasas de interés inferiores a las del promedio del mercado.

Pero hay más trabas; a las ya mencionadas, se agregan las exigencias de documentación cuando los ingresos son, muchas veces, irregulares. Los pobres carecen, en su gran mayoría, de garantías, y cuando cuentan con propiedades inmuebles, éstas son de bajo valor. Además, la lentitud del sistema judicial en la ejecución de deudores limita aun más el acceso al crédito para estos sectores. No menos importante es la autoexclusión de este tipo de hogares por cuestiones “culturales y sociales”.

Hecha la ley, hecha la trampa

“A partir de la crisis de 2002, hay una reconsideración de la pobreza”, establece Failache, en el intento de comenzar a explicar la “renovación del compromiso del gobierno nacional”, que recientemente ha incorporado de manera explícita el objetivo de la inclusión financiera, mediante el impulso de la Ley 19.210. La Ley de Inclusión Financiera y Bancarización fue aprobada en abril de 2014, únicamente con el voto de los legisladores del Frente Amplio, con el objetivo de reducir el efectivo de las calles, pero también, y en vista de que la expansión de los medios de pago electrónico es inevitable, asegurarse de que las oportunidades sean las mismas para todos.

Para considerar la situación actual de la inclusión financiera en Uruguay corresponde tener presente la distribución de activos e ingresos entre los hogares. Según la investigación de Failache, los deciles más pobres no cuentan con activos financieros, y la cantidad de hogares propietarios de activos, así como el valor de dichos activos, aumenta con el nivel de ingreso. Otra conclusión indica que el porcentaje de hogares del primer decil de ingresos (el 10% más pobre del país) que tienen deudas bancarias es inferior que en el resto de los deciles, con lo que aumenta la importancia de otros intermediarios financieros no bancarios. También los préstamos concedidos por particulares son más frecuentes en los deciles más pobres. Pero un aspecto relevante desde el punto de vista de la inclusión financiera es que la información agregada por quintiles trasluce que los hogares que componen cada quintil no se comportan de manera uniforme: puede ocurrir que existan hogares con capacidad de ahorro, en tanto otros deben recurrir al endeudamiento para cubrir sus gastos anuales. “El primer quintil (el 20% de los hogares más pobre) desahorra, pero si entramos a desagregar -advierte Failache-, hay familias dentro de éste que ahorran. Esto nos saca de la visión de que los pobres ‘no saben cómo comportarse’”, insiste el economista, “para desmitificar el tema de la pobreza como un síndrome”.

A más de un año de la aprobación de la ley, que comenzó su reglamentación en agosto, las propuestas del trabajo de investigación asignan importancia a la “gradualidad” en su implementación, la relevancia de la educación en los temas financieros y la importancia de los canales no bancarios para lograr la inclusión financiera.

Los autores son críticos con el hecho de que la ley se concibe para el aumento de la bancarización, y en este sentido promueve “la inclusión bancaria sin plantear una estrategia para los sectores pobres y de menor ingreso”, algo vital considerando las inequidades de la exclusión financiera mencionadas. Por otra parte, la ley “no plantea medidas específicas para una efectiva participación de las cooperativas de ahorro y crédito y otros intermediarios financieros en este mecanismo inclusivo”. A futuro, como línea para seguir profundizando en la investigación, los autores se plantean una pregunta clave: “¿Hay que remunerar el ahorro del pobre y el rico de la misma manera?”.