Cerca de 80 personas de instituciones estatales, la academia, sociedades científicas, gremiales, familiares y usuarios de salud mental se reunieron ayer en el Ministerio de Salud Pública (MSP) para presentar los resultados de un mes y medio de trabajo durante los cuales discutieron los lineamientos de una ley de salud mental que sustituya normas que rigen desde hace 60 y 80 años.

La propuesta surgió del titular del MSP, Jorge Basso, quien no bien asumió encomendó al Programa Nacional de Salud Mental del MSP constituir grupos de trabajo con la más amplia participación posible, para determinar los lineamientos y contenidos de un proyecto de ley de salud mental.

Los representantes de los colectivos y organizaciones conformaron seis grupos de trabajo que abordaron las diferentes áreas que cubriría el proyecto: promoción y prevención, sistema de atención, mecanismos de supervisión y revisión, derechos de los usuarios, familiares y cuidadores, abordaje intersectorial y recursos humanos, evaluación e investigación. Cada grupo presentó ayer de mañana los principales lineamientos acordados; el Programa Nacional de Salud Mental los reunirá en un solo documento que elevará al ministro antes de fin de mes.

“Se lograron importantes acuerdos, consensos y aspectos a seguir trabajando”, explicó a la diaria Ariel Montalbán, responsable del Programa de Salud Mental, quien remarcó que los amplios consensos a los que llegaron los grupos “les dan una fuerza muy grande a estos contenidos”. Durante el plenario, más de un asistente hizo alusión a la “perspectiva democrática” con que estaba siendo discutido el nuevo proyecto de ley.

Montalbán no quiso adelantar los lineamientos hasta que no le sean transmitidos al ministro, pero aseguró que la nueva ley se enmarca en una perspectiva de derechos humanos y que se plantea un modelo de abordaje en el contexto del Sistema Nacional Integrado de Salud y de la intersectorialidad, en el que “la salud mental es inseparable de la salud general”. Mencionó que se tienen en cuenta las determinantes sociales, la prevención, el tratamiento y la reinserción, y que es un modelo “de salud comunitaria” y de inclusión que se sostiene en la integralidad y el trabajo en equipo. Parte de esa integralidad es contemplar no sólo el derecho a la salud, sino también los derechos civiles, sociales y económicos de las personas, así como las facetas necesarias para la reinserción: el acceso al trabajo, la vivienda, la educación y la cultura, enumeró. Se avanzará por etapas, y “algunos aspectos tendrían que incluirse en este presupuesto”, opinó el jerarca. Además de la ley, se crearía un plan “con etapas y objetivos en un lapso” determinado.

Otro modelo

Los grupos de familiares participaron con confianza en lo que pueda resultar, pero Fanny Azpiroz, integrante del Grupo de la Esperanza, insistió en “que no quede como ha pasado en otras oportunidades, en palabras nada más, o en papeles”. Con estas palabras hizo alusión al anteproyecto de ley de salud mental redactado entre 2007 y 2009, que nunca se completó, pero que sirvió de base para la actual discusión.

Otro de los familiares saludó la iniciativa, pero aclaró que “dependemos del proceso de presupuesto”, y que es incierto lo que pueda ocurrir luego en la órbita parlamentaria. El vocero aportó que los lineamientos incluyen “tratados y convenciones sobre salud mental que Uruguay ha firmado y que no se han recogido en la práctica”, y los manuales de la Organización Mundial de la Salud.

En diálogo con la diaria, Sandra Romano, docente de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, saludó el espacio conformado, que “da la posibilidad de debatir y de fortalecer a un colectivo de personas interesadas en mejorar la situación de la salud mental en el país”, y valoró que eso “se pueda formalizar por medio de la ley”.

Romano participó en el grupo que trabajó sobre el sistema de atención de los servicios de salud mental. Relató que hubo consenso en “avanzar hacia un modelo comunitario de atención y profundizar lo que hay, sustentarlo en un paradigma de recuperación, avanzar en la creación de nuevas estructuras alternativas y en el cierre de las estructuras asilares mediante un proceso progresivo”. Mencionó que eso “requiere la creación de estructuras que hoy no tenemos o aumentar el número de las que tenemos”.

Ricardo Acuña, integrante de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, dijo a la diaria que algunas reformas en salud mental que se han efectuado en algunos países han tenido “elementos técnicos discutibles, ideologizados, y poco fundamento técnico”. A su entender, hay una “situación de bipolaridad entre el modelo médico clásico, al que se ve como avasallador de los derechos de las personas”, y la idea de que “todo el mundo puede opinar sobre la enfermedad mental”. Acuña reconoció la importancia de coordinar y complementar las intervenciones de los diferentes profesionales, pero señaló que hay diferentes momentos en el proceso de cada persona. Dijo que “hay momentos que requieren la participación específica de psiquiatras, internación y tratamiento farmacológico”. Insistió en que “hay un campo de conocimiento específico”. Con respecto a la condición “avasalladora” que se le reclama al modelo médico clásico, consideró que “los usuarios de los servicios de salud tienen que pedir y luchar por una atención de calidad. Eso implica procesos asistenciales integrados, gestión clínica, acreditación de competencias profesionales; nada de eso se hace en Uruguay. Me tienen que exigir a mí que sea mejor profesional y que esté actualizado, y, por supuesto, que trate a los pacientes con humanidad en el acto médico”. Agregó que el MSP y la Facultad de Medicina “tendrían que fortalecer los mecanismos de control profesional en cuanto a la calidad del acto médico, y dar mejores condiciones de trabajo, que permitan que el profesional se de- sempeñe en un ámbito de calidad”.

Mónica Giordano, psicóloga e integrante del proyecto Radio Vilardevoz, explicó a la diaria que “el respeto de cada saber específico no está puesto en tela de juicio”. “Lo que sí está puesto en tela de juicio es que la salud mental no sólo es una problemática de la medicina, sino que atraviesa muchísimas otras disciplinas que pueden entrar en juego y trabajar de forma coordinada, interdisciplinaria, para pensar una problemática que sea atravesada por otras cosas que no necesariamente tienen que ver con lo médico o con lo biológico”, explicó.

Tanto Giordano como Cecilia Baroni, también de Vilardevoz, insistieron en que “no se pierda el foco en la gente y en los tiempos, porque mientras se está discutiendo hay gente que sigue estando en condiciones deplorables”. “No nos conforma que de acá a 2020 recién se ponga en práctica un plan de cierre” de las colonias psiquiátricas, dijo Baroni, y pidió revisar dispositivos creados como alternativas y que no han funcionado, entre ellos las casas de salud y los pacientes viviendo en casas de familia o en refugios. Expresaron que esos modelos no funcionan porque reproducen la lógica manicomial, “no generan alternativas ni una verdadera inclusión o integración social, y tampoco dan oportunidades ni garantizan derechos”.