Sonaba la lluvia sobre el techo de chapa del galpón de AFE, donde ayer se presentó el documental Voces de Santa Lucía, que recoge testimonios de torturas sufridas por pobladores de esa ciudad canaria durante la dictadura y en los años previos. La fecha no fue casual: un día después de cumplirse 42 años del golpe de Estado y exactamente a 46 años de que detuvieran por meses a un grupo de docentes de Santa Lucía, en la primera de las detenciones que se extenderían durante más de una década. Tampoco era casual el lugar: un espacio gestionado por el colectivo Espika que lleva el nombre de Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, militante del Partido por la Victoria del Pueblo que desapareció en Argentina en octubre de 1976. Carlos Alfredo vivió varios años en esa ciudad cuando su madre, Amalia Mercader, fue directora de la Escuela Técnica santalucense.

Voces de Santa Lucía fue producido por Caminito Films y tuvo la colaboración del movimiento de mujeres Profesora Nilda Irazoqui, de Santa Lucía. Ayer se presentó en esa ciudad como “el primer documental de lo que ocurrió en la dictadura en Santa Lucía”. Marcos Oyarzábal, integrante de Caminito Films, expresó que “es muy importante que los historiadores nos cuenten, pero más importante es que los propios protagonistas lo hagan”. Recoger testimonios en primera persona es una de las principales virtudes del documental. María Julia Listur, integrante del movimiento, valoró que eso es “fundamental para reconstruir la memoria”, pero advirtió que “no va a hacer justicia”. Otra de las integrantes del movimiento, Iris Rodríguez, expresó que en el proceso de contar lo que vivieron “hubo lágrimas, memorias, recuerdos”, pero que fue necesario porque “los pueblos sin memoria corren el riesgo de repetir sus historias”.

Los testimonios dan cuenta de los abusos policiales y militares y muestran la particularidad de lo local. Desde el relato de una maestra que fue encapuchada y llevada a la comisaría por un alumno suyo y lo nombraba por el apellido, hasta hoy, donde dicen ver a los torturadores caminando por la calle. Los relatos muestran la crueldad de las torturas: ser forzados a comer excrementos, simulacros de fusilamiento y de enterramiento, picana en los dientes y en los genitales, y violaciones. O la alusión a un “prestigioso médico de Canelones” que revisaba a los detenidos y “daba la voz de alerta” diciendo a quién tenían que liberar y quiénes todavía podían resistir torturas.

Tras la presentación, una mujer que había dado el testimonio de haber sido violada delante de su ex marido y haber salido embarazada de prisión, completó el relato: “Me cruzo casi todos los días con uno de mis torturadores, el torturador del padre de mis hijos, violador mío. El capitán José A Hernández camina por las calles como un señor, ese reverendo hijo de puta”. Sintió cierto regocijo al decir que ya no le tiene miedo y que él sí, porque sabe que ella le dice las cosas más hirientes que puede decirle y en cuanto la ve, cruza la calle. Dudó si decir algo, pero se animó: “¿Y digo, ese viejo hijo de puta no será el padre de mi hija?”. La mujer pidió a los jóvenes, que eran varios, “que nos suplanten y nos superen; lo hicimos por los hijos de todos, hasta por los hijos de los milicos”.

“Con 22 años ya estábamos siendo torturados porque pensábamos en un cambio social; yo era sindicalista, no fui terrorista, fundamos el sindicato de Seral [una fábrica de calzados santalucense] contra todos los militares, políticos blancos y colorados”, expresó Julio Ojeda, quien dijo que con el apoyo de compañeros de Funsa lograron ganar por primera vez un conflicto en su fábrica, pero que todos los que colaboraron con la olla popular fueron reprimidos. Reclamó por su hermano, que sigue desaparecido.

Los reclamos al Frente Amplio también se manifestaron, por no enjuiciar a militares y civiles responsables del terrorismo de Estado, entre ellos los de la Juventud Uruguaya de Pie, que también transitan, olímpicos, por las calles santalucenses.

El espacio estaba lleno de gente. Entre quienes se habían sentado en el piso estaba la jueza Mariana Mota. Una de las participantes le preguntó si no creía que la situación podría mejorar si se crearan juzgados de derechos humanos. Mota contestó que “en Uruguay el tema pasa por otro lado: acá todavía no se ha reconocido que son delitos de lesa humanidad, entonces estamos todavía en el punto uno de la discusión”. Definió los delitos de lesa humanidad como “los delitos graves de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, por funcionarios públicos o por particulares, con la tolerancia del Estado. Son imprescriptibles, no se pueden amnistiar, no se los puede perdonar, y hay que extraditarlos desde el lugar donde estén para poderlos enjuiciar”, aunque también se pueden juzgar en otros países. Dijo que en Uruguay el tema no pasa por tener juzgados especializados sino “por que los jueces efectivamente apliquen el derecho internacional. Uruguay suscribió tratados internacionales por los cuales admite cuáles son los delitos de lesa humanidad, y no los ha aplicado. Seguimos en esa discusión, la Corte no lo acepta y los juzgados, lamentablemente, no se animan a aplicarlo, entonces estamos empantanados”.

Muchos sugirieron replicar el documental en el interior del país, para que otras personas se animen a contar lo que vivieron. Al mismo tiempo, se manifestó indignación porque sigue habiendo personas que todavía creen que las violaciones atroces que sufrieron no son ciertas.