¿Qué está en juego en América Latina?

La temática de la formación y las luchas de los movimientos sociales es amplísima y compleja. Pero su estudio y justa ponderación es clave para entender lo que ocurrió en América Latina en los últimos años y ver horizontes posibles. Sin entrar en la discusión sobre el papel de los partidos políticos en el siglo XXI, nuestro punto de partida es que la democracia no se restringe a los períodos electorales y sólo se profundiza efectivamente con movimientos sociales importantes y con una sociedad activa y crítica. En este ámbito, como en otros, las posturas “posibilistas” o de adaptación a lo dado, por ignorancia o por interés, suponen bloqueos sociales no sólo a la potencialidad de actuar, sino también a la de reflexionar sobre caminos alternativos.

¿Los cambios estructurales en Bolivia y Ecuador -más allá de bloqueos actuales- habrían sido posibles sin movimientos sociales campesinos e indígenas importantes? ¿El proceso de la revolución bolivariana en Venezuela se habría sostenido enfrentando la injerencia estadounidense -más allá de reales problemas internos- sin expresiones de sociedad activa que buscan mantener conquistas? ¿La puesta en cuestión, en Chile, de un sistema educativo brutalmente mercantilizado habría sido posible sin un importante despliegue del movimiento estudiantil? ¿Brasil sería igual sin la lucha de los trabajadores rurales Sin Tierra, o el protagonismo más reciente de los Sin Techo reclamando una reforma urbana? ¿Los avances hacia verdad y justicia en Argentina, y los más tímidos en Uruguay, habrían podido concretarse sin la presencia activa de los movimientos de derechos humanos?

Los movimientos sociales han sido protagonistas creativos de los cambios en la región desde la segunda mitad de los años 90, en la resistencia y la construcción de alternativas sociopolíticas frente al desarrollo capitalista neoliberal. Hay importante bibliografía en la región sobre esto. Naturalmente, tales procesos no están exentos de conflictos, contradicciones y bloqueos, que parecen agudizarse cuando se trata de tomar posición ante gobiernos caracterizados como progresistas y nacional-populares, y de realizar articulaciones con ellos.

Proponemos llamar la atención desde las ciencias sociales para abrirnos a la capacidad de ser interpelados por estos actores o agentes sociales, que en un sentido amplio podemos definir como sujetos colectivos que, mediante distintas formas organizativas, proyectan demandas en función de necesidades no satisfechas y de utopías colectivas, con una perspectiva emancipatoria más allá de coyunturas puntuales, frente a lo que implica un desarrollo capitalista desigual y dependiente. No podemos olvidar, sin embargo, que la movilización y la organización social no son patrimonio o recurso exclusivo de los sectores populares o de la izquierda social y política, como lo muestra la actual activación de fuerzas con agendas conservadoras en varios países de América Latina.

Si hacemos el ejercicio de agrupar las diversas luchas en el sentido amplio mencionado, podríamos plantear como guía general cinco grandes conjuntos, agrupados por el tipo de lucha o demanda. Esto facilita pensar que un mismo movimiento puede participar en más de un conjunto, sin excluir diferentes entrecruzamientos.

1- Vinculados con el trabajo en todas sus formas, urbano y rural, provenientes de sindicatos o de movimientos de trabajadores con un formato básico heredado del siglo XX, a veces con muchos problemas (como el de ser cooptados), pero que también asumen nuevas formas o se relacionan con la proyección de empresas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores, recuperando legados del movimiento cooperativo y la economía popular. En este sentido, en Uruguay es significativa la capacidad de movilización que han logrado sostener algunos sindicatos.

2- Relacionados con la transformación de la “forma Estado”. Incluyen procesos novedosos de reforma constitucional en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Sus luchas van más allá de lógicas electorales y apuntan a transformar el Estado en sus distintos niveles, por ejemplo en el sentido de un “Estado plurinacional”. Vemos una activación del poder constituyente que implica cambios no sólo jurídicos sino también sociopolíticos y culturales. Es el caso de plebiscitos y referendos en Uruguay tras la dictadura (aunque esos recursos también han sido activados recientemente por la derecha social y política), y del desarrollo de experiencias de poder local a nivel municipal, como la de los consejos comunales y comunas en el proceso bolivariano. A la vez, suponen una vocación “internacionalista” con múltiples coordinaciones.

3- Vinculados con luchas por el territorio y contra la depredación de recursos naturales y bienes comunes. Esto hace a la especificidad de América Latina, pues al profundizarse su papel básico para la economía global, que es ser exportadora de materias primas, también se expresan en mayor medida las contradicciones por la apropiación y uso del territorio. Pueden ser luchas por la tierra como en Brasil (a nivel urbano y rural), el caso de los mapuches en Chile, el neozapatismo en México, las guerras del agua y el gas, las más recientes movilizaciones de comunidades indígenas y campesinas por el parque Tipnis en Bolivia, o las actuales en Perú y otros países contra la megaminería y el agronegocio. Implican, más allá del desarrollo de estrategias defensivas, el impulso a concepciones críticas y proyectivas, como las desarrolladas bajo premisas del “buen vivir”, la justicia ambiental o la soberanía alimentaria.

4- Relacionados con derechos sociales, por ejemplo con el acceso colectivo a la vivienda mediante el cooperativismo por ayuda mutua en Uruguay, las ocupaciones de los “sin techo” y las demandas de un transporte colectivo mejor y más barato en Brasil, las mencionadas luchas por la desmercantilización de la educación en Chile, las experiencias de bachilleratos populares en Argentina o por procesos de educación popular (no opuesta a la formal), o las vinculadas con el movimiento de jubilados y pensionistas de Uruguay, por una seguridad social no privatizada.

5- Vinculados con la garantía de derechos individuales y colectivos, la memoria y la identidad, con importantes ribetes de cambio cultural. Incluyen acciones desplegadas por verdad y justicia, por derechos de reconocimiento de orientación sexual, contra el feminicidio, por el derecho de la mujer en relación con su cuerpo (como en el impulso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Uruguay), a favor de la despenalización del consumo de marihuana y contra la reducción de la mayoría de edad penal, contra el desplazamiento forzado y el asesinato político en Colombia, contra el terrorismo de Estado y los poderes del narcotráfico en México, por la producción cultural independiente y, en general, contra los poderes de las grandes corporaciones mediáticas de comunicación, entre otras.

Ante poderes económicos globales que atraviesan los estados-nación y procuran reconfigurarlos en función de sus intereses, y ante partidos que tienden a quedar presos de una lógica de actuación reducida a la competencia con otros partidos (y a actuar, por ello, de modo autorreferencial), los movimientos sociales siguen afrontando grandes desafíos. Quizá el principal sea el de obligar a los gobiernos a “comprarse problemas” con los poderes fácticos (nacionales y globales) que procuran reproducir y ampliar el orden social establecido, responsable de profundas desigualdades y fracturas en las sociedades. ¿Qué está en juego, hoy, en las luchas y la capacidad de actuar de los movimientos sociales latinoamericanos? ¿Qué está en juego en Uruguay, más específicamente? Sin duda, mucho.