“Con respecto a la obra de la regasificadora, este gobierno ha planteado su ánimo total de que se cumpla el contrato” con la empresa GNLS, dijo ayer la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Carolina Cosse, después de haber sido recibida por la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores. La ex presidenta de Antel fue convocada a ese ámbito legislativo para explicar la situación de la construcción de la regasificadora de Puntas de Sayago. GNLS, consorcio formado por la francesa GDF-Suez y la japonesa Marubeni, encargado de la construcción de esa planta, detuvo las obras a fines de febrero, lo que complicó el futuro del emprendimiento energético y dejó sin empleo a cerca de 700 trabajadores.
Cosse dijo que el gobierno “se ampara en el contrato” y que eso “implica el ánimo de que se cumplan las condiciones” que figuran en él. “El contrato expresa resultados que se deberán obtener, multas, opciones de ejecución de garantías, y una gran cantidad de detalles. Es un contrato complejo, sólido, y como ya dijo el presidente, Tabaré Vázquez, todo se hará como está establecido en él, porque eso tiene que ver con la seriedad del Estado uruguayo, con respetar el marco jurídico”, expresó Cosse.
La ministra recordó que la empresa envió hace unos días “un nuevo contratista” para que Gas Sayago (conformada por UTE y ANCAP, y responsable del proyecto) lo apruebe y sustituir a la brasileña OAS en la continuación de las obras. Cosse recordó también que a mediados de mayo GNLS emitió un comunicado en el que sostiene que pagará las indemnizaciones que legalmente correspondan a los trabajadores que quedaron sin empleo, y que sus “equipos continúan trabajando en la elaboración de soluciones para la continuidad del proyecto” de regasificadora. La ministra dijo que no hay fechas para la reanudación de las obras.
Desde la oposición, el senador del Partido Nacional Álvaro Delgado (Todos hacia Adelante) dijo que “hoy en día la obra está en cuestión” y que si Uruguay encuentra fuentes de energía alternativas, “es momento de replantearse si debería embarcarse” en una obra que le costará 3.000 millones de dólares.
Delgado informó que en octubre se puede determinar si el contrato se cumple o no, y el gobierno puede ejecutar la garantía, que es de 100 millones de dólares. “Si el contrato se incumple, se rescinde, se ejecuta la garantía y a partir de entonces está todo para hacer”, explicó.