En la ciudad canaria de Suárez sesionó ayer la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. No estaban allí por casualidad, sino como consecuencia de la oposición que han manifestado los vecinos al proyecto de explotación de una cantera por la empresa Cementos Artigas SA, que busca extraer 168.000 toneladas anuales de granito durante 30 años. Esa cantera había sido propiedad de la Administración de Ferrocarriles del Estado y funcionó hasta la década de 1990, pero el pueblo tiene todavía muy presente una explosión que ocurrió en 1977 y tuvo como saldo la muerte de 15 trabajadores.
En las últimas décadas la zona donde está la cantera, ahora abandonada, se fue poblando. Hay viviendas y centros educativos a muy pocos metros, y en otro de los predios hay un viñedo. El proyecto está a estudio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y en diciembre de 2014 se realizó la audiencia pública en Suárez. Muchos vecinos juntaron firmas y se han movilizado de diferentes maneras, entre otras, con su comparecencia a las comisiones parlamentarias para plantear la problemática.
Diego Jaume, integrante del grupo que se opone a la instalación del proyecto, contó a la diaria que la actividad “fue un éxito”. Los diputados recorrieron la zona de la cantera en medio de una caravana de más de 60 vehículos, y luego la comisión sesionó en el salón parroquial, a donde asistieron más de 300 personas; varias de ellas nunca habían participado en otras actividades de los vecinos movilizados. Jaume dijo que concurrieron 17 diputados: a los ocho integrantes de la comisión se sumaron seis diputados canarios y tres de otros departamentos. Expresó gratitud y dijo que de esta manera los parlamentarios pudieron comprobar que “nadie exagera” al señalar la cercanía de la cantera con la zona poblada y el impacto que puede tener en un plano social y también productivo. Los diputados anunciaron que averiguarán en qué etapa está el proyecto en la Dinama y en la Dirección Nacional de Minería y Geología. Concurrieron, además, todos los ediles del departamento, lo que también fue visto como una señal positiva por el grupo, porque en ellos recaen las ordenanzas.