La carga emotiva de algunas palabras puede jugar a favor de versiones poco veraces de los procesos de discusión universitaria. Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena repasar el proceso de elaboración del nuevo plan de estudios (NPE) de las carreras tradicionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), en la medida en que lo que se ha cuestionado tiene que ver con una supuesta falta de oportunidad para deliberar a propósito de la reforma, atribuyéndosele por ello un déficit democrático. Frente a una objeción tan delicada, repasaremos hechos y derecho.

El Área Socio Jurídica de la Facultad (integrada por los institutos de Historia de las Ideas, Sociología Jurídica, Filosofía del Derecho y Evolución de las Instituciones Jurídicas, y por los grupos docentes de Ciencia Política y Economía Política) realizó a comienzos de 2013 jornadas de intercambio con docentes de otros servicios (Ciencias Sociales, Ciencias Económicas) a propósito de los procesos de reforma de planes de estudio. En setiembre de 2013 los institutos de Técnica Forense y Filosofía del Derecho llevaron a cabo una jornada acerca de la articulación entre teoría y práctica en la enseñanza del derecho.

Por resolución del 19 de setiembre de 2013, el Consejo de la Facultad recibió la propuesta de la entonces decana de “promover la discusión a efectos de avanzar en la modificación de los planes de estudio de Abogacía y Notariado con la finalidad de adecuarlos a la Ordenanza de Estudios de grado”, y se convocó a una sesión extraordinaria del Consejo, ampliado con la Asamblea del Claustro, que tuvo lugar el 10 de octubre y contó con la presencia del prorrector de Enseñanza y del rector de la Udelar.

En noviembre de 2013 el Área Socio Jurídica organizó sus jornadas anuales sobre el tema del cambio de plan de estudios, y los resultados se publicaron en el Anuario del Área, recientemente presentado. Plantearon sus propuestas y preocupaciones representantes de las organizaciones gremiales de los egresados (Colegio de Abogados y Asociación de Escribanos). En los distintos paneles se abordaron numerosos temas relativos a la formación jurídica y la reforma del plan de estudios, a saber: a) otras experiencias de reforma, con la participación de representantes de las facultades de Psicología, Ciencias Sociales y Economía, y de la Comisión Sectorial de Enseñanza; b) el perfil de egreso y el rol de las ciencias sociales en la formación jurídica; c) la investigación jurídica y el rol de los juristas en la investigación; d) la enseñanza práctica del Derecho y la necesidad de su ampliación.

La Comisión de Planes y Programas recibió de diciembre de 2014 a abril de 2015 las opiniones de los institutos y grupos docentes de la Facultad, a partir de un cuestionario interno que había elaborado. Las preguntas se referían, por ejemplo, a la estructura docente de los institutos, al perfil del egresado, a las deficiencias que los institutos detectaban en la estructura del plan de estudio vigente, a cuál debería ser el perfil de las asignaturas correspondientes a cada instituto, y a los campos disciplinarios con los que las asignaturas de cada instituto tenían conexión o proximidad (con miras a conformar áreas y a promover diálogos interdisciplinarios). Según señala el documento aprobado, las contribuciones de los institutos y grupos docentes, así como los aportes del Colegio de Abogados, la Asociación de Escribanos y el Poder Judicial, marcaron pautas fundamentales para la elaboración de la propuesta.

A su vez, la Comisión de Planes y Programas del Claustro tuvo unas 20 sesiones de trabajo sobre el NPE, que el propio Claustro trató en varias de sus sesiones plenarias y finalmente aprobó.

El 12 de junio de este año, el decano se reunió con los secretarios y directores de los institutos para compartir particularidades del proceso de reforma y los detalles de la nueva política docente de la Facultad, directamente vinculada con la implementación del NPE. En efecto, en mayo, semanas antes de que el Claustro aprobara el NPE, el Consejo aprobó 93 llamados para proveer cargos docentes en efectividad. La resolución señala “que la actual estructura docente de las carreras de Abogacía y Notariado de la Facultad de Derecho resulta deficitaria para las necesidades del Servicio; que la práctica de los últimos años ha sido la precarización del vínculo funcional docente en desmedro de la excelencia académica, aumentando en forma exponencial las contrataciones transitorias [...]; que la falta de oportunidad de ascenso no sólo atenta contra la calidad de la enseñanza sino [también], muy especialmente, contra la dignificación de la profesión docente”. Tal resolución -en la que se hace referencia a que recuperar la excelencia académica de la Facultad es un imperativo ético de la actual gestión, y a la voluntad de instalar una práctica en la cual el principal procedimiento de designación docente sea el llamado para la provisión efectiva de los cargos- no es algo aislado del NPE. Por el contrario, los planes de estudio, junto al plantel docente, constituyen el asunto fundamental de la calidad académica de un proyecto de formación universitaria, y no pueden discutirse el uno sin el otro.

El 15 de junio, el decano y el presidente del Claustro convocaron a todos los órdenes a una reunión para poner en su conocimiento los detalles del trámite del NPE. Fue una excelente instancia de diálogo, con una fuerte presencia docente, lo cual es significativo en una facultad como la de Derecho, cuyos docentes tienen muy baja dedicación horaria. El 18 de junio el Consejo aprobó lo remitido por el Claustro.

Ninguna de esas instancias fue secreta ni hecha a espaldas de alguien. Las actividades académicas fueron abiertas a todos los órdenes. No es necesario señalar que los integrantes de cada orden pueden conocer lo que es objeto de tratamiento del Claustro y sus comisiones, e incidir en ello, ya que son instancias cogobernadas.

El documento aprobado es el resultado de la discusión académica y del trabajo en los órganos cogobernados, y contiene una adecuación a los lineamientos de la normativa universitaria, pero de ningún modo clausura la deliberación. Las grillas de asignaturas no han sido aún discutidas, y las presentadas lo son a modo de ejemplo, como explícitamente lo señala el documento aprobado y conforme lo exige el trámite de aprobación de un plan de estudios de acuerdo con la ordenanza de 2011. Lo que institucionalmente deberíamos promover es el compromiso de nuestros esfuerzos para sostener la calidad académica de la discusión de asuntos que, si bien -obviamente- tienen dimensiones técnicas y políticas, fundamentalmente deberían estar orientados por la reflexión epistemológica acerca de qué Derecho enseñamos.

Los procesos siempre se pueden mejorar. Sin olvidar que cuando se trata de la adopción de orientaciones académicas debe ponderarse el plazo razonable de su puesta en marcha, la solidez de las propuestas y la calidad del debate, intentando tramitar el conflicto y el disenso inherentes al ámbito universitario sin dañar la institucionalidad.

*La autora de la nota es profesora adjunta de Filosofía del Derecho, consejera titular por el orden docente.