Parece que la administración de Germán Coutinho verá la luz al final del túnel. El equipo de gobierno de la Intendencia de Salto (IS) envió al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) un informe para solicitar una línea de crédito de 1.000 millones de pesos a pagar en 15 años al Banco República por medio de República Afisa (Administradora de Fondos de Inversión SA). Según informaron fuentes de Presidencia a la diaria, el proyecto fue escrito y gestionado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); tendrá el visto bueno del TCR, y se otorgará una primera partida de entre 65 y 70 millones de pesos para cubrir los gastos de funcionamiento de la IS y las deudas de mayo: los sueldos de casi 2.000 empleados municipales y sus prestaciones. Para que se haga efectivo el préstamo, además de pasar por el TCR, deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Junta Departamental. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS) está de paro desde ayer a las 0.00.

El 28 de mayo el intendente electo Andrés Lima declaró a la diaria que cambiará el organigrama de la IS y eliminará los cargos de confianza y las compensaciones políticas para hacer frente a, según él, los 1.000 millones de pesos que la IS adeuda (700 millones según el actual intendente, Manuel Barreiro). El 29 de mayo Barreiro anunció que no podría pagar los sueldos de ese mes. El día anterior envió dos iniciativas a la Junta para pedir un fideicomiso o la ampliación de la línea de crédito. El jueves 4 empezaron las reuniones de la OPP con el equipo de gobierno de Barreiro y de Lima. Ambos entendieron que era primoridal resolver este asunto cuanto antes. Ayer Lima anunció que llegaron a un acuerdo y que se solicitará un préstamo de 1.000 millones de pesos. Según la edila frenteamplista Nelly Rodríguez, también se resolvió que “el dinero vaya directamente a las cuentas de los funcionarios”, las casi 450 jefas de hogar beneficiarias de las pensiones alimenticias e instituciones de crédito, Banco República, Banco Hipotecario, ANDA y la Cooperativa de Salto, porque tanto el intendente electo como la OPP no confían en la IS y temen que ese dinero se destine al pago de proveedores.

Según supo la diaria, el acuerdo se pudo lograr porque tanto la OPP como el FA solicitaron a Barreiro la renuncia de los cargos de confianza y de los que en su momento fueron de confianza y ahora gozan de un contrato permanente, que serían cerca de 500 personas. Barreiro habría accedido a enviar a la Junta la derogación del artículo 18 del presupuesto de la IS, que modifica el artículo 23 del decreto Nº 15629/86, que dice: “Los ingresos efectuados de acuerdo al Estatuto del Funcionario se considerarán provisionales por el término de un año desde la fecha de la designación. Si dentro de ese plazo no se adoptare resolución en contrario, el nombramiento se considerará definitivo, sin necesidad de nueva resolución del Intendente. [...] su cese sólo podrá disponerse por resolución fundada del Intendente”.

Según Rodríguez, desde que Lima fue electo se anunció y acordó que “los que entraban [por confianza de Gerardo Coutinho, ex intendente de Salto] se iban con él”. A su vez, aseguró que 84% del presupuesto mensual de la IS va a cubrir los gastos del rubro cero. “Por más que se reduzcan [los cargos de confianza], no será suficiente para cubrir ese porcentaje. Los salarios de los directores tenían compensaciones que llegan a ser de 80% más del sueldo. Mucha plata. Incluso quitando todos los beneficios se logra equilibrar. La comisión jurídica [que está trabajando con Lima] está estudiando caso a caso para ver qué hacer, porque es un tema muy sensible”, añadió. Vale recordar que en setiembre de 2013 el TCR observó a la IS por ese motivo.

Mientras transcurren estas gestiones políticas, ADEOMS está de paro. Según el presidente del gremio, Juan Carlos Gómez, la medida cuenta con una “adhesión del casi 100% de los trabajadores”, quienes se quedaron “concentrados en sus lugares del trabajo, pero sin realizar las tareas, a excepción de la recolección de residuos hospitalarios, el mantenimiento barométrico, de saneamiento, de alambrado público, las tareas necrófilas y en los hogares de ancianos y estudiantiles”. Gómez aseguró que seguirán de paro hasta que se haga efectivo el cobro.