El actual régimen de zonas francas cumplió 27 años desde su entrada en vigencia a partir de la Ley 15.921, de diciembre de 1987. En ese entonces, tanto Uruguay como América Latina se caracterizaban por una gran inestabilidad macroeconómica que implicaba, a grandes rasgos: inflación crónica, desempleo elevado y una trayectoria fiscal no sostenible, todos elementos que no generaban las condiciones adecuadas para la atracción de la inversión y la consiguiente expansión de la producción y las exportaciones, razón por la cual se decidió, en aquel momento, promover y ampliar la utilización del instrumento de las zonas francas.
Según explicita el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la exposición de motivos del proyecto de ley que remitió al Parlamento ayer, “el régimen de zonas francas ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos establecidos”, pero la nueva realidad mundial y local genera la necesidad de “perfeccionarlo y adaptarlo” de manera de potenciar su contribución al desarrollo nacional con objetivos concretos: el incremento de las capacidades de la mano de obra nacional, la generación de valor agregado nacional y el desarrollo de actividades de alta tecnología e innovación. El proyecto, que cambia la denominación por la de ‘zonas económicas especiales’, sostiene además que hay “un tema pendiente”: “La creación de polos de desarrollo en el interior del país”.
Actualmente existen 13 zonas francas; la mayoría se ha instalado en el área suroeste del país. En consecuencia, son 11 las autorizadas en el régimen vigente desde 1987, y dos -Colonia y Nueva Palmira- fueron creadas por la Ley 7.593 de1923. Ocupan alrededor de 17.000 personas, considerando empleos directos, dependientes y no dependientes, y generan un valor agregado bruto equivalente a cerca de 4% del Producto Interno Bruto.