El gobierno nacional y las intendencias llegaron a un acuerdo sobre las partidas que recibirán en el quinquenio. Al 3,33% de la recaudación del gobierno que se transfiere por el artículo 214 de la Constitución, unos 10.000 millones de pesos anuales, se suman partidas de 600 millones de pesos destinados a caminería rural, otra de 500 millones para disminuir el costo de las tarifas de alumbrado público y una de 250 millones para mantener el sistema de patente única e implementar, para fines de 2017, la libreta única de conducir. El acuerdo también incluye un fortalecimiento del presupuesto destinado a los 112 municipios, que será en todo el quinquenio de 1.000 millones de pesos, financiado 70% por las intendencias y 30% por el gobierno nacional.
Costó, pero finalmente hubo unanimidad para llegar al acuerdo. En la tarde, la negociación se demoró porque el gobierno insistía en que el Fondo de Incentivos a los Municipios fuera financiado por parte de las partidas que se transfieren a las intendencias en el 3,33%, a lo que se negaban principalmente las 12 del Partido Nacional (PN). El presidente del Congreso de Intendentes, el blanco Sergio Botana (Cerro Largo), explicó así la solución a la que se llegó, que implicó que el gobierno central concediera una partida fija para los municipios: “Primó que fuéramos socios en la política de descentralización: las intendencias aportamos más recursos y el gobierno nacional ofrece garantías”, es decir, habrá un aporte extra del gobierno nacional.
Otro logro importante para las intendencias fue consolidar ingresos para la caminería rural. Transitoriamente, las intendencias recibían 45% de la recaudación del Impuesto al Patrimonio rural (fueron 420 millones de pesos en 2014), pero ese porcentaje se acababa este año. A cambio, el gobierno nacional resolvió dar una partida de 450 millones, que se suma a la anterior de 150 millones. Los 500 millones anuales para alumbrado contemplan el pago de hasta 40% de las tarifas y planes de eficiencia energética. Otra novedad es que el presupuesto incluirá la implementación del permiso único de conducir. La partida del gobierno para el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) será de 250 millones de pesos anuales, que se reducirá a 200 millones si para diciembre de 2017 no se llegó a implementar totalmente la libreta de conducir nacional.
El acuerdo entre el Congreso de Intendentes y el gobierno incluye también algunas consideraciones. En primer lugar, se incorpora como compromiso de gestión “la inclusión de las obligaciones de información relativas a los aspectos presupuestales, financieros, de deuda y de sostenibilidad fiscal”, para “tener la oportunidad de monitorear y que no pasen las cosas que pasaron, que asumen los intendentes y [por eso] tienen deudas mayores que las esperadas”, según explicó Pedro Apezteguía, director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por otro lado, el Congreso de Intendentes respaldó “la petición” de las intendencias de Montevideo y Canelones de que las partidas adicionales a las generadas por el artículo 214 se orienten a obras de infraestructura en el área metropolitana. Detrás de esta contemplación está el ya repetido reclamo de Montevideo y Canelones de actualizar los criterios de distribución de las transferencias del gobierno nacional (el grueso de cerca de 10.000 millones de pesos anuales), de las que, por ejemplo, Montevideo recibe 12%, mientras que Salto recibe casi 6%. “Es un tema complicado”, reconoció Botana. Los criterios comenzaron a cambiar con relación a la distribución de los recursos en los municipios: 75% de ese presupuesto se distribuirá en función de la cantidad de habitantes, la superficie, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de educación de la población de cada municipio.
Aníbal Pereyra, vicepresidente del Congreso, destacó que el acuerdo “mejora los presupuestos para las 19 intendencias” y “no se pierde lo que se había logrado”, mientras que Botana aseguró que “hay un crecimiento en relación al período pasado”.