“La vivienda es una prioridad para este gobierno. Por lo tanto, no corre peligro la inversión” en ese rubro, declaró ayer la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León. Afirmó que es necesario “llegar a los sectores a los que hasta ahora no hemos llegado suficientemente” y que la intención es diseñar programas que trasciendan este período de gobierno y tengan un horizonte a 2030, porque “cinco años para hacer planes de vivienda es poco”.

La ministra hizo su intervención en la presentación de la síntesis del trabajo de la Comisión Asesora de Vivienda (Coavi), que durante un mes reunió a más de 50 organizaciones -gubernamentales, cooperativas de vivienda, sindicales, académicas y empresariales- con el fin de hacer recomendaciones a la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) en la elaboración del Plan Quinquenal de Vivienda. La Coavi es un mecanismo que se creó en 1968 pero comenzó a ser implementado recién en 2005. Lucía Etcheverry, responsable de la Dinavi, saludó que la participación social que logra la Coavi es cada vez mayor. De León comentó que el trabajo de la comisión será un insumo para elaborar el Plan Quinquenal, algo que le corresponde al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en el marco de las negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Nuestra expectativa es que buena parte de los acuerdos se transformen en las prioridades y lineamientos conceptuales que llevemos adelante”, reafirmó.

En síntesis

La Coavi sesionó en cuatro grupos: Abordaje de la política habitacional en la precariedad y vulnerabilidad socioeconómica; Política de tierras y servicios de infraestructura asociada a la vivienda; Participación privada en la vivienda de interés social; y Cooperativismo.

El primer grupo hizo énfasis en tener una “visión integral, integrada e intersectorial a la hora de dar respuesta a la precariedad habitacional”. Recomendó hacer un acompañamiento social y no sólo material en este tema, atender la diversidad de situaciones -no sólo las que se concentran en determinadas áreas territoriales sino también aquellas que presentan formas más difusas-, contemplar aspectos vinculados a lo productivo, buscar respuestas arquitectónicas que respondan a los cambios en las estructuras familiares, formalizar y relocalizar situaciones del medio rural, contemplar soluciones colectivas y profundizar en el trabajo de viviendas abandonadas.

El grupo dedicado al análisis de la política de tierras hizo hincapié en la necesidad de acceder al suelo pero no a cualquiera, sino al que tenga los servicios necesarios para la construcción de viviendas, de modo que la ciudad se densifique en áreas urbanas y no se extienda en zonas periféricas sin servicios. Pidió que se incremente la cartera de tierras del Estado y que se admita la construcción de cooperativas en lotes dispersos, construcciones en altura y utilizar suelos vacantes de complejos existentes. Recomendó promover el proyecto de ley de inmuebles declarados judicialmente en abandono, elaborado por los diputados Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni en el período pasado -que actualmente está a estudio de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados- y que el Estado pueda adelantarse a procesos especulativos en determinadas zonas. Entre otros organismos, participó la Intendencia de Montevideo, pero se señaló la ausencia de otros gobiernos departamentales. Al término de la jornada, Etcheverry anunció que la ministra “definió una gira bastante rápida” por el interior del país para tener un primer contacto con nuevas autoridades comunales y acercarle los planteos generales.

El grupo de la participación privada en viviendas de interés social no llegó a elaborar una síntesis; las moderadoras del grupo presentaron los principales insumos de cada colectivo. La Cámara Inmobiliaria del Uruguay propuso disminuir los plazos de financiamiento y la exoneración total de impuestos de quienes construyan en el marco de la Ley 18.795 de Acceso a la Vivienda de Interés Social. La Cámara de la Construcción hizo una evaluación positiva de la Ley 18.795 porque generó una alta ocupación del sector, pero advirtió que no es un instrumento efectivo en los sectores bajos; pidió eliminar los topes de precio y que el Banco Hipotecario baje las tasas de los préstamos hipotecarios para las viviendas de interés social. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) planteó que si bien la Ley 18.795 logró atraer inversiones privadas, es preocupante el precio de venta de las unidades, aun con la renuncia fiscal que hace el Estado a través de exoneraciones impositivas, y que el precio final duplica el de sistemas de producción como el de las cooperativas por ayuda mutua y ahorro previo. Cuestiona la exoneración impositiva a viviendas “destinadas a sectores con mayor capacidad adquisitiva” y no a otros programas gubernamentales o de cooperativas. Desde sus diferentes posiciones, los tres colectivos recomendaron evaluar la aplicación y los resultados de la ley de 2011, por la que se han aprobado propuestas para 12.000 viviendas de interés social (72% de ellas terminadas o en construcción).

En el quinquenio pasado se construyeron 10.000 viviendas en el programa de cooperativas; el grupo propuso mantener esa cantidad en el próximo quinquenio y Etcheverry coincidió al señalar esa prioridad. Se pidieron herramientas para que puedan ingresar nuevas familias a cooperativas que fueron construidas y tienen disponibilidad de viviendas, mejorar cosas engorrosas -como los plazos de escrituración, los tiempos del trámite de regularidad, mejoramiento de la coordinación interinstitucional- y plantearon las dificultades para adquirir “buenos terrenos”. Pidieron crecer en calidad y cantidad.

Al cierre de la jornada, Etcheverry dijo que ahora deberán llevar cada propuesta “a números” y se comprometió a presentarle a la Coavi a mediados de agosto un “documento pulido” del Plan Quinquenal de Vivienda antes de entregárselo al MEF. Varios grupos manifestaron la necesidad de que el trabajo de la Coavi tenga una continuidad, y ésa es también la intención del MVOTMA.

En diálogo con la diaria, Etcheverry evaluó los puntos de acuerdo de los participantes, entre ellos la construcción en áreas consolidadas de la ciudad. Manifestó que ésa ha sido una política de vivienda impulsada desde 2005 a la fecha “que viene cobrando cada vez más fuerza y ahora hay otros instrumentos que facilitan que estas definiciones se hagan carne en la gestión cotidiana”. Por ejemplo, mencionó el compromiso de la bancada oficialista de “estudiar y de generar una iniciativa legal” que permita intervenir en las fincas abandonadas. “No estamos tocando la propiedad privada, estamos diciendo que cuando hay abandono de esa propiedad privada en detrimento de una comunidad, el Estado tiene la responsabilidad de tener algún mecanismo de intervención, y ése es el camino por el que queremos ir”, aclaró.