El Estado y la mayoría de los organismos públicos están lejos de cumplir con lo establecido por ley respecto de las cuotas de ingreso a puestos de trabajo de las personas con discapacidad y afrodescendientes, según los informes publicados por el Observatorio de Gestión Humana del Estado de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

Desde el Programa Nacional de Personas con Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Begoña Grau, su directora, aseguró que “la lectura no es tan mala” si se tiene en cuenta que en 2014 ingresaron al total de organismos públicos tres personas con discapacidad más que en 2013, 75 en total, que representa 1,04% de las vacantes generadas ese año, ni cerca de las 289 que tendrían que haber ingresado para cumplir el 4% estipulado. “Desde 2000 a 2013 sólo han ingresado 302 personas, mientras que en los dos últimos años ingresaron 147. Si lo lees así, es positivo”. Grau entiende que los números “demuestran los frutos del trabajo de Pronadis”, ya que en los organismos en los que realizaron jornadas de sensibilización y concientización superaron el 4% de la ley. En el Poder Legislativo ingresaron 14,9%, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 13,33%, en el de Turismo 15, 38%, en el Banco de Seguros 22,97%.

Grau considera que el no cumplimiento de la ley tiene dos grandes causas: “un 50% es que no hay llamados suficientes, y el otro 50% tiene que ver con los perfiles”. Sobre este último punto aseguró que “hay que trabajar fuertemente para lograr la inclusión educativa. Mientras que las personas con discapacidad no puedan terminar sus estudios como cualquier otra, evidentemente no podrán acceder a puestos de responsabilidad”, sostuvo. “La inclusión pasa por entender que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que cualquier otra. Eso no se cambia por ley. Se cambia si desde chicos estudiamos juntos en la misma escuela, vamos a jugar al mismo parque y compartimos todo”, agregó.

Todavía queda “mucho por hacer”. Entre esas cosas está lograr la reglamentación total de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad (N18.651), que data de febrero de 2010. Según Grau, están trabajando junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para reglamentar los artículos referentes a los beneficios, incentivos y exoneraciones patronales a empresas que contraten personas con discapacidad, entre otros. A su vez, la directora proyecta “poder lograr que las intendencias, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas de la República, los entes autónomos y los servicios descentralizados puedan redactar en un futuro sus decretos reglamentarios para que se aplique lo mismo que en el general”, porque considera que actualmente no están “obligados” a cumplir con el 4%, si bien está dispuesto por ley. A esto se le suma que en marzo de 2014 se firmó el decreto 79/2014, que establece que la ONSC no habilite los llamados de organismos públicos si no cumplen con el porcentaje establecido. Grau piensa que si se suman las estrategias, los números “van a cambiar”.

No todo pasado fue mejor

Recién en noviembre de 2013 el Estado reconoció la “discriminación y estigmatización histórica de la población afrodescendiente en el país” y se promovieron acciones afirmativas para intentar contrarrestarla. El informe de la ONSC sobre el ingreso de personas afrodescendientes al Estado -previsto en la Ley 19.122, que estipula 8% de los puestos de trabajo- evidencia que la cuota tampoco fue cumplida: sólo ingresó 1,1%. El director de Promoción Sociocultural del Mides, Federico Graña, sostuvo que es la primera ley del Uruguay vinculada al tema, que es un proceso, y que se está midiendo la efectividad en menos de un año. Igualmente, reconoció que no todos los organismos “pidieron asesoramiento para aplicar la normativa”, por lo que pudieron prever que no se iba a cumplir. “La comisión de seguimiento está armando las líneas de base para poder ir siguiendo el cumplimiento”, añadió. En ese sentido, aclaró que su objetivo es mejorar la situación en el decenio: “No sólo cumplir la cuota, sino también complejizar cómo ordenamos los distintos tipos de llamados”. Graña explicó que es necesario “tener un único criterio”, porque “hay diferentes formas de hacer efectiva la cuotificación. La ley habla de un 8% que tiene que ser tomado en cuenta de forma anual”, lo que implica que “si se hace un llamado para dos cargos, en algún momento vas a tener que cumplir la cuota, y lógicamente es mucho más fácil hacer los llamados grandes, normalmente de la base del Estado” para puestos de poca capacitación.